En su sesión de este lunes 14 de diciembre, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) terminó de cavar la tumba de su credibilidad como órgano garante de legalidad.

De manera abyecta, con argumentos absurdos y en una clara violación a los principios de equidad y neutralidad, por mayoría de votos de los magistrados de la Sala Superior de este organismo jurisdiccional fue revocado el acuerdo de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE), que establecía medidas cautelares por las que ordenó al presidente Andrés Manuel López Obrador abstenerse de “emitir expresiones y/o declaraciones de índole electoral, así como utilizar los espacios de comunicación oficial y/o aprovechar las funciones inherentes a su cargo para esos mismos efectos”.

Esto luego de que partidos opositores presentaran una queja por las constantes declaraciones de López Obrador en sus conferencias mañaneras y durante una reciente gira por Baja California en las que denuesta abiertamente la alianza electoral que esos institutos políticos pretenden llevar a cabo en el proceso por el que se renovará la Cámara de Diputados.

La injerencia presidencial, como se anotó en la Rúbrica del pasado 7 de diciembre, titulada “¿Cállate, chachalaca?”, implica el desvío de recursos públicos a través de la transmisión en vivo de sus mensajes, usando personal e instrumentos gubernamentales, así como un abuso de una investidura que el presidente solo resguarda de los ciudadanos que le reclaman, pero que arrastra por el piso con aquellos que le adulan y son genuflexos ante él.

Pues para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no hay ningún problema con que el presidente de México busque inclinar la balanza electoral usando y abusando del poder, ya que “se trata de actos futuros de realización incierta”, al referirse a lo que seguramente seguirá haciendo López Obrador ahora que le han dado vía abierta para entrometerse de manera abierta en los temas de las campañas.

En su resolutivo, el TEPJF considera que una determinación de tutela preventiva sobre “actos futuros” constituye “un acto de censura previa que viola el principio de legalidad previsto en la Constitución”. Y se limitó a “constreñir al titular del Poder Ejecutivo Federal y su gabinete, así como a los titulares de los Poderes Estatales y Municipales, a respetar y hacer valer el principio de neutralidad y las normas previstas en el artículo 134 para la no intervención de servidores públicos en el proceso electoral”. A portarse bien, pues.

Además de darle manga ancha a López Obrador para utilizar todo el poder del Estado y avasallar a sus oponentes políticos –de la misma manera que se lo hicieron a él en los comicios presidenciales de 2006, cuyo desenlace aún no logra superar emocionalmente-, con sus resolutivos de este día el Tribunal Electoral se “abrió de capa” y exhibió que otro de sus objetivos es debilitar y derruir al Instituto Nacional Electoral echando abajo cuanto acuerdo tome, toda vez que es de los últimos reductos institucionales en México que no ha sido “colonizado” por la “4t” y que aún intenta mantener su independencia y autonomía respecto de un régimen que se radicaliza aceleradamente y no duda en imponerse mediante la cooptación o la coacción.

Si no, que le pregunten al “magistrado billetes” que encabeza la carpa de bufones en la que está convertido el Tribunal.

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