En varias ocasiones, cuando se intentó detenerlo en Matamoros, coincidentemente se daban movilizaciones de las autoridades de seguridad pública municipal, especialmente del Departamento de Tránsito, cuyos elementos bloqueaban calles para evitar la aprehensión del capo.
Por eso es que durante varios meses Cruz Sánchez figuró como uno de los criminales más buscados por las autoridades tamaulipecas, que a través de la Fiscalía de Justicia del Estado llegó a ofrecer una recompensa de hasta 2 millones de pesos para lograr su ubicación y posterior detención. Y es que “El Vaquero” era un objetivo prioritario de la Campaña de Seguridad y Prosperidad Fronteriza puesta en marcha por autoridades de Estados Unidos y el gobierno de Tamaulipas.
Ayer comentábamos aquí, a raíz de la sorpresiva detención del exalcalde perredista de Tihuatlán, Gregorio Gómez Martínez, que desde el 5 de marzo pasado el gobernador Cuitláhuac García había alertado que bandas criminales habían permeado las elecciones, imponiendo a candidatos y funcionarios en los municipios, revelando que poseía un diagnóstico de quiénes están vinculados a qué delincuentes así como las áreas en las que operan, por lo que advirtió desde entonces que pronto “vamos a actuar”.
En Veracruz, las complicidades de funcionarios y policías municipales y estatales con grupos de la delincuencia organizada no es ninguna novedad. Recuérdese el caso del desaparecido administrador de la Aduana Marítima del Puerto de Veracruz, Francisco Serrano Aramoni, secuestrado por Los Zetas el 1 de junio de 2009 en un operativo en el que participaron elementos de la Delegación Municipal de Tránsito. O la desaparición forzada de los cinco jóvenes originarios de Playa Vicente que el 11 de enero de 2016 fueron detenidos en Tierra Blanca por policías estatales, quienes los habrían entregado a sicarios del mismo grupo criminal.
La esperanza de que esto realmente cambie en Veracruz y en el resto del país todavía se percibe muy remota, pese a la polémica apuesta del presidente López Obrador de militarizar la seguridad pública.
Los gobiernos estatal y federal no sólo deben actuar en cada coyuntura electoral.
RASPAN A RICARDO AHUED
Por cierto, al ser entrevistado sobre la detención de Evaristo Cruz Sánchez, (a) “El Vaquero”, el gobernador panista de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, declaró este jueves que con oportunidad su gobierno advirtió oportunamente a la Secretaría de Hacienda sobre el contrabando de combustible por las aduanas de Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo, ya que representaba una cuantiosa pérdida para los ingresos del país, al no captarse entradas por concepto de IVA, IEPES e ISR.
Según reportó el periodista Arnoldo García, corresponsal del portal La Silla Rota en esa entidad, el mandatario tamaulipeco dijo que la delincuencia organizada que opera en el norte del país ha modificado sus operaciones ilícitas dejando de extraer combustible de los ductos de Petróleos Mexicanos y ha optado por el contrabando de gasolina y diésel, con la presunta colaboración funcionarios de aduanas.
García Cabeza de Vaca indicó que en su oportunidad informó al secretario de Hacienda Arturo Herrera, así como al entonces director de Aduanas, Ricardo Ahued, sobre la introducción ilegal de grandes cantidades de combustible.
Al respecto, añadió que el Gobierno del Estado efectuó en Reynosa el aseguramiento de 18 pipas que contenían combustible sin contar con la documentación de procedencia, y presentaban una serie de irregularidades ya que para pasar por las aduanas fueron usados documentos apócrifos.
Comentó que el Gobierno del Estado detecto entre 2019 y 2020 principalmente en la faja fronteriza 23 gasolineras en las cuales se vendía gasolina de contrabando por lo cual se presentaron las denuncias correspondientes.
“Debe haber una investigación a fondo sobre el daño económico causado a la nación con tal contrabando”, reiteró el mandatario estatal del PAN, contra el cual el Congreso de la Unión había iniciado proceso de desafuero a solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR), que lo investiga por delincuencia organizada, lavado de dinero y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
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