Por ello su manejo y resguardo es tan importante y se considera una prioridad en cualquier país que se precie de ser medianamente democrático y defensor de valores como la libertad como un derecho fundamental de los seres humanos, ya que en manos irresponsables su mal manejo puede provocar daños incuantificables en la vida de las personas, que atenten incluso contra sus garantías básicas y su integridad.
De un tiempo a la fecha, diversas aplicaciones tecnológicas e incluso las plataformas de redes sociales solicitan a sus usuarios información personal conocida como “datos biométricos”, lo que incluye “características físicas, fisiológicas o conductuales de una persona, que posibiliten o aseguren su identificación única”, de acuerdo con la definición del Reglamento General de Protección de Datos europeo.
Según las características individuales físicas y fisiológicas, se incluyen entre estos datos la huella dactilar, el reconocimiento facial, de retina, de iris y vascular, así como la geometría de la mano. De acuerdo con características del comportamiento y la personalidad, se consideran como tales el reconocimiento de firma, de escritura, de voz, de escritura de teclado y hasta de la forma de andar.
Si bien la entrega de esta información a las empresas privadas que la solicitan para prestar sus servicios representa una tremenda merma en términos de privacidad personal, a final de cuentas se da por elección y decisión de quien opta utilizarlas, con todo y lo cual varios casos se han documentado sobre un uso abusivo de estos datos que ha llevado a entablar querellas judiciales internacionales.
Hace poco más de un año, a principios de 2020, la Secretaría de Gobernación del gobierno mexicano pidió al Instituto Nacional Electoral los datos biométricos de los 90 millones de ciudadanos que en promedio integran el padrón electoral del país. El argumento fue la creación de una cédula de identidad única para la población.
El INE rechazó entregar la información en su poder, consistente en las huellas dactilares, las fotos de filiación y el domicilio de los ciudadanos, pues constituiría una vulneración de los datos personales entregarlos sin la autorización expresa de sus propietarios. Luego de generar una controversia –la primera de muchas contra el órgano electoral-, el gobierno desistió de su intentona. Más no de su objetivo.
Este martes, el Senado de la República –con el voto mayoritario de Morena y sus “satélites”- aprobó una reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión -que para muchos es claramente inconstitucional-, en la que se obliga a los usuarios de la telefonía móvil a entregar datos biométricos como la huella dactilar, el iris ocular, las facciones del rostro, el tono de voz y su firma.
¿El pretexto? La integración de un Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil para el supuesto combate a los delitos de extorsión y secuestro. Una verdadera falacia, pues los delincuentes no usan aparatos registrados a su nombre para cometer actos delictivos, sino desechables -en el mejor de los casos- o robados, con lo cual quienes terminarían siendo responsables e imputados serían los usuarios a quienes les hubiesen sustraído sus dispositivos telefónicos.
Pero a lo que en realidad apunta el régimen lopezobradorista –y para lo cual contó con el apoyo de varios legisladores del PRI, para no variar- es a la creación de una especie de “big brother” de corte orwelliano para vigilar, acosar y reprimir. Nada más hay que observar su deplorable comportamiento en pleno proceso electoral para constatar para dónde van.
Si no es esto signo de una autocracia, cada día se le parece más.
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