“Igualmente exhorto a los mismos trabajadores de cada dependencia para que sean ellos los vigilantes del proceso y al Contralor General del Estado para que también esté al pendiente”, pidió la priista.
Apuntó que a la Mesa Directiva de la LXIII Legislatura no ha llegado ninguna notificación de alguna situación irregular, apuntando que de llegar una queja con bases sustentables el Congreso sí podría actuar al respecto.
Insistió en que en ningún momento la intención de los diputados fue aprobar la basificación de “aviadores”, aunque dicho proceso por ahora es responsabilidad directa de los sindicatos.
“Eso está en las manos de los líderes y de cada una de las Secretarías, lo que autorizamos fue que se le diera certeza laboral y seguridad social a los trabajadores que ya cumplen con los lineamientos o requisitos para ello con una antigüedad de 10 años o de 6 meses”, reiteró.
En otro tema, reconoció que el Grupo Legislativo del PAN con otros diputados de oposición ya presentaron acciones de inconstitucionalidad para la basificación de los 7 mil 800 burócratas, así como del uso del 3 por ciento a la nómina para el pago de deuda pública.
Subrayó que ahora corresponderá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación valorar si están en lo correcto o no al oponerse a dichas medidas.
Ortega Arteaga justificó que aún no sabe si dentro de las acciones de inconstitucionalidad están las rubricas de legisladores de su partido o de fuerzas políticas aliadas, apuntando que de haberlas no existiría ninguna represalia hacia ellos.
“Ellos tienen el derecho de hacer cualquier acto que ellos consideren correcto, pero que proceda o no ya no depende de nosotros en el Congreso, depende de las áreas en donde interponen esos recursos en este caso la Suprema Corte”, agregó.
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