Mientras en Veracruz los aliados políticos de la 4T reiteran una y otra vez que en esta entidad ya se acabaron los pactos y acuerdos con grupos criminales que prevalecían en anteriores administraciones, en el gobierno federal están mandando pésimas señales que confunden y ponen en entredicho el discurso del gobernador Cuitláhuac García, del secretario de Gobierno, Eric Cisneros, y del secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado.

Y es que luego del costo político que le representó al presidente Andrés Manuel López Obrador el llamado “Culiacanazo” –el fallido operativo policiaco y militar de octubre de 2019 contra Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, capo del cártel de Sinaloa–, se esperaba que a partir de entonces su gabinete de seguridad actuara con mayor cautela, inteligencia y eficacia.

Sin embargo, no ha sido así. Este martes, por ejemplo, se difundió que jueces del tribunal de Bucarest, en Rumania, concedieron una orden de aprehensión contra el empresario Florian Tudor, vinculado con la llamada mafia rumana o Banda de la Riviera Maya, dedicada a la clonación de tarjetas bancarias en destinos turísticos de México, con la cual vincularon al morenista René Bejarano, uno de los operadores político-electorales de la Jefa de Gobierno de la CDMX,  Claudia Sheinbaum, y hasta a un exjefe policiaco de Fortín, Veracruz, que posteriormente estuvo a cargo de la seguridad pública en Cancún.

Tudor está acusado en su país de instigación para intento de asesinato, chantaje y formar un grupo delictivo. Las dos primeras acusaciones son por hechos presuntamente ocurridos en México.

Luego de que el 26 de febrero la Dirección de Investigación contra Delincuencia Organizada y Terrorismo (DIICOT), de la fiscalía rumana, pidió el arresto de Tudor, el Tribunal de Bucarest revisó el caso y detectó un error de procedimiento en la audiencia celebrada el 9 de marzo, permitiendo que el imputado fuera citado en el domicilio donde reside, aunque sea en México, para conceder su derecho de audiencia ante un juez, lo cual aún no ha ocurrido.

Pero finalmente, este martes 23, el tribunal concedió la orden de aprehensión solicitada por la fiscalía rumana que considera a Tudor un grave peligro para el orden público. Sin embargo, entre México y Rumania no existe un tratado de extradición, por lo que dependerá del gobierno de López Obrador si decide capturarlo y entregarlo a su país.

Y es que Tudor ya fue denunciado en México por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, que ordenó el bloqueo de sus cuentas bancarias por presuntamente encabezar una red de clonación de tarjetas, lavado de dinero y trata de personas. Pero el rumano ha pretextado que existe una persecución en su contra y se dice víctima de abusos de autoridad e intento de extorsión. 

 El presidente López Obrador parece haberle creído, pues el pasado 26 de febrero ordenó que fuera recibido por Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, quien lo atendió la primera semana de marzo y le proporcionó una cita para el 12 de este mes ante la UIF, a la que no asistió perdiendo así su derecho de audiencia ante la autoridad hacendaria.

LA SFP RASPA A ROCÍO NAHLE

Al parecer, nadie se percató de las últimas resoluciones de la Secretaría de la Función Pública, una de las cuales le pegó y duro a empresarios muy cercanos al entorno familiar de la secretaria de Energía, Rocío Nahle García, ex diputada federal de Coatzacoalcos y senadora de Veracruz con licencia.

Por supuesto que vale la pena revisar los expedientes de la SFP que encabeza doña Irma Eréndira Sandoval.