También, celebrar acuerdos y convenios de colaboración con organismos públicos y privados, nacionales e internacionales, para el desarrollo de proyectos; suscribir convenios con organizaciones y empresas para lograr prerrogativas y descuentos en productos y servicios; realizar estudios, investigaciones y análisis jurídicos y legislativos que contribuyan a la inclusión y el respeto a los derechos humanos y fomentar la participación de los Ayuntamientos en los programas y acciones para la inclusión y los derechos de las personas con discapacidad y TEA.
El diputado Jaime Enrique de la Garza subrayó que en el caso de Veracruz, y de acuerdo con datos del Censo 2020, hay 1 millón 542 mil 272 personas con alguna limitación, discapacidad, problema o condición mental, mismas que representan el 19.1 por ciento de la población total de la Entidad.
Puntualizó que Veracruz requiere fortalecer su política pública en materia de discapacidad y TEA para implementarla desde el nuevo paradigma de derechos humanos que implica
el logro de igualdad de oportunidades con las demás personas y se les deje de tratar bajo un esquema de política asistencialista.
Agregó que la creación del IDIDISTEA trae aparejado modificar las atribuciones del Consejo, señalando también las atribuciones ejecutivas del Instituto, principalmente como el organismo especializado y orientador de la política en materia de discapacidad y TEA por parte del Poder Ejecutivo y que realizará su trabajo vigilando e impulsando esta política en todas las entidades y organismos públicos.
La iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley para la Integración de las Personas con Discapacidad del Estado de Veracruz, fue turnada para su estudio y dictamen a las Comisiones Permanentes Unidas de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables y de Hacienda del Estado.
Se adhirieron a la propuesta los grupos legislativos del PAN y PRI, así como las diputadas Ruth Callejas Roldán, Maribel Ramírez Topete y Citlali Medellín Careaga, además de los diputados Juan Enrique Santos Mendoza y Ramón Díaz Ávila. |