Ambas acusaciones son de extrema gravedad. De proceder el desafuero, la vinculación a proceso y una eventual sentencia condenatoria, el costo político e institucional para Movimiento Ciudadano sería devastador.
Lo preocupante políticamente hablando surge cuando, en el afán de lucrar electoralmente o estigmatizar al adversario, la comentocracia suele atribuirle adjetivos morales a las siglas partidistas. Pero los partidos políticos no son en esencia ni buenos ni malos; son las personas que los integran quienes actúan con apego a la ley o incurren en el delito.
Así como tras décadas en el poder no es analíticamente correcto sentenciar que por el solo hecho de pertenecer al PRI un político es corrupto, tampoco aplica la inversa. La filiación partidista no le transfiere cualidades morales al individuo; es la conducta del individuo la que mancha o dignifica al partido.
Hoy, la solicitud de desafuero se encuentra en la cancha del Congreso del Estado. Más allá del color partidista de los acusados, la prioridad debe ser el deslinde de responsabilidades y la impartición de justicia.
Si bien los filtros implementados por partidos como Morena para la selección de candidatos son un avance necesario, estos son inherentemente limitados. La fiscalización previa evalúa el historial del aspirante, pero no garantiza su comportamiento futuro: ¿acaso el ejercicio del poder no tiene la capacidad de corromper? La historia demuestra que muchos políticos asumen el cargo con intenciones legítimas y concluyen su gestión sumergidos en la ilegalidad.
Por ello, la premisa debe ser clara: ni la militancia en el oficialismo otorga impunidad automática, ni la pertenencia a la oposición exime a un funcionario de responder ante la ley cuando existen elementos probatorios. Politizar la justicia es tan grave como judicializar la política. | 
