Los ex trabajadores de la empresa Estudios y Servicios Ecológicos y Ambientales de Tabasco (ESEAT) acusan a la presidenta de la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, Zoila Ancona Fernández, de incurrir en actos de corrupción, negligencia y abusos de autoridad.
Hace dos años un total de 26 empleados fueron despedidos de la compañía ESEAT, de manera ilegal, por lo que demandaron laboralmente a sus patrones para reclamar sus salarios, indemnizaciones, vacaciones, prima vacacional y aguinaldos, declaró la abogada, Yanit Muñoz.
Durante 12 meses los funcionarios de la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje no lograron convencer a la empresa a que liquidara legalmente a sus ex asalariados, tampoco tuvieron citas conciliatorias a su favor.
La parte demandante obtuvo un embargo precautorio como garantía al pago de los sueldos "perdidos", con un valor de 3 millones 700 mil pesos. Además de que a nueve ex empleados les consiguieron un acuerdo y otros desistieron a sus denuncias de tipo laboral.
Pero al no existir más avances favorables en el proceso para el resto, los despedidos decidieron ampliar su denuncia e involucraron a Petróleos Mexicanos (Pemex), ante la Junta Especial número 44 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, para exigir sus liquidaciones y las prestaciones económicas correspondientes.
No fue hasta hace 15 días cuando Areli Crespo se enteró que Zoila Ancona Fernández suspendió el embargo precautorio que tenía en contra de la empresa Estudios y Servicios Ecológicos y Ambientales de Tabasco, aparte de que a tres personas no les liberan los cheques de sus respectivas liquidaciones y que presuntamente están en manos de la autoridad de conciliación de la local.
"Para mí, eso es una red de corrupción porque Zoila Ancona está dando tiempo a ESEAT para que obtenga un amparo y evite pagar lo que nos debe. Nos están poniendo trabas", exclamó la joven Areli Crespo mientras esperaban ser atendidas en esta dependencia, ubicada en la colonia Chapultepec.
Al cancelar esa documentación legal, los inconformes interpusieron una demanda penal ante la Fiscalía General del Estado (FGE) en contra de quien o quienes resulten responsables por posible abusos de autoridad de parte de la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje.
La compañía Estudios y Servicios Ecológicos y Ambientales de Tabasco presta servicios administrativos a Pemex. En diciembre termina su contrato. Está ubicada sobre la calle Sonora número 502 de la colonia México.
|
