Ahora, la nueva directora del IPE, Daniela Griego Ceballos, a raíz del inicio del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, ha revelado lo que en el párrafo anterior señalamos: hay cerca de mil 770 trámites rezagados que significan un pago superior a los 250 millones de pesos, para los cuales la administración del economista Barcelata Chávez no dejó ni un centavo, entretenido en corretear a hermosas jovencitas con que abultó la nómina de ese organismo público descentralizados (OPD).
Según la exdiputada local de Morena, se trata de acuerdos aprobados y autorizados por el Consejo de Administración en los años 2017 y 2018 que no se atendieron y ahora la actual administración del IPE tendrá que enfrentar. Entre ellos, las altas de nuevas pensiones y su correspondiente retroactivo, lo que significa entregar los pagos correspondientes desde el día en que se acuerda la jubilación hasta que causa alta en la nómina de pensionados: “tenemos casos que lamentablemente datan de 2017 y 2018 que no se les ha pagado”.
Además, el retraso en la devolución de cuotas aportadas por un monto superior a 20 millones de pesos, que corresponde a cuando el trabajador por despido o accidente deja de aportar y solicita la devolución de sus cuotas; así como solicitudes de apoyo para gastos funerarios.
Griego Ceballos describe la situación que dejaron Yunes Linares y Barcelata: “Hemos estado haciendo los ajustes necesarios. Ha venido mucha gente reclamando con justificada razón sus pagos, estamos armando un primer calendario para empezar a cubrir esos pendientes que nos dejó la administración pasada, que debieron haber atendido en su momento y que no lo hicieron”.
La socióloga dijo que a principios de este mes se entregó a la Contraloría General el dictamen de la entrega-recepción. Estamos a la espera de la respuesta y de las observaciones para ver qué procede y si es necesario tomar alguna medida correctiva o sancionadora contra dicho exfuncionario”.
Y describe la situación enfrentada en los primeros 50 días de administración: “Tenemos la carga mensual de la nómina de pensionados. Nos tocó llegar en diciembre con la nómina de más de mil millones de pesos, porque es pensión, aguinaldo y algunas otras prestaciones que se pagan. Afortunadamente se pagó bien, pero en enero ya dependemos del subsidio estatal porque la nómina normal cada mes para las pensiones es de 400 millones de pesos y cada mes varía porque hay nuevas altas que cubrir”.
Las benditas redes sociales
“Yo creo que también se debería decir “No podemos tener Gobierno Honesto con Pueblo deshonesto”. Ahora entrevistan a familiares de fallecidos en la explosión de ayer ¡Y culpan a @lopezobrador_! ¿Qué rayos les pasa? Si ellos mismos sabían que robar gasolina ¡Está mal!” Campechaneando @Edd_Campe
Transportistas yunistas crean conflicto con paro camionero
Lo que nunca, ni por asomo, se propusieron hacer en los dos años de gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, este domingo lo hicieron los afiliados a la Asociación de Transportistas del Estado de Veracruz (Astraver): un paro indefinido de labores que ha afectado gravemente no solo a los miles de usuarios del Puerto de Veracruz, donde radica su mayor fuerza y donde se sospecha que viven sus principales instigadores, sino sobre todo al comercio establecido e informal tanto de Veracruz como de Boca del Río.
¿Qué pretenden quienes, embozados tras su careta de transportistas, incluso violentaron a sus compañeros que se atrevieron a dar el servicio e, incluso, golpearon a uno que otro usuario que, en su desesperación, los increpó con cierta severidad? Que les autoricen un incremento en las tarifas que nunca demandaron con la beligerancia con que ayer lo hicieron al gobierno de Yunes Linares.
Víctor Castelán Crivelli, presidente de la Astraver, una asociación que no solo tiene afiliados en la zona porteña sino, según él, en todo el estado, dijo algo tonto e increíble: que el paro no era por tarifas más altas sino para dialogar con el gobierno, para que Cuitláhuac escuche las demandas del sector, cuando ha sido claro para todos la apertura del nuevo gobierno a reunirse con los sectores sociales con ánimo de mejorar lo que sea posible.
Y es que el exdiputado local priista, excandidato a la alcaldía de Orizaba y uno de los principales impulsores de la campaña de Miguel Ángel Yunes Márquez a la gubernatura de Veracruz, no quiere que le suban las tarifas sino que el gobierno estatal establezca subsidios para el sector transportista, como seguramente ya lo había acordado con el Chiquiyunes.
No solo eso. Recomendó al Gobierno estatal meter orden en el sector pues, según él, existen invasiones en las rutas con la complacencia de las autoridades, lo cual perjudica a las empresas que se encuentran en regla, algo que de ser cierto no ha sido desde el primero de diciembre sino desde mucho antes.
Para confirmar la insana alianza de estos transportistas con la estrategia de Miguel Ángel Yunes Linares para crear el mayor número de conflictos al gobierno de Morena, Castelán Crivelli exigió al gobierno estatal retirar las unidades del transporte público que no aprobaron el reordenamiento que impulsó la administración panista y que fueron incorporadas nuevamente en las rutas a partir del 2 de diciembre, ya en el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez.
Vamos a ver en qué terminan estas pulseadas, porque a la hora de escribir estas líneas, la tarde del domingo, no había ninguna declaración de parte de los encargados de la política estatal ni de transporte público.
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