Está claro que lo que más la interesa al Presidente Andrés Manuel López Obrador es conervar la mayoría en el Congreso federal y para alcanzar ese objetivo ha movilizado a sus más confiables alfiles para que “operen” en los estados.
Por su padrón electoral, Veracruz es punto estratégico en materia electoral y por ello el Presidente ha dispuesto que los temas de la elección federal recaigan en el super-delegado Manuel Huerta (quien dispone de los recursos y los padrones, así como de una estructura territorial que fue construyendo desde que estuvo al frente de Morena en la entidad) y en Rocío Nahle, la secretaria de Energía, nacida en Zacatecas pero con fuertes proyectos políticos en Veracruz, senadora con licencia, y con amplia disposición de recursos para cumplir con la tarea encomendada.
En las reuniones que ha sostenido Cuitláhuac García con estos dos emisarios del Centro, ha quedado claro que la responsabilidad del gobernador es sacar adelante las elecciones locales, que en el caso de Veracruz involucran la renovación de los 212 ayuntamientos, lo mismo que la Legislatura estatal, que se integra por 50 diputados.
El mandatario estatal conoce bien del tema y sabe de los recursos con los que cuenta (políticos, económicos y hasta jurídicos) para impulsar a sus candidatos y al mismo tiempo inhibir la acción de los contrincantes.
Apenas la semana pasada –por ejemplo- el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) anunció que había presentado 20 denuncias penales por presunto daño patrimonial, de la Cuenta Pública 2017, a la vez que inició 181 expedientes de investigación por la misma razón, de la Cuenta Pública 2018.
Las denuncias que corresponden a la revisión de la cuenta pública 2017 son apenas las primeras, no serán las únicas. No debemos pasar por alto que, en el caso de los los ayuntamientos, estos expedientes recaen en contra de los anteriores presidentes municipales, que dejaron el cargo en diciembre de ese año y dejaron temas por solventar.
Ya sea para frenar los ímpetus de algún político con aspiraciones, o para enviar el mensaje a otros de lo que les puede suceder, lo cierto es que la maquinaria del órgano fiscalizador ya se echó a andar y con la Ley en la mano habrá de operar a favor de quienes hoy detentan el poder.
El propio gobernador envió un severo mensaje hace unos días, cuando denunció publicamente “la variación de criterios de algunos jueces, incluso contra sus propias resoluciones, que dan lugar -por ejemplo- a cambios en medidas cautelares o posponen audiencias donde se les solicita órdenes de aprehensión”.
La estrategia es similar, una copia, a la aplicada por Miguel Ángel Yunes Linares: Utilizar el poder de la justicia para frenar cualquier acción que se contraponga con sus objetivos. Si alguien tiene que caer en la cárcel, no dudarán ni un segundo.
Por su parte, desde el Poder Legislativo, el más eficaz de los operadores del gobernador, Juan Javier Gómez Cazarín, está recorriendo el estado y dejando el mensaje a los principales actores políticos, para que se sumen o, en el peor de los casos, que se mantengan al margen, porque Morena llegará con todo el peso del Estado en busca de la victoria.
La maquinaria ya se echó a andar. Es tarea de la oposición y de los órganos que –se supone- gozan de autonomía, evitar los abusos en el ejercicio del poder.
Que aquello que tanto cuestionaron, que fue su bandera desde la oposición, no sea ahora utilizado con los mismos fines: perpetuarse en el poder.
filivargas@gmail.com | 
