Prefacio.

Todo lo señalado este jueves por el dirigente estatal del PRI, Marlon Ramírez Marín, respecto a la presunta intromisión del Gobierno del Estado en la campaña del candidato a la alcaldía de Xalapa Ricardo Ahued, era algo sabido. *** La principal muestra de tal injerencia se dio durante aquella movilización mutitudinaria a los pocos días de haber arrancado la campaña. Los empleados del gobierno estatal denunciaron en redes sociales que fueron obligados a asistir y les pasaron lista, pues aquellos que no hicieran acto de presencia corrían el riesgo de perder su empleo. *** El PRI presentó una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República (FGR) y otra ante el Organismo Público Local Electoral (OPLE), en contra de Ricardo Ahued Bardahuil, “por hacer uso de recursos públicos -estatales y municipales- y permitir la intervención del Gobierno del Estado, a favor de su campaña”. *** Sin restar responsabilidad al candidato (quien, se supone, tiene el control de los recursos que se ocupan durante su campaña) desde el principio se percibió que esa intromisión se daba como parte de una estrategia aplicada desde Palacio de Gobierno. *** El propio Marlon Ramírez reconoció ante los medios de comunicación, que Ricardo Ahued “siempre se ha manejado como una persona impoluta, recta, decente y que no utiliza el cargo para aprovecharlo a su beneficio”. Y por eso mismo lo invitó a explicar qué hacían en sus eventos funcionarios públicos, empleados de los gobiernos estatal y municipal y automóviles oficiales. *** “Esta campaña a la presidencia municipal de Xalapa tiene demasiada atención, por decirlo de una manera elegante, del Gobierno de Veracruz”, señaló el dirigente priista.

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Hace escasos 10 días, al impartir la cátedra “El voto y las instituciones”, durante el seminario virtual “Rumbo a las Elecciones 2021”, José Woldenberg, expresidente del Instituto Federal Electoral (IFE), afirmó que “la única vía legítima y legal para gobernar y ocupar espacios públicos, son las elecciones, por lo que se requiere defender, mediante el voto, la democracia y la coexistencia pacífica de nuestra diversidad política”.

En este creciente tendencia a judicializar nuestra democracia, de pronto se incurre en excesos, en afirmaciones sin sustento que buscan enrarecer el clima político que se vive en el país y, especialmente, en Veracruz.

El pasado miércoles la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la sentencia emitida por el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) en la que se declara inválida la candidatura de Miguel Ángel Yunes Márquez a la alcaldía del puerto de Veracruz, por incumplir con los requisitos que establece la Ley.

El fondo de esta decisión fue la certeza de que el mayor de la dinastía Yunes Márquez no nació en el municipio que pretendía gobernar y tampoco ha radicado en el mismo los últimos tres años, como lo exige la Constitución del Estado.

Hay, sin embargo, quienes asumen que con esta sentencia se anulan las posibilidades de Miguel Ángel junior de competir nuevamente en el 2024 por la gubernatura (ya lo hizo en el 2018 y fue derrotado por Cuitláhuac García).

Los que consideran que sus posibilidades quedaron anuladas advierten que así como no pudo demostrar los tres años de residencia efectiva en el puerto jarocho (pues se detectó que en ese período tuvo una prolongada estancia en el extranjero)  tampoco podrá demostrar la residencia de 5 años que exige la Constitución local en su artículo 43 y que en su segunda fracción señala: “contar con residencia efectiva en la entidad de cinco años inmediatos anteriores al día de la elección”.

Este es un caso similar a aquel escenario que se ha planteado, de que aspire a la gubernatura un ciudadano que no sea veracruzano ni sea hijo de veracruzanos. Una cosa contempla la Constitución de Veracruz y otra muy distinta la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

En el caso que nos compete (la posibilidad –o no- de que Miguel Ángel Yunes Márquez compita por la gubernatura en el 2024) tenemos que remitirnos al artículo 116 de nuestra Carta Magna que establece:

“Sólo podrá ser gobernador constitucional de un Estado un ciudadano mexicano por nacimiento y nativo de él, o con residencia efectiva no menor de cinco años inmediatamente anteriores al día de los comicios, y tener 30 años cumplidos el día de la elección, o menos, si así lo establece la Constitución Política de la Entidad Federativa”.

Como se puede notar, en la Constitución federal la residencia efectiva de cinco años se establece como una opción para aquellos que no sean nativos de la entidad que pretenden gobernar. Miguel Ángel Yunes Márquez no nació en el puerto de Veracruz, pero sí en Xalapa y, por lo tanto, es nativo de esta entidad y tiene derecho de competir por la gubernatura.

No está de más recordar que la Constitución federal tiene supremacía sobre las constituciones locales (artículo 133).

No se hagan bolas.

Miguel Ángel Yunes Márquez no podrá ser candidato a la alcaldía de Veracruz y deberá responder ante las instancias judiciales, por los delitos de falsificación de documentos y falsificación de títulos contra la fe pública, pero no estará impedido para aparecer en la boleta del 2024.

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Epílogo.

Enfrascados como estamos en el actual proceso electoral (“el más grande de la historia”, como se promueve) poca atención le hemos puesto los analistas (confieso que yo he sido uno de ellos) al próximo relevo en la Rectoría de la Universidad Veracruzana (UV). *** El trámite, por lo que se ve, no será sencillo. Para darnos una idea, baste leer con atención el artículo publicado por Miguel Casillas, distinguido miembro de la comunidad universitaria, en el que apunta que la actual rectora, Sara Ladrón de Guevara pretende aplicar el clásico “madruguete” a la comunidad universitaria. *** “A espaldas de la comunidad quieren avalar en el Consejo Universitario nuevas adecuaciones al anteproyecto de Ley Orgánica, ya impugnado por algunos consejeros y miembros de la comunidad, documento que nadie conoce ni ha discutido. Se hace a unos días del final de una gestión que tuvo ocho años para procesar un acuerdo sólido que derivara de una amplia deliberación universitaria”. *** Y remata: “El Consejo Universitario General no puede ser utilizado como comparsa de las pretensiones de la rectoría que se extingue; debe preservar y salvaguardar su condición de órgano colegiado y ampliar su legitimidad con consultas a la comunidad y deliberaciones públicas sobre el futuro de la Universidad y el tipo de leyes que necesitamos. Es una imprudencia abrir ahora la discusión sobre la Ley Orgánica y el Consejo debería posponer cualquier resolución al respecto”. *** Tienen que tener mucho cuidado los ciudadanos de Tlaquilpa y no creer todo lo que les cuenten. Resulta que el candidato a la alcaldía por Movimiento Ciudadano (MC) Luciano Xalamihua Carvajal, ante la falta de argumentos para convencer al electorado, pretende colgarse de un asunto jurídico de carácter civil. *** Con documentos que le sustrajo a la señora Sara García Tenzohua, el abanderado de MC acusa al candidato de la coalición PT-Verde-Morena, Delfino Sánchez Salas de despojar a la gente de sus terrenos, lo cual es totalmente falso. *** La señora Sara García ya inició los trámites para acusar a Luciano Xalamihua por el robo y uso indebido de documentos que son de ella y estrictamente personales. *** Al actualizar los datos de la Estrategia Nacional de Vacunación, la Secretaría de Salud informó que  miércoles se aplicaron 763 mil 667, por lo que se ubica como el segundo día, desde el inició del plan de vacunación, con mayor número de dosis anticovid administradas en el país.*** José Luis Alomía, director de Epidemiología, informó que a la fecha se han aplicado 28 millones 506 mil 527 dosis, por lo que se sigue acelerando la velocidad en la inmunización, pues 20 millones de mexicanos ya han recibido al menos una dosis del antígeno. De ellos, 12 millones han completado su esquema. *** En cuanto a los datos de decesos confirmados por Covid-9, señaló que se incrementaron en 425, para un acumulado de 222 mil 657 desde marzo de 2020. *** En la actualización del estado de la pandemia en México, señaló que si bien se mantiene la tendencia descendente en los contagios confirmados, por 19 semanas consecutivas, se detecta una disminución de la velocidad, con un menos cinco por ciento.

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