El problema es que tendrá que “barrer para atrás”, justo lo que intentó hacer su antecesora, y que le costó la presidencia primero, después la magistratura y, finalmente, la vida.
Está claro, en principio, que Isabel Inés Romero no tiene nada qué ver con la propuesta de suspender los proyectos faltantes. En realidad ella no ve nada que esté relacionado con el ámbito administrativo, rubro que controla el propio gobernador desde Palacio de Gobierno, a través de Joana Marlene Bautista Flores, la emisaria del subsecretario de Administración, Eleazar Guerrero Pérez.
Isabel Inés Romero sólo habla del presupuesto del Tribunal superior de Justicia, cuando se trata de gestionar una nueva ampliación presupuestal, o cuando –como en este caso- se anuncia que las quebrantadas finanzas del Poder Judicial no pueden sacar adelante los proyectos que están pendientes.
En octubre del 2017 (durante el bienio de Miguel Ángel Yunes Linares) el Congreso de Veracruz le autorizó al entonces magistrado presidente, Edel Álvarez Peña, la construcción de 17 ciudades Judiciales (edificios distribuidos en diversos puntos de la entidad que concentraban instalaciones del Poder Judicial), mediante la implementación de un mecanismo conocido como “Asociaciones Público-Privadas” (APP), que significa que empresas particulares financian las obras y el sector oficial se compromete a pagarlas en un plazo definido. La propuesta que creció hasta 21 de esos centros.
La magistrada Sofía Martínez Huerta sustituyó a Edel Álvarez al frente del tribunal Superior de Justicia y desde su llegada se sorprendió de las grandes sumas que se pagaban por la realización de estos proyectos. Ordenó una auditoría y encontró que había tantas irregularidades que era menester suspender los pagos.
Eso le costó que le iniciaran un Juicio Político, la retiraran de la presidencia y poco después la cesaran como magistrada.
Isabel Inés Romero llegó en su lugar y la instrucción que llevaba desde Palacio de Gobierno (donde se decidió que ella llegara al cargo) fue que se regularizara en los pagos a las empresas constructoras. Lo hizo.
Sin embargo llegó el momento en el que ya no pudo pagar.
La revisión por parte del Orfis, mostró que el Poder Judicial había incumplido con los contratos al retrasar por más de un año su firma.
Suspender de manera unilateral dichos contratos le significaría al Poder Judicial un alto costo financiero que, en su actual condición de insolvencia, no podría cubrir. Pero si demuestra que dichos contratos están viciados de origen, podría conseguir que se les declarara nulos y quizá hasta podría conseguir que las empresas involucradas indemnizaran al Poder Judicial.
Todo ello significaría destapar una cloaca, cuyo hedor llegaría hasta Palacio de Gobierno.
¿Se atreverá?
filivargas@gmail.com
(DE LA COLUMNA "PUNTO DE VISTA") | 
