El retiro de los llamados “autos maceta” en Boca del Río no solo libera banquetas y mejorará la movilidad urbana: también evidenció una práctica común en muchas ciudades de Veracruz que durante años ha sido tolerada, ignorada o, peor aún, permitida por funcionarios municipales que se siguen haciendo de la vista gorda, quizá por complementos de sueldo.
La alcaldesa Maryjose Gamboa Torales informó que se detectaron 118 vehículos abandonados u obstruyendo la vía pública, de los cuales 52 ya fueron retirados, en su mayoría de manera voluntaria tras la notificación oficial. Apenas tres tuvieron que ser llevados al corralón. El dato no es menor: cuando la autoridad actúa, la mayoría responde.
La pregunta obligada es por qué estas acciones, necesarias para garantizar el derecho de peatones —personas mayores, con discapacidad, niñas y niños— no se aplican de forma sistemática en otros municipios, donde los autos abandonados siguen “adueñándose” del espacio público durante años sin consecuencia alguna.
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En no pocos casos, la permanencia de estos vehículos ha despertado sospechas: ¿descuido institucional o posibles actos de corrupción que protegen a ciertos propietarios? La omisión también es una forma de complicidad.
Boca del Río demuestra que sí se puede poner orden cuando hay voluntad política. Lo deseable es que esta política se generalice y deje de haber ciudades donde la vialidad y el espacio público se negocian en lo oscurito. Porque la calle es de todos, no del que deja su coche como maceta permanente.
¿Será que en Veracruz Puerto, Xalapa, Coatza, Poza Rica y Tuxpan sigan pronto el ejemplo, o se seguirán haciendo pato o patas?
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