La debacle financiera de las 11 Secretarías de despacho del gobierno de Javier Duarte de Ochoa, fue acelerada en 2014 por Alberto Silva Ramos, su coordinador de Comunicación Social y actual Diputado Federal del PRI, quien desvió a través de 19 empresas fantasma, 650 millones de pesos de fondos públicos durante el segundo semestre de ese año.
La cifra del daño patrimonial infringido por Silva Ramos a las finanzas de Veracruz -actualmente en proceso de investigación por parte de la Fiscalía General del Estado- sigue en aumento. Trabajos periodísticos dieron cuenta que el hombre de más confianza del Gobernador preso en Guatemala, fue un asiduo usuario de las también llamadas empresas fachada, a través de las cuales (se publicó desde 2016 en portales de noticias nacionales) había desviado poco más de 500 millones de pesos.
Sin embargo una ampliación de estas investigaciones realizada por loseditores.com, detectó una empresa más de la lista de compañías ficticias utilizadas para estas operaciones, por lo que la cifra del presunto desfalco se eleva a 651 millones 443 mil 758.19 pesos.
Mientras Veracruz era presa del aumento de los índices de inseguridad y la ola de secuestros azotaba a la población, el Cisne ordenó el desvío de 56 millones 23 mil 10 pesos de fondos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP); mientras se declaraba la crisis del abasto de medicamentos y cotidianamente había paro de vectores, enfermeras y médicos por la falta de pago, desde la Coordinación de Comunicación Social se remitieron facturas por 49 millones 369 mil 922 pesos con cargo a los Servicios de Salud.
Estos son algunos ejemplos del saqueo que se realizó a los recursos de las dependencias estatales, como la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), que dejó de pagar prestaciones a maestros, créditos hipotecarios y de otros bienes muebles pero que sin embargo destinó 58 millones 514 mil 322 pesos de su presupuesto, para pagar la facturación de las empresas fantasma de Silva.
Hasta este momento, la Fiscalía veracruzana evalúa la operación de 19 de las empresas fantasma utilizadas por Silva, las cuales se beneficiaron de pagos de servicios presuntamente prestados de manera simultánea a 11 de las principales Secretarías y dependencias estatales.
Las irregularidades también comprenden diferencias entre los montos de lo facturado y cantidades pagadas. Por ejemplo Saervizios Oktagonales (sic) S.A. de C.V. facturó de octubre a noviembre de 2014 la cantidad de 77 millones 279 mil 200, sin embargo los pagos generados a esta fachada importan la cantidad de 82 millones 779 mil 200 pesos.
Durante la administración de Comunicación Social en tiempos del Cisne, Oktagonales facturó en un solo día (7 de octubre de 2014) a 11 Secretarías de despacho bajo el mismo concepto:
- Secretaría de Desarrollo Social - 2 millones 800 mil pesos
- Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario - 2 millones 800 mil pesos
- Secretaría de Gobierno - 2 millones 400 mil pesos
- Procuraduría General de Justicia - 2 millones 300 mil pesos
- Secretaría de Seguridad Pública - 2 millones 800 mil pesos
- Secretaría de Turismo y Cultura - 2 millones 800 mil pesos
- Secretaría de Protección Civil - 2 millones 800 mil pesos
- Secretaría de Medio Ambiente - 2 millones 300 mil pesos
- Secretaría de Desarrollo Agropecuario Rural, Forestal y Pesca - 2 millones 400 mil pesos
- Servicios de Salud de Veracruz - 2 millones 800 mil pesos
- Secretaría de Educación - 2 millones 800 mil pesos
Los tres siguientes días (8, 9 y 10 de octubre de 2014) la misma empresa fachada facturó nuevamente a las 11 dependencias antes mencionadas, cantidades que fluctuaron entre 1 millón 480 mil y 830 mil pesos por Secretaría cada una de esas fechas.
Los días 11 y 12 dejaron reposar las arcas estatales, pero para el 13 de octubre de aquel año Oktagonales volvió a la carga en el esquema de Silva y metió facturas a cuenta de Servicios de Salud de Veracruz (por 883 mil 600 pesos); Secretaría de Educación (883 mil 600 pesos); Secretaría de Desarrollo Social (883 mil 600 pesos); Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario (883 mil 500 pesos); Secretaría de Gobierno (883 mil 500 pesos) y la Procuraduría General de Justicia (883 mil 500 pesos).
Dos días después (15 de octubre) Comunicación Social cargó la facturación a nueve de las dependencias citadas, a las cuales sólo ese día les cobró por los “servicios” de Oktagonales 1 millón 800 mil pesos, con excepción de la Secretaría de Turismo y Cultura que fue comprometida a pagar 1 millón 840 mil pesos.
Para el 25 de noviembre de 2014 la ordeña se realizó nada más a las secretarías de Seguridad Pública, Turismo y Cultura, Protección Civil y Medio Ambiente, esta última con una factura de 724 mil pesos, mientras que las otras 880 mil. En sólo dos meses Oktagonales emitió recibos fiscales por 77 millones 279 mil 200 pesos; aunque los registros evidencian una refacturación que arroja que a esta empresa se le pagó la cantidad de 82 millones 779 mil 200 pesos.
Ese mismo mecanismo se repitió en las otras 18 empresas del esquema de Alberto Silva Ramos, expresidente municipal de Tuxpan, exSecretario de Desarrollo Social, exCoordinador de Comunicación Social y Diputado Federal en la Era de Javier Duarte de Ochoa.
Publicidad Akkira S.A. de C.V. en los días 3,7,8,9,10 y 13 de octubre y del 15 al 16 de diciembre de 2014 bombardeó con facturas de hasta 3 millones 250 mil pesos a las 11 oficinas de gobierno ya citadas, las que en total, en ese lapso pagaron a esta consultoría apócrifa 69 millones 828 mil 268 pesos.
Gman Smart Business S.A. de C.V. en dos meses (abril y diciembre 2014) cargó a las Finanzas de las secretarías 9 millones 860 mil pesos (facturado), pero cobró 22 millones 758 mil 796.58 pesos. Comercial Patrol S.A. de C.V. el 11 de noviembre emitió facturas a siete Secretarías por 6 millones 264 mil pesos.
La empresa EICOM a nombre de Gabriel García Esquivel emitió facturas el 24 de septiembre a cinco dependencias estatales por un total de 835 mil 200 pesos. En tanto que Promoción Comunicación S.A de C.V. en dos días acumuló cobros por 19 millones 842 mil pesos.
Servicios Integrales de Mercadotecnia y Producción de Eventos S.C. afectó las finanzas estatales con 15 millones 338 mil 62 pesos, de los cuales sólo aportó facturas que ampararon 12 millones 964 mil pesos. En el caso de la Comercializadora Jisar de México S.A. de C.V. demandó el pago el 11 de noviembre de 7 millones 616 mil 800 pesos distribuidos entre ocho Secretarías.
La Compañía Sanagora de Servicios S.A. de C.V. el 24 de septiembre cobró 14 millones 200 mil pesos a la Procuraduría General de Justicia; Secretaría de Seguridad Pública y Secretaría de Turismo y Cultura distribuidos en recibos fiscales de 4 millones 700 mil pesos por institución.
Ese mismo día el resto de las Secretarías también fueron sangradas por las empresas fachada: Principal Enajera S.A. de C.V. que les facturó 9 millones 500 mil pesos y Servicios Generales M S.A. de C.V. (14 millones 168 mil pesos).
El Centro de Recursos de Negocios Cerene, S.A de C.V. acumuló facturas por 33 millones 853 827 mil pesos, aunque a esa misma empresa se reportan pagos por 73 millones 479 mil 158.66.
Desarrolladores Mercalim, S.A. de C.V. cobró 39 millones 525 mil 300 pesos entre octubre y noviembre; Carrirey S.A. de C.V. durante diciembre cobró 39 millones 136 mil 41 pesos que pero solo existen soportes fiscales por 19 millones 140 mil pesos. En el caso de Marvercarr S.A. de C.V. es desfalco producido en el mes de diciembre también, fue por 74 millones 430 mil 137.78 pesos de los cuales, sólo hay facturas por 37 millones 49 mil 80 pesos.
Merca Carrey S.A. de C.V se lleva el primer lugar, pues en seis días de siembre de 2014, sacó de la tesorería veracruzana 89 millones 395 mil 980 pesos.
Mogarver S.A. de C.V. cobró 64 millones 478 mil 302 pesos contra facturas por sólo 34 millones 478 mil 302 pesos. Antara S.A. de C.V. sacó una tajada en diciembre por 33 millones 406 mil 985 pesos y Ravsan Servicios Múltiples S.A. de C.V. cobró 7 millones 999 mil 732 pesos.
El Secretario de Finanzas en aquel tiempo, Tarek Abdalá Saad, quien comparte curul con Silva Ramos en el Congreso federal, actualmente enfrenta solicitudes de desafuero, una situación que no vive el exCoordinador de Comunicación Social, que sin embargo mira su impunidad en riesgo ante las investigaciones que emprendió en su contra el mes pasado la Fiscalía General del estado.
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