La improvisación, desconocimiento y desprecio por la legalidad que han marcado al régimen encabezado en Veracruz por Cuitláhuac García Jiménez han provocado un severo daño institucional del que nadie asume responsabilidad alguna.

Son ya numerosas las resoluciones de parte de autoridades judiciales que han echado por tierra los entuertos legales y las reacciones autoritarias de un gobierno que actúa casi por mera inercia, a expensas de lo que se le indique desde el Altiplano, mientras en lo local varios de sus integrantes se despachan “con la cuchara grande” el presupuesto, los contratos de obra pública y las posiciones de poder, como si se les hubiesen escriturado, mientras “presumen” inversiones de poca monta en caminos de un kilómetro.

Pero las pifias jurídicas de estos gobernantes y legisladores de tómbola no han podido sostenerse de tan burdas, rupestres y mal intencionadas, dejando en ridículo a sus perpetradores al exhibir su ignorancia en temas elementales como la técnica jurídico-legislativa que en teoría deberían dominar, por lo menos, quienes cobran como sus asesores.

A finales de 2020, fue todo un escándalo la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que “tiró” la reforma electoral a modo que se aprobó Morena en el Congreso del Estado de Veracruz, que modificaba arbitraria y mañosamente la estructura de los organismos electorales locales, que le quitaba a los partidos la mitad de sus recursos y con ello la posibilidad de competir contra la maquinaria oficial, y que además pretendía blindar al gobernador para evitar que pudiera ser sometido a la revocación de mandato.

A pesar de con ello haber dejado en ridículo al estado de Veracruz –porque a fin de cuentas se trata de sus autoridades y representantes legales-, nadie pagó costo alguno, salvo algunos chivos expiatorios menores que cargaron con la culpa de lo que les ordenaron hacer quienes creen que el poder les durará para siempre.

Empero, eso está lejos de haber terminado. Este martes 12 de enero, la Corte le asestó un nuevo golpe a la “4t” veracruzana por legislar al vapor y sin conocimiento de los procesos que deben seguirse para expedir leyes.

Por mayoría de votos, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia declaró inválida la Ley de Comunicación Social para el Estado de Veracruz por violaciones al proceso legislativo, entre otras, “la dispensa de trámites legislativos sin constatarse la votación calificada requerida”, así como “la falta de motivación para acreditar la hipótesis de urgencia”. 

Y es que para los diputados locales –y sus titiriteros en el Ejecutivo estatal- no hizo falta activar el mecanismo de dispensa del trámite legislativo correspondiente, contemplado en su propia Ley Orgánica, la cual queda claro que no se han tomado siquiera el tiempo de leer.

No fue éste el único “zape” que recibió la “cuarta transformación” en Veracruz este día: la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió una recomendación a la Secretaría de Seguridad Pública al acreditarse la violación de derechos humanos de legisladores panistas a quienes, con un uso excesivo de la fuerza, policías estatales les impidieron el acceso a la instalaciones de la Fiscalía General del Estado durante la tristemente célebre asonada morenista para imponer a Verónica Hernández Giadáns al frente de ese organismo en septiembre de 2019.

En todos los casos mencionados, lo que salta a la vista es la absoluta ineptitud del grupo en el poder en Veracruz para llevar las riendas de la entidad dentro de los límites marcados por las leyes, mismas que creen poder pasar por alto, darles la vuelta o de plano quebrantarlas sin que pase nada.  

Lo trágico es que su incapacidad para gobernar está hundiendo a Veracruz. No por nada juran que no hay que preocuparse por la variante británica del coronavirus, al cabo que no hay vuelos directos de Inglaterra al estado.

Para llorar.

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