Prefacio.

Son cifras negras, cifras que no debemos pasar por alto. En la primera mitad del sexenio de Andrés Manuel López Obrador han desaparecido 21 mil 546 personas. *** Ninguna otra administración, desde que se tiene registro, había tenido tantas desapariciones en su primera mitad. Jalisco, Ciudad de México y Michoacán son los estados con más reportes acumulados. *** Las mujeres son el 25% de las personas desaparecidas, especialmente entre los 15 y los 19 años de edad, un hecho que las autoridades vinculan al crecimiento del negocio de la trata de personas. *** Respecto a la cifra total de menores sin localizar, más de la mitad son mujeres. El 63% de las niñas, adolescentes y mujeres desaparecidas se concentran en siete estados: Estado de México, Tamaulipas, Jalisco, Nuevo León, Veracruz, Puebla y la Ciudad de México. *** En la actual administración del gobierno federal, se han localizado mil 749 fosas clandestinas y se han exhumado 3 mil 025 cuerpos, de los cuales han sido identificados mil 153 (el 38.1%); de estos, han sido entregados a sus familias 822 cuerpos. *** Son datos duros, que no debemos soslayar.

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“Al final, más allá de este escándalo y muchos otros de similar gravedad, la pregunta que queda en el aire es: ¿Dónde quedó el dinero?”.

Ese fue el remate de mi análisis del miércoles sobre la crisis financiera que enfrenta el Poder Judicial de Veracruz.

Ese mismo día, el diputado federal electo por Coatepec, José Yunes Zorrilla, retomó la interrogante:

“De verdad que el tema del Poder Judicial es grave, porque al final del día lo primero que se tiene que saber es si esos recursos realmente están llegando al Poder Judicial y si llegaron cómo se están usando y si no llegaron también es importante saber si se quedaron en el Gobierno del Estado o si no llegaron desde la Federación”.

No debemos perder de vista que el Poder Judicial no fue el único ente público, con porcentaje fijo de presupuesto (dispuesto así en la Constitución) que recibió menos recursos de los que por Ley le correspondían.

El presupuesto de la Universidad Veracruzana (UV) para el 2021 fue 2 mil 455 millones de pesos inferior a lo que le correspondía, como consecuencia de la reforma al artículo 72 de la Constitución publicada en la Gaceta Oficial el 17 de septiembre del 2020.

En esa modificación se advierte que “en el caso de órganos, organismos autónomos del Estado o entes públicos a los que esta Constitución o las leyes les asignen porcentajes específicos del presupuesto general del Estado, la base para su cálculo será el total de los ingresos de libre disposición”, y agrega: “Cuando las participaciones federales anuales al Estado se vean afectadas durante el ejercicio fiscal en curso, la Secretaría de despacho del Poder Ejecutivo competente en materia de finanzas y planeación hará los ajustes en las ministraciones estatales correspondientes a las dependencias centralizadas y entidades paraestatales del Poder Ejecutivo, así como a las de los Poderes Legislativo y Judicial, los organismos autónomos del Estado y demás entes públicos, en la misma proporción y periodicidad que lo haga la Federación”.

Estos candados, impuestos por el actual Congreso local, no fueron controvertidos por los órganos con porcentajes específicos del presupuesto (Poder Judicial, Fiscalía General del Estado y Universidad Veracruzana) y hoy están ´pagando las conecuencias.

Esa es la explicación de la falta de recursos en el Poder Judicial, no que no se ha explicado aún es la razón de que haya sido hasta ahora, cuando han transcurrido siete meses del año, que intentan tomar medidas para cubrir el déficit que enfrentan.

Desde el momento en que fueron notificados del presupuesto que les fue asignado, una simple revisión a los gastos fijos (nómina, prestaciones, servicios y renjtas, por ejemplo) se debieron percatar de que los recursos asignados serían insuficientes y debieron actuar en consecuencia.

Algo habrán hecho en la Fiscalía y en la Universidad para evitar caer en la insolvencia del Poder Judicial.

El artículo 315 del Código Penal para el estado de Veracruz establece, entre otras causales, que comete el delito de “ejercicio indebido del servicio público” quien (Fracción IV) “teniendo conocimiento por razón de su empleo, cargo o comisión de que pueden resultar gravemente afectados el patrimonio o los intereses de alguna dependencia o entidad de la administración pública estatal centralizada o municipal, organismos descentralizados, empresa de participación estatal mayoritaria, asociaciones y sociedades asimiladas a éstas y fideicomisos públicos, de órganos constitucionales autónomos, del Congreso del Estado o del Poder Judicial del Estado, por cualquier acto u omisión y no informe por escrito a su superior jerárquico o lo evite si está dentro de sus facultades”.

En ese mismo Código, en su artículo 320, se advierte: “Se impondrán de tres a diez años de prisión y multa hasta de cuatrocientos días de salario al servidor público que: I. Por razón de su empleo, cargo o comisión tenga conocimiento de que existe interés o posibilidad de lesionar el patrimonio de los Poderes Públicos o de alguno de los organismos autónomos de Estado, de alguna dependencia o entidad de la Administración Pública, estatal o municipal, y no lo informe a su superior jerárquico por la vía más rápida, y lo confirme por escrito o, en su caso, no evite el daño si está dentro de sus facultades hacerlo”.

Esto, con seguridad, lo conocen en la Fiscalía General del Estado, en el Poder Judicial y los asesores jurídicos de la Universidad Veracruzana.

¿Quién los llamará a cuentas?

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Epílogo.

El gobernador Cuitláhuac García emitió un decreto para exhortar a la población a “autorregularse” y hacer conciencia para evitar contagios en lo que llamó “la Primera Semana contra la Tercera Ola de Covid-19”, del 15 al 21 de julio, en todos los municipios de Veracruz. *** En el decreto publicado en la Gaceta Oficial del Estado, se hace un  llamado a presidentes municipales a contribuir para que la población siga las recomendaciones del Consejo Estatal de Salud, así como contralar eventos masivos. *** A nivel nacional, la Secretaría de Salud informó que en 24 horas los contagios confirmados de Covid-19 en México se incrementaron en 12 mil 116, para hacer un total de 2 millones 616 mil 827 casos. Los decesos también se elevaron, con 230 más que los reportados el martes, con un acumulado de 235 mil 507. *** Al menos son tres las entidades con más de tres mil casos activos, es decir, con capacidad de transmisión. La Ciudad de México, con 23 mil 821 contagios con síntomas en los últimos 14 días; le sigue el Estado de México con 5 mil 881, y Sinaloa, con 3 mil 310. Otros siete estados superan los 2 mil casos activos, y cuatro más superan los mil. *** Por lo que respecta a la Estrategia Nacional de Vacunación, se informó que el martes se vacunaron 654 mil 835 personas, para un acumulado de 51 millones 986 mil 413 dosis administradas. De los 36 millones 230 mil 549 mexicanos que ya han recibido al menos una dosis, 21 millones 108 mil 633 han completado su esquema de vacunación. *** La Secretaría de Salud indicó que a la fecha, el 40 por ciento de la población de 18 años y más en México ya recibió al menos una dosis, mientras que 13 estados superan la media nacional de inmunización de su población adulta.

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