A principios de enero de este año, el diputado Juan Javier Gómez Cazarín, de Morena, comenzó a autopromoverse en redes sociales y publicaciones digitales como “el mejor operador político” del gobernador Cuitláhuac García, queriendo hacer creer que tenía los suficientes méritos para reelegirse, no obstante que como líder de la bancada mayoritaria y presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXV Legislatura del estado ha resultado un fiasco, pues aunque carecía de experiencia parlamentaria ha tenido a su disposición en más de dos años un costoso grupo de funcionarios y asesores que supuestamente sí saben de Derecho constitucional y técnica legislativa.

Su falta de oficio político y evidente ignorancia de la Carta Magna del país le ha hecho coleccionar reveses de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) e inclusive lo ha llevado a confrontarse –y junto con él al gobernador García Jiménez– ¡hasta con el propio Jefe del Ejecutivo federal!. 

A principios de este año, por ejemplo, por violaciones al procedimiento legislativo, 10 de los 11 ministros del Pleno de la SCJN declararon inconstitucional la Ley 248 de Comunicación Social del Estado de Veracruz que el rebaño del legislador morenista nativo de Hueyapan de Ocampo había aprobado en mayo de 2019. 

Pero esa no era la primera vez que la Suprema Corte les enmendaba la plana a los diputados coordinados por Gómez Cazarín. En total, hasta enero pasado la LXV Legislatura del Estado sumaba al menos 16 reveses contra decretos y leyes, así como acuerdos del Pleno. Las acciones de inconstitucionalidad han sido promovidas principalmente por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y en un caso por el Poder Ejecutivo Federal.

A principios de diciembre pasado terminaron sacrificando a la Subdirectora de Servicios Jurídicos del Congreso, Georgina Maribel Chuy Díaz. El aparente motivo fue el estruendoso escándalo mediático que generó el revés de la SCJN a la Reforma Constitucional en materia electoral, aprobada y publicada el 20 de julio de 2020, la cual ponía contra la pared –a menos de un año de los comicios municipales y de diputados locales– a los partidos de oposición y hasta al propio Órgano Público Local Electoral (OPLE), pues Gómez Cazarín y compañía promovieron un recorte a las prerrogativas partidistas y pretendieron desaparecer los 212 consejos municipales electorales, además de intentar blindar al gobernador Cuitláhuac García de la consulta ciudadana para la revocación de mandato del titular del Poder Ejecutivo, no obstante que  ya había sido aprobada e introducida en la Constitución Política federal por el Congreso de la Unión.

Lo más absurdo es que Cazarín y sus diputados ni siquiera sacaron legalmente bien la intervención en 2019 de la Tesorería de Mixtla de Altamirano, un paupérrimo municipio de la sierra de Zongolica, pues la Suprema Corte también declaró parcialmente inconstitucional ese proceso legislativo.

Su último lance al vacío fue el polémico Decreto 850, aprobado a finales de marzo pasado, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Ganadera para el Estado de Veracruz. Pero el 13 de mayo pasado, casi tres semanas antes de las elecciones, el consejero jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer Ibarra, promovió ante la Suprema Corte juicio de Controversia Constitucional reclamando que “el Ejecutivo Estatal transgredió el pacto Federal al emitir un Decreto que pretende otorgar facultades a las autoridades estatales en materia de Sanidad Animal que corresponden al ámbito de competencia de la Federación  y en particular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural…”

¿Será mera casualidad que, por razones de “equidad de género”, ahora Gómez Cazarín esté en riesgo de perder la diputación plurinominal? Y es que hay quienes recuerdan que, coincidentemente, desde la sucesión de 2018 Scherer Ibarra es el enlace del presidente Andrés Manuel López Obrador con los operadores político-electorales de Morena en Veracruz, a los cuales se les pasó la mano al arrasar en 26 de los 30 distritos electorales locales de la entidad.

No obstante su descrédito y el supuesto veto que tendría en Palacio Nacional, hay quienes aseguran que el diputado sureño repetirá en la siguiente Legislatura. Sin embargo, en caso de que lo consiguiera, aún estaría por verse también si nuevamente le confiarían la coordinación de la bancada de Morena y, por ende, la del Congreso local.

Y es que entre los candidatos triunfadores del partido gobernante que están por llegar al Palacio Legislativo de la avenida Encanto, de Xalapa, figuran otros diputados cercanos al gobernador Cuitláhuac García y a la poderosa secretaria de Energía, Rocío Nahle –fuerte aspirante a la gubernatura de 2024–, los cuales están fogueados en el oficio político y, sobre todo, son abogados de profesión.