En la región sur se ha mencionado extraoficialmente a grupos del crimen organizado vinculados a uno u otro cártel y -en un proceso evolutivo- con variantes de crecimiento, debilitamiento o desaparición a partir de la captura de sus liderazgos.
Amén de pactos, acuerdos, repartición de zonas de influencia y clasificación de mercados negros entre ellos.
También se menciona con insistencia la conexión entre el crimen organizado y elementos policiacos; una suerte de cáncer metastásico de Estado en materia de descomposición política, social, corrupción criminal con origen y consecuencia en la propia sociedad civil.
Son conocidos los nexos entre el hampa y la clase política.
Durante varios meses entre los años 2019 y 2020 -por ejemplo- las fuerzas de seguridad desplegadas en el sur veracruzano atacaron con fiereza al CJNG en regiones específicas como la frontera entre Veracruz y Oaxaca en el istmo de Tehuantepec o sus inmediaciones.
Playa Vicente, Isla, San Juan Evangelista, Acayucan, Soconusco, Texistepec, Minatitlán, Coatzacoalcos, Cosoleacaque, Azueta, Tuxtepec y Palomares -del lado oaxaqueño- Los Tuxtlas, Jesús Carranza, Sayula, Uxpanapa, fueron escenarios de encarnizados enfrentamientos con saldos de docenas de muertos en ambos bandos: policías y sicarios.
El huachicol y su control, asaltos carreteros, secuestros, extorsiones sin menospreciar el tráfico y venta de drogas, forman parte del botín en disputa con otros cárteles, mini cárteles, grupos delincuenciales familiares, pelusa -como diría el maestro César Augusto Vázquez Chagoya- así como células que son enviadas por trabajos específicos y luego se marchan o mueren en el intento.
Esta historia se refleja en páginas rojas de periódicos locales y regionales: impresos y digitales.
No haya nada del otro mundo en lo apuntado líneas atrás.
Nada sin haber sido denunciado por un reducido grupo de periodistas ni ajeno al grueso de la población, aunque muchos datos verificados apenas circulan de boca en boca.
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Surgen múltiples dudas pero una sobresale:
¿A cuántos líderes mayores, cabezas del crimen organizado, verdaderos pesos pesados del lado oscuro de la sociedad han detenido los gobiernos estatal y federal desde los primeros días de enero del 2019 a la fecha?
No pasan de la media docena.
¿Cuántos golpes severos, de daño estructural, de nocaut se han asestado al CJNG, a los Zetas, al cártel del Golfo, a los Piña o los Matazetas a lo largo de dos años y medio de gobierno de Cuitláhuac García Jiménez?
Entre ellos se matan diariamente, se envían mensajes, se acusan, se denuncian, se mandan recados vía narco cartulinas o narco mantas.
Esa es su guerra intestina, el desarrollo de su propia lógica, el empleo de su lenguaje; el amedrentamiento mutuo con daño al tejido social mediante el miedo y la impunidad.
Pero el gobierno, las múltiples fuerzas de seguridad municipales, estatales, federales...
¿Qué cuentas entregan?
A Ramón Ortiz Cisneros, presunto extorsionador, presunto comprador de plumas pseudo periodísticas, presunto miembro del crimen organizado, presunto protegido del ex gobernador Javier Duarte y su ex suegro el hoy inefable Antonio “Toni” Macías, lo detuvieron bajo la coyuntura jurídico-política del ultraje a las autoridades.
Fue el mismo caso de Gregorio Gómez, presunto delincuente dedicado -entre otros delitos- al despojo de propiedades a gente honesta mediante la estrategia de amenazas en Tihuatlán y Poza Rica.
En ambos casos los acusados estaban inscritos en sendas estructuras político/partidistas, a saber Fuerza por México en el caso de Ramón y el PRD por el lado de Gregorio.
No se puede afirmar la politización en automático de sus capturas.
De hecho se trató de procesos de procuración de justicia politizados Per Se.
Si los jueces correspondientes encuentran culpables a los dos acusados deberán purgar sus penas.
El punto de análisis no es ese, desde la perspectiva periodística y política, sino el contexto de la detención.
Se ha capturado en tiempo electoral a dos acusados de violar la ley ligados a partidos políticos que en forma legítima buscaban acceder al Poder institucional.
El gobierno puede tener razón en el qué, pero estar equivocado en el cómo y en el cuándo.
Judas de Iscariote entregó a Jesús pero el cristianismo no lo juzga por violar una Ley que no violó, sino por ser traidor desde una perspectiva moral.
En los casos de Ramón Ortiz y Gregorio Gómez no hay referencia -desde la vinculación periodística y política- a su presunta violación de la Ley porque los responsables de atender ese elemento jurídico del Estado son los jueces.
Lo cuestionable es la violación del Estado de Derecho y las consecuencias que ello implica.
Se afecta la estabilidad política.
Dañan el corpus de nuestra paz social.
¿Si Barrabás es un consumado ladrón y hay expedientes sólidos en su contra para qué ponerlo en manos del pueblo cuyo proceso electoral está ligado a la candidatura de Jesús?
Nuestro gobierno ni siquiera es Poncio porque no se lava las manos.
Tampoco es Pilatos porque han transcurrido más de dos mil años y las coyunturas del Estado evolucionan.
Vivimos, simplemente, elementos de una Elección de Estado.
Torpe, el grupo a cargo del Poder no sabe cómo mantenerse allí después de haber recibido cientos de miles, millones de sufragios.
Ni la detención del golpeador de mujeres Rogelio Franco...
Ni la captura del prepotente y muy probablemente violador múltiples de la Ley Nicolás Ruiz -precandidato del PAN a la alcaldía de Minatitlán- corresponden a una justa impartición de Justicia.
En Veracruz el gobierno está empeñado en cosechar peras del olmo…
Convencido de ver moras en el árbol de la moral pública en lugar de valores históricos que sostienen al andamiaje del Estado.
En una democracia hay tiempos para meter a la cárcel a los delincuentes antes de que se conviertan en candidatos o líderes partidistas dentro de procesos electorales.
Tiempos para una contienda transparente frente a las urnas.
Mezclar un tiempo con otro es de una política dañina…
Por torpe, inoportuna, descuidada, débil…
Estructurada para emplear la Ley en la persecución de ideologías hechas bolas con el crimen organizado cuyo crecimiento se debe en parte a la estructura oficial.
Tuvieron años para detener a Ramón, Gregorio, Rogelio y Nicolás.
Lo hacen en plena campaña al tiempo de la renuncia de Renato Tronco.
Esto ocurrió durante setenta años y muchas muertes registra la historia en la lucha mexicana por democratizarnos.
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Lo peor estaría por venir. |
