En Veracruz, y específicamente en Xalapa, hay escuelas de bachilleres que tradicionalmente tienen una alta exigencia escolar. El rendimiento académico es alto por la mayoría de los estudiantes y tienen, por ello, un alto reconocimiento.
Es el caso de la Escuela de Bachilleres Ricardo Flores Magón, también conocida como “Oficial B”.
Sin embargo, no todos consideran que los métodos utilizados son los pertinentes y es conocido, sotto voce, que algunas escuelas presionan demasiado a los estudiantes.
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En esta ocasión, nos hacen llegar los datos de una demanda de amparo presentada “por la violencia escolar” ejercida en perjuicio de una estudiante de identidad resguardada.
El problema reventó cuando se tuvieron que presentar exámenes de regularización desde el año pasado, y en la primera, segunda y tercera oportunidad, 34 alumnos de quinto semestre reprobaron la materia Física II. Lo anterior, toda vez que dichos exámenes se desarrollan de manera conjunta por dos diferentes maestros, aunque señalan que ambos enseñaron diferentes temas y como resultado hubo confusiones en la aplicación de ciertos criterios en la resolución de los ejercicios planteados en el examen.
Derivado de lo anterior, según señala la demanda “se tuvieron varias crisis nerviosas de los jóvenes, tan es así, que tuvieron que intervenir varios docentes y la psicóloga de la escuela para atenderlos, reflejando con ello la presión ejercida con los jóvenes y la afectación de ese resultado, pues se aleja de lo previsto en los artículos 1o., 3o., párrafos primero, segundo, tercero, fracción II, inciso c) y 4o., párrafos cuarto, octavo, noveno y décimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que se establece como bases de la educación el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva”.
Así, se “ha venido desarrollando un proceso de ansiedad, depresión y crisis nerviosas derivado de la presión que recibió de la institución, al mencionarle constantemente que esa es una escuela de élite y que tiene altos estándares referentes a las calificaciones, situación que estresó de más a los chicos”.
Así, se ha tramitado un Amparo Indirecto para que no se lleven a cabo actos destinados a la baja o cambio de estatus de los menores.
“En consecuencia, reiteramos la intervención de esa autoridad ante la institución educativa, para la revisión y aplicación del examen correspondiente a nuestros menores hijos y demás afectados, pues se está en la hipótesis que los 30 jóvenes no podrían concluir sus estudios, es decir que la institución educativa está dejando de cumplir con los preceptos Constitucionales invocados”.
Lo anterior se podría considerar como un evento aislado o único. Sin embargo, llama la atención que en la demanda de amparo se señale que dichos exámenes están diseñados para generar calificaciones reprobatorias y no para obtener una verificación de los conocimientos adquiridos.
No estaría de más, por tanto, que la Dirección General de Bachillerato se diera por enterada de este caso. |
