Casos como la muerte atroz de la migrante salvadoreña Victoria Esperanza Salazar, que el sábado anterior fue víctima del exceso de fuerza de la policía municipal de Tulum, Quintana Roo; o el homicidio de un indigente que al día siguiente fue asesinado de un disparo por otro uniformado en Santa Ana Atzacan, Veracruz; o la violación que July Raquel Flores, de 29 años de edad, denunció haber sufrido de agentes policíacos de la Fiscalía veracruzana que en noviembre de 2020 la detuvieron en la Ciudad de México y la torturaron para que se inculpara por el crimen de la rectora de la Universidad Valladolid, María Guadalupe Martínez Aguilar, van a seguir ocurriendo mientras las autoridades federales, estatales y municipales no se preocupen realmente en capacitar y certificar a los jefes y subordinados encargados de la seguridad pública.

El 10 de marzo pasado, por ejemplo, México incumplió por segunda ocasión el plazo que se había establecido para certificar que los policías de todos los niveles desplegados en el país contaran con el perfil, las habilidades y conocimientos para hacer ese trabajo. Y es que más del 40 por ciento de los agentes siguen hasta hoy sin esta evaluación que, en el papel, es una obligación legal desde hace cuatro años y medio.

 En julio de 2019 el Consejo Nacional de Seguridad había aprobado la última prórroga de 18 meses para que los estados y la federación consiguieran certificar a sus policías, luego de que el periodo original de tres años establecido para ello resultara insuficiente. Dicha prórroga comenzó a correr el 10 de septiembre de 2019 y venció casualmente hace tres semanas.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de los 305 mil 231 policías estatales, municipales y adscritos a las Fiscalías, sólo164 mil 534 cuentan actualmente con dicha certificación denominada Certificado Único Policial (CUP). O sea que únicamente el 54 por ciento de los agentes cuenta ya con el CUP, mientras que el 46 por ciento restante estarían impedidos legalmente para seguir desempeñándose como policías.

El mayor rezago se registra en las policías ministeriales adscritas a las fiscalías estatales. De sus 40 mil 290 elementos en total, solamente 4 mil 944 cuentan con el CUP, que equivale a solo el 37.1 por ciento. En tanto, de los 131 mil 606 policías municipales en el país hay 73 mil 171 con CUP, que son 55.6 por ciento. Y en cuanto a las policías estatales, de 133 mil 335 elementos, nada más 76 mil 419 elementos están certificados, cifra equivalente al 57.3 por ciento.

 Querétaro es la única de las 32 entidades federativas que ha cumplido al cien por ciento con la certificación de todos sus agentes estatales, municipales y ministeriales. Le siguen Campeche, Coahuila y Durango, que se ubican entre un 80 y 90 por ciento de policías con el CUP. El resto de los estados se ubican en niveles por debajo del 80 por ciento. Guerrero, en cambio, es el más rezagado de todos con 2 mil 118 policías certificados de los 8 mil 28 con los que cuenta, o sea, apenas 26.4 por ciento.

Veracruz, Tlaxcala, Yucatán, Zacatecas e Hidalgo son las otras entidades en donde el  porcentaje de policías certificados no supera el 40 por ciento del total.

 ¡Así cómo vamos a estar “seguros”!