Este miércoles el jurista Tomás Mundo Arriasa subió a su cuenta de Twiter: “Este es el estado de la justicia en Veracruz: WJP (World Justice Project) 2019-2020: violación al debido proceso 65%, pobres chivos expiatorios; en el 60% de los casos se vulnera el derecho de las víctimas, no se les hace justicia. Conclusión: A los culpables es más fácil elegirlos que encontrarlos”.
Los órganos encargados de impartir justicia en Veracruz pasan por su peor etapa. Esta entidad ocupa los últimos lugares en el país en la medición de eficiencia.
Algo hay que reconocer: Esta crisis no se inició con la llegada de la Cuarta Transformación. Desde antes se había hecho evidente una tendencia negativa en el abatimiento del rezago y en el respeto al debido proceso.
Por eso es que llama la atención que hace apenas tres años (cuando ya estábamos entre los peores lugares en materia de impartición de justicia) el Tribunal Superior de Justicia de Veracruz haya decidido “premiar” a sus magistrados, a los consejeros de la Judicatura y al Director de Administración (que, como es evidente, nada tiene que ver en ese tema) con el otorgamiento de un “bono especial de estímulo por desempeño y mejoramiento de la impartición de justicia”.
Y no, no estamos hablando de minucias.
En sesión extraordinaria celebrada el 26 de octubre de 2017 (si, en “la plenitud del pinche poder” yunista) el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Veracruz, presidido en ese entonces por Edel Álvarez Peña, se autorizó el otorgamiento de un “bono especial de estímulo por desempeño y mejoramiento de la impartición de justicia” para quienes ocuparan cargos de Magistrados, Consejeros de la Judicatura y para el Director de Administración del Poder Judicial del Estado.
Dicho bono fue por 280 mil pesos para cada uno de los servidores públicos, más los impuestos correspondientes, es decir, que incluso los impuestos que dicho bono generó (ISR, Impuesto sobre la Nómina), fueron cubiertos por el Poder Judicial.
Todo esto significó una erogación de 17 millones 418 mil 944 pesos, los cuales fueron cubiertos con recursos provenientes del Fondo Auxiliar para la Impartición de Justicia. Para ello se dispuso que dicha suma fuera depositada a la cuenta clabe del Poder Judicial del Estado número 012840001102292455, cuenta diez dígitos 0110229245 de la Institución bancaria BBVA Bancomer.
Esto es: los miembros del Consejo de la Judicatura -que, además de Edel Álvarez Peña, estaba integrado por Andrés Cruz Ibarra, Pedro Luis Reyes Marín, Mauricio Duck Núñez y Carla Rodríguez González- se reunieron para llegar a la conclusión de que habían realizado un gran trabajo en sus cargos (a pesar de estar instalados entre los peores Tribunales de Justicia del país) y eran merecedores de dicho estímulo.
Y decidieron incluir en el paquete al Director de Administración, Humberto Rodríguez Losilla, pues sería él quien se encargaría de “repartir el pastel” y consideraron que lo más justo era que le tocara una rebanada.
De acuerdo con los informes trimestrales que obran en el apartado de transparencia del Poder Judicial del Estado, cada año se obtienen por concepto de cobro de copias certificadas, alrededor de 26 millones de pesos, que van a dar al Fondo Auxiliar para la Impartición de Justicia.
Estos ingresos, sin embargo, resultan ilegales, toda vez que de acuerdo a los criterios emitidos en diversos juicios de amparo, el pago por certificación de documentos por parte de funcionarios en uso de las facultades que les otorga la Ley Orgánica del Poder Judicial, atenta contra el principio de gratuidad previsto por el artículo 17 de la Constitución Federal.
Si ya de por sí resulta preocupante la violación flagrante al principio de gratuidad, más serio resulta constatar que dichos recursos se los reparten magistrados y consejeros a su gusto, sin el menor rubor, con la magia que se produce al levantar la mano y expresar en voz alta: “a favor”.
Esta es otra de las cuentas pendientes que dejó aquella administración del Poder Judicial del Estado.
Todo esto ya está en poder de las más altas instancias en materia de Justicia y pronto habrá consecuencias.
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Epílogo.
Qué cómodo es ofrecer disculpas a nombre del gobierno, cuando no fue tu administración la responsable de esa víctima. El discurso a modo sólo pretende capitalizar las evidentes fallas de administraciones anteriores, pero nada dice de lo que se estaría haciendo en la actualidad para que casos como el de Christian Téllez Padilla, en Poza Rica, no se vuelvan a presentar. ¿Qué debemos esperar? ¿Que años más adelante alguien se disculpe por los desaparecidos de Cuitláhuac? *** Un nuevo revés de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al Congreso de Veracruz. En sesión remota, el Tribunal invalidó los preceptos de las Leyes de Ingresos de diversos municipios del Estado de Veracruz, en las que se establecían cuotas por concepto de expedición de copias, por vulnerar el principio de proporcionalidad tributaria al no tener una base objetiva y razonable sobre el costo de los insumos utilizados para la prestación del servicio. *** Las normas invalidadas también contravenían el principio de seguridad jurídica por establecer un parámetro mínimo y máximo para el cobro del derecho por la certificación de documentos, además de que preveían una cuota por la búsqueda de estos, cuando el interesado no proporcionara los datos exactos para su localización. *** También se invalidaron las disposiciones en las que se establecía el cobro por la expedición de copias simples, certificadas e impresiones, solicitadas en el contexto de un procedimiento de transparencia, “pues dichos preceptos vulneraban el principio de gratuidad del acceso a la información pública contenido en el artículo 6 de la Constitución General” (justo el tema tratado renglones arriba, con el Poder Judicial del Estado). *** Se invalidó, además, la porción normativa “Registro de nacimientos extemporáneos 1.5”, de la Ley de Ingresos del Municipio de Minatitlán, por vulnerar el derecho a la gratuidad del registro de nacimiento y a la expedición de la primera copia certificada del acta respectiva. Lo que es no tener una buena asesoría jurídica. *** En el reporte técnico diario sobre el desarrollo de la pandemia de Covid-19 en México, la Secretaría de Salud detalló que los casos confirmados se incrementaron en 11 mil 974, para un acumulado de un millón 205 mil 229, mientras que los decesos aumentaron en 781, para un total acumulado de 111 mil 655. *** José Luis Alomía, director de Epidemiología, indicó que de los 3 millones 086 mil 510 personas notificadas, un millón 490 mil han obtenido un resultado negativo, mientras que los pacientes recuperados suma 889 mil 168.
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