Entre las ventajosas cláusulas están:
- Se les debe pagar con dinero público a esas empresas privadas por la ocupación total, aunque los penales estuvieran vacíos.
- El penal pertenece siempre a la empresa no al gobierno.
- En promedio por cada interno el gobierno debe pagar a esas empresas 1.3 millones de pesos anuales, lo que significa 114 mil pesos mensuales, es decir, el gobierno está pagando 3 mil 800 pesos diarios de acuerdo a la capacidad de internos que tenga el penal.
Es decir, al amparo de amiguismos y compadrazgos el Gobierno de la República les montó grandes negocios a particulares con dinero de los impuestos del pueblo.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la nueva titular de la Secretaría de Seguridad y Prevención Ciudadana ya le han puesto el ojo encima a estos evidentes actos de corrupción y quizá pronto estén dando a conocer si procede la rescición de esos contratos. Por lo pronto expertos en la materia analizan con lupa los contratos el cumplimiento de las cláusulas.
Pronto habrá noticias al respecto. Pero así como este caso el país está plagado de concesiones leoninas como las que se han detectado existen en los Puertos del País. Y los impuestos que no se cobraban a grandes empresarios y que 'voluntariamente' el año pasado pagaron en efectivo casi 100 mil millones de pesos que debían.
Cuánta fuga, cuánta corrupción de a deveras, no la que hoy se denuncia sin prueba alguna.
Quizá por ello, el Presidente ya anunció que pronto iniciará la vacunación contra la corrupción.
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