No nos debe sorprender, pues, que como parte de sus medidas de recorte al gasto público haya decidido cancelar una buena parte del presupuesto destinado a apoyar a las entidades que cargaban con Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), un mecanismo que se ha decretado en 21 entidades para tomar acciones urgentes que frenen los feminicidios, desapariciones u otras agresiones contra mujeres.
En lo que va del año, Veracruz ocupa la segunda posición a nivel nacional por el número de feminicidios, con 35, sólo superado por los 47 del Estado de México. El tercer sitio lo ocupa Nuevo León (30), después la Ciudad de México (29), Puebla (28) y Jalisco (22).
Y precisamente a esos seis estados (además de Nayarit y Zacatecas, con 5 y 3 feminicidios respectivamente) les notificó que fue cancelado, por completo el presupuesto federal que tenían para atender esa Alerta contra las Mujeres.
En total, se cancelaron 37 millones 583 mil pesos a diez estados, que representan el 33.2% de los poco más de 113 millones que fueron etiquetados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y que ya habían sido distribuidos (en el papel) para proyectos específicos desde marzo pasado
La justificación fue que los lineamientos del mecanismo señalan que “el otorgamiento del subsidio quedará, en todos los casos, sujeto a la disponibilidad presupuestaria”.
Nadie dio una explicación de las razones de que para otros estados este subsidio se haya mantenido.
De los 10 estados con ajustes, el monto más alto cancelado fue el de Veracruz, por 7 millones de pesos, que respaldarían cinco proyectos
En contraste, el estado de Oaxaca, cuyas cifras de feminicidios están en la media nacional, no sufrió la cancelación de ninguno de sus 11 proyectos por los que recibió 20.8 millones de pesos, tres veces más de lo que iba a recibir Veracruz, pero que ya no le llegarán.
La sociedad civil (esa a la que el presidente tacha de “conservadora” cuando sale a las calles a reclamar sus derechos) está preocupada por el impacto que tendrán estos recortes en su lucha por la protección de las mujeres, y sugieren que el gobierno del estado absorba el costo de la ejecución de los proyectos que fueron castigados con el recorte federal.
El impulso a la equidad de género no consiste sólo en darle posiciones relevantes en el gabinete a la misma cantidad de mujeres que hombres. Si realmente hay voluntad y decisión de apoyar las acciones para fomentar la equidad, es ahora cuando el gobernador debe salir a demostrarlo.
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