Panistas enquistados en el Gobierno de Cuitláhuac depredaron desde la Defensoría Pública

Si pensaba que los movimientos de personal en el nuevo gobierno se dieron tomando en cuenta perfiles y desempeño, tal vez debería pensarlo dos veces, porque cuando menos en el Instituto Veracruzano de la Defensoría Pública (IVDP), dependiente de la Secretaría de Gobierno, eso no fue así. 

Allí, desde la pasada administración se han presentado situaciones fuera de la norma, las cuales fueron, por lo menos, toleradas por la titular Rosalba Rodríguez Rodríguez, quien incluyó dentro de la nómina a personal que no cumplía con lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley de Defensoría Pública, al no contar con la antigüedad mínima de expedición de la cédula profesional, ni de experiencia laboral, las cuales son de 3 años mínimo. 

Aún así, algunos de los asesores jurídicos contratados elaboraban promociones para litigar. Por ejemplo, Víctor Luis Priego López, fuera de la norma que indica que al trabajar en la Defensoría Pública no se pueden llevar litigios particulares, llevó algunos como el que se encuentra el expediente civil número 2218/2013/III ante el Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Xalapa; o el 603/2018/III en el Juzgado Octavo de Primera Instancia Especializado en materia de la Familiar; casos que no se encuentran registrados ante el IVDP.

Lo mismo sucedió con Alba Lorena Barrales Oviedo, quien atendió particulares como el 1936/2017/III ante el Juzgado Sexto de Instancia del distrito Xalapa. 

Realizando una revisión en Buholegal, sitio de internet con acceso público, se puede constatar la fecha de expedición de la cédula de los empleados contratados a partir del 2016:

Luis Carlos Soto Rodríguez, Cédula expedida en el 2014;

Manuel Eduardo Vidal Alor, 2014;

Jonathan Jair Ramos Men, 2015;

Víctor Luis Priego López, 2014;

Fernando Molina Sosa, 2018;

Fernando Ernesto Sesma Jiménez, 2018. 

Pero en el IVDP hay más, mucho más, como personal ocupado para la campaña de Yunes Márquez, inconsistencias en las entregas de mobiliario y equipo, sueldos, y más. Por el momento basta hacer la pregunta, ¿El gobierno del cambio mantendrá al personal que ha incumplido sistemáticamente la ley? Veremos.