Xalapa, Ver. - Gilberto Aguirre Garza y Carlota Zamudio Parroquín, ex colaboradores de Luis Ángel Bravo Contreras quedaron sujetos a prisión preventiva oficiosa por el término de un año.
Señalan a Exfiscal.
Esto como medida cautelar tras ser imputados del delito de desaparición forzada de personas, cuando ambos ordenaron el ocultamiento y desaparición de los cuerpos de 13 víctimas halladas en un barranco.
La Fiscalía General del Estado (FGE), imputó por más de seis horas el tiempo, modo y lugar de comisión de los hechos, que tuvieron lugar el 19 de enero de 2016, en medio del escándalo por la desaparición de cinco jóvenes en Tierra Blanca.
La autoridad ministerial acusa que como Director General de Servicios Periciales y Delegada Regional de la Policía Ministerial, respectivamente, ordenaros a sus subordinados esconder 13 de los 19 cuerpos encontrados en La Barranca de la Aurora, en Emiliano Zapata, cuando Luis Ángel Bravo era fiscal y Javier Duarte el gobernador del estado.
La orden, de acuerdo con la indagatoria, se realizó luego que mediáticamente se informara que solo habían sido encontrados seis cuerpos.
Con el fin de ajustar el hallazgo, con el reporte oficial, se ordenó entregar los cuerpos a elementos de la Fuerza Civil para que los desapareciera, ignorando hasta este momento su paradero.
Durante la audiencia, Carlota Zamudio quiso combatir la detención, afirmando que esta era ilegal pues se hizo en un domicilio particular en el que el propietario no autorizó la entrada de los elementos, sin embargo el dueño ni siquiera compareció.
En el caso de Aguirre Garza, no hubo debate de control de detención.
La juez Mónica Segovia, misma que ordenó que todos los medios de comunicación salieran, consideró que al ser un delito de lesa humanidad, debía dictarse la prisión preventiva oficiosa por el término de un año.
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