Mientras buena parte de la atención pública se concentró este lunes en la vinculación a proceso del exgobernador Ernesto Ruffo Appel, el dato político más relevante parece estar en otra parte.
La Fiscalía General de la República sostiene que no se investiga a una sola persona, sino a una presunta red integrada por empresarios, agentes aduanales, operadores logísticos y otros involucrados relacionados con la empresa Ingemar S.A. de C.V.
Además de Ruffo, otras personas fueron vinculadas a proceso y las autoridades federales han informado que existen más órdenes de aprehensión pendientes contra presuntos integrantes de la misma estructura, incluidos servidores públicos de distintas áreas aduaneras.
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Por ello, cuando una investigación deja de girar alrededor de un personaje y empieza a revelar una estructura, el expediente cambia de dimensión. No se trata entonces de un exgobernador detenido con tintes políticos, sino de esperar el desarrollo del juicio y el desahogo de las pruebas, ya que, si la Fiscalía logra acreditar sus acusaciones y sostenerlas durante el proceso judicial, el caso podría trascender de un exgobernador y convertirse en uno de los mayores procesos contra una presunta red de huachicol fiscal en los últimos años, a la par de revelar una estructura de corrupción y contrabando mucho más amplia y plural desde el punto de vista político de lo que inicialmente parecía.
En política, los nombres llaman la atención, pero en la justicia, lo que cambia la historia son las estructuras que logran probarse. |
