A principios de noviembre de 2018, todavía sin que entrara a gobernar la actual administración, la Organización Nacional Anticorrupción, (ONEA), presentó ante el Congreso local una solicitud de juicio político contra el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Jorge Winckler Ortiz, por la violación a los derechos humanos, específicamente de los integrantes de los colectivos de búsqueda.
El director de ONEA, Iván Gidi Blanchet, dio a conocer que en la solicitud se argumentan las acciones y omisiones de Winckler Ortiz, relacionadas con la violación sistemática a la autonomía de la FGE y a los derechos humanos de las víctimas.
“Hay una violación al debido proceso, hay una violación al trato digno, al respeto por la dignidad humana, la demanda está documentada ampliamente, se tienen más de 60 documentos que se adjuntan a la misma”, dijo Gidi.
A partir de esa fecha la conducta como fiscal de Winckler dejó mucho que desear. En lugar de darse a la tarea de investigar una interminable lista de funcionarios públicos de la administración de Javier Duarte de Ochoa, desató la indignación de la población al permitir que tres de los cómplices del exgobernador llevaran su proceso en libertad, y luego anunció a los medios que era el propio gobernador quien había ordenado su liberación.
La evidente complicidad con las anteriores administraciones, la de Duarte y la de Yunes Linares, creó una cortina de humo para tapar otras tareas urgentes que debió realizar el fiscal y que nunca inició, como es el caso de las desapariciones de miles de veracruzanos y veracruzanas cuyo paradero se desconoce desde hace varios años.
En Veracruz se tiene un registro oficial de 5,000 personas desaparecidas en la última década, pero las organizaciones de búsqueda de personas sitúan la cifra en 20,000.
Además, en los últimos ocho años suman de manera oficial al menos 601 fosas clandestinas en territorio veracruzano, donde han sido hallados 518 cuerpos, 560 cráneos y 53,606 fragmentos de personas, tanto hombres, mujeres y niños.
Mientras la indignación y la desesperación de los familiares de las víctimas crece, el fiscal dice tener el estado bajo control.
Lo que sucede es que tiene una serie de cómplices que le advierten sobre los problemas que se le vienen encima antes de tener la demanda en sus manos. Esto le permite ampararse, prepararse, evadir la acción de la justicia, desaparecer momentáneamente, preparar coartadas, crear estrategias, etc.
Porque la orquestación de su tarea está diseñada desde hace mucho tiempo. En la subdelegación de la PGR cuenta con una persona incondicional que le avisa acerca de lo que puede perturbarlo desde la ciudad de México, llamada Mirna Romero Martínez.
Por otra parte, Jorge Winckler se informa antes de que la posición de los diputados locales le digan en su cara algunas de las acusaciones sobre las desapariciones y los feminicidios que niega el fiscal, porque dentro del Congreso local cuenta con la complicidad del asesor jurídico del presidente del Congreso del estado, Eduardo Andrade, quien le dice por dónde atacarán sus enemigos políticos y adelanta los argumentos de quienes lo señalan como un personaje dañino para la entidad.
Actualmente 200 municipios, de los 212, votaron a favor la reforma al artículo 67 de la Constitución Política del Estado para remover a Jorge Winckler como fiscal, debido a fallas y errores en materia de procuración de justicia.
Por su parte, el fiscal justificó su permanencia al advertir que se trata de un órgano autónomo en el que lo eligieron por 9 años.
En la entidad 100 ayuntamientos son de extracción PAN-PRD, pero eso no es impedimento para que sus respectivos fiscales pidan la salida del fiscal.
Winckler ha empantanado su defensa en la vía jurídica para ‘aferrarse’ a la FGE; no obstante, los 200 cabildos advirtieron —al votar la reforma constitucional— que su decisión responde a las fallas y errores en materia de procuración de justicia.
La mayoría de los fiscales que integran la Fiscalía general del estado consideran que Jorge Winckler Ortiz, es una persona que no satisface los requisitos para desempeñar esa responsabilidad, señalan además que está desprestigiando a la institución.
Los fiscales se quejan del recorte arbitrario de personal que realizó Winckler aunado a la falta de viáticos y vehículos oficiales que desaparecieron.
En el estado de Veracruz la procuración de justicia se convierte en un espacio del pasado donde la complicidad con el delincuente impera, porque en la administración el enemigo está en casa con un personaje como Jorge Winckler, quien cuenta con los tentáculos para ser advertido sobre los riesgos que podría sufrir su intocable posición. Es por ello por lo que debe haber una severa investigación sobre su actuación y un estricto análisis para saber si actúa dentro del marco de la ley.
En esta lucha por el poder el más ofendido es el pueblo, ya que se hace caso omiso a sus exigencias de justicia. Los familiares de los desaparecidos se suman a la petición de que el fiscal se vaya, pero sus defensores argumentan que la demanda de juicio político -al que debía estar sometido- incurre en graves errores en su redacción que hacen imposible que sea llevado a este proceso.
Las lagunas que sus defensores encuentran en la exigencia de juicio político rebasan el sentido común y la justicia, y se limitan a simples ambigüedades en la redacción de un texto donde lo principal son los delitos y no la forma de adjudicarlos a Jorge Winckler. El fiscal se debe ir por el bien de los veracruzanos. PEGA Y CORRE. - Los feminicidios deben ser una de las prioridades de las autoridades judiciales de Veracruz, porque del primero de enero al 30 de noviembre de 2018 fueron asesinadas 380 mujeres, un promedio de 30 al mes, informó Estela Casados González, titular del Observatorio Ciudadano de Violencia contra las Mujeres de la Universidad Veracruzana… Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.
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