Se decía que no podían trabajar en la iniciativa privada en empresas del ramo por 10 años, para evitar la corrupción… pero muchos vieron que en lugar de desincentivar la corrupción, la podría alentar, pues los funcionarios públicos tendrían miedo de quedarse sin haberes económicos y, por ende, se verían acorralados a lo contrario.
Sin embargo, lo que se argumentó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que fue aprobado por unanimidad, fue que existen otras medidas más adecuadas y que no afectan el derecho al trabajo de las personas a quienes está dirigida la ley.
“La norma impugnada restringe desproporcionadamente la libertad de trabajo, ya que la duración de 10 años de la prohibición de laborar en empresas privadas que los ex funcionarios hayan regulado, supervisado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada, va más allá de lo que es razonable para proteger los fines perseguidos por la medida”, indica el proyecto realizado por la ministra Norma Lucía Piña Hernández.
Por su parte, el ministro presidente, Arturo Zaldívar, afirmó que el término de 10 años para que un exservidor público pueda trabajar en iniciativa privada es innecesariamente largo y que la ley resulta sobreinclusiva, lo que hace esta porción de la misma inconstitucional.
Así que hasta aquí llegó la intención de AMLO de imponer un candado inconstitucional a los servidores públicos.
No todas las leyes son morales, ni todo lo moral es ley. | 
