Por ocultar poco más de 3 mil casos de desapariciones, la Fiscalía General del Estado (FGE), inició un procedimiento administrativo contra quien o quienes resulten responsables, mismo que podría derivar en un proceso penal.
El fiscal general, Jorge Winckler Ortiz, señaló que los 3 mil 74 casos de personas que fueron denunciadas como desaparecidas y ocultados durante las dos administraciones anteriores existe una investigación interna, que de ser necesaria concluiría con la acción penal.
De hecho recordó que hay otro proceso que además del administrativo también se investiga desde el ámbito legal, el de las irregularidades en las pruebas de ADN que se recabaron y que se “perdieron” durante el periodo de Luis Ángel Bravo Contreras.
“Había denuncias en donde no se señalaba la desaparición o secuestro de personas, solo encontramos actas en donde los familiares decían que algunas personas no habían visto a sus familiares desde hace tiempo”, refirió.
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