Desde hace un mes, el miércoles 28 de octubre pasado, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó una serie de criterios que para ser candidato a puestos de elección popular en los comicios de 2021 deberán cumplir los aspirantes, los cuales tendrán que firmar un formato de buena fe y bajo protesta de decir verdad, donde se establezca que no han sido sancionados por cometer  violencia familiar o delitos sexuales y tampoco ser deudor de pensiones alimenticias.

 Con ello, el INE busca garantizar que los partidos políticos prevengan y atiendan la violencia política contra las mujeres.

 En aquella sesión del Consejo General del INE, la consejera Adriana Favela resaltó que los lineamientos tienen un asidero jurídico tanto en la Constitución como en convenciones internacionales suscritas por el estado mexicano, y agregó que el documento es importante para verificar que los aspirantes a candidatos no cayeron en violencia contra las mujeres.   

 Luego de enumerar diversos datos sobre las agresiones que padece la población femenina, entre ellos el hecho de que el 67.5 por ciento de las madres solteras no reciben pensión alimenticia por argucias de los deudores, la consejera Favela subrayó que desde el INE el mensaje es claro: cero tolerancia a cualquier tipo de violencia contra las mujeres.

 A su vez, la consejera Carla Humphrey resaltó que los lineamientos también incluyen la distribución igualitaria de los recursos destinados a campañas, que los órganos intrapartidarios se conformen de manera paritaria y la obligación de los partidos a dar atención a las mujeres víctimas de violencia en razón de género.

 Sin embargo, en algunos partidos como el PRI –que actualmente enfrenta un grave descrédito nacional por el escándalo de la llamada “Estafa Maestra”, a través de la cual en el sexenio anterior se triangularon recursos públicos de la Sedesol y Sedatu a las campañas del partido tricolor en 2015, 2016 y 2018–, todavía existen líderes a los que parece valerles sorbete los lineamientos del órgano electoral federal.

 Y es que en el Comité Directivo Estatal del Revolucionario Institucional está por estallar tremendo escándalo político por un vergonzoso caso de hostigamiento sexual, en el que estaría implicado el ex diputado local de Perote, Joel Arcos Roldán, uno de los operadores más cercanos al presidente del CDE, Marlon Ramírez Marín.

 El caso habría escalado hasta el Comité Ejecutivo Nacional, pues la agraviada, una guapa joven representante de uno de los sectores priistas, le envió una carta al delegado del CEN, Jorge Armando Meade Ocaranza, en la que aparte de darle detalle de su amarga experiencia personal vivida el pasado 12 de noviembre, denuncia también su preocupación por la misma situación que viven muchas mujeres dentro del PRI, pues acusó que según Arcos Roldán deben “dar las nalgas” para ganar posiciones partidistas o candidaturas a cargos de elección popular.

 De acuerdo con la versión de la agraviada, Joel Arcos, secretario de Alianzas y Desarrollo Político del CDE, la difamó además al atribuirle una supuesta relación íntima con el dirigente del PRI en Xalapa, Alfredo Niño.