La respuesta institucional no tardó. Por instrucciones de la gobernadora Rocío Nahle García, personal de la PMA y de la Secretaría de Seguridad Pública intervino las instalaciones de la planta señalada, suspendió operaciones y realiza ya los peritajes correspondientes para deslindar responsabilidades.
Pero la gravedad del caso provocó algo poco común: la intervención directa del Gobierno Federal.
La titular de SEMARNAT, Alicia Bárcena Ibarra, manifestó el respaldo de la dependencia para investigar los hechos. Y este mismo tema llegó a la agenda de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien solicitó a la PROFEPA un informe detallado sobre las acciones que se realizan en la zona.
Eso significa que las autoridades consideran que algo serio ocurre en uno de los sistemas lagunares más importantes de América Latina, del que dependen pescadores, familias y una enorme riqueza biológica en municipios como Cosamaloapan, Tlacotalpan, Alvarado, Acula, Amatitlán, Tierra Blanca e Ixmatlahuacan.
Por eso el fondo del asunto ya no es solamente determinar quién contaminó, si es que así ocurrió. La verdadera prueba será conocer el alcance real del daño y, sobre todo, quién y cómo se remediará un ecosistema cuya recuperación podría tardar años.
Porque las multas pasan. Los expedientes se archivan. Pero cuando se daña un sistema lagunar, las consecuencias suelen permanecer mucho más tiempo que cualquier sanción administrativa.
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(COLUMNA "FIGURAS Y FIGURONES") | 
