Al pie de la letra.
Raymundo Jiménez García.
 

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La cuantificación objetiva de todos estos gastos detectados por los denunciantes y ocultados por el PAN, podrían llevar a la nulidad de la elección municipal
Yunes-Lobeira en aprietos
2021-07-22

Nunca como ahora, el Instituto Nacional Electoral (INE) había sido tan estricto en la fiscalización a los partidos políticos. Prueba de ello es que está por aplicar multas por un monto histórico global de mil 203 millones de pesos a todas las fuerzas partidistas por irregularidades detectadas en el manejo financiero de las campañas federal y locales, sanción que será sometida a la aprobación de su Consejo General en la sesión de este jueves.


La Comisión de Fiscalización del INE, por ejemplo, aprobó multar con 40 millones de pesos al PVEM por la contratación de los llamados “influencers” que promocionaron su oferta política en redes sociales en plena veda electoral, mientras que Movimiento Ciudadano sería castigado con 55 de millones de pesos por la difusión de mensajes en las  redes sociales de Mariana Rodríguez a favor de la candidatura de su esposo Samuel García, gobernador electo de Nuevo León, lo que no fue reportado entre las aportaciones a la campaña del abanderado del partido naranja. También dictaminó que a dichos gastos deben sumarse 27 millones de pesos correspondientes al monto económico de esos mismos mensajes.


Así que si la familia panista Yunes Márquez cree que podría salirse con la suya con el cuestionado triunfo electoral de Paty Lobeira –quien de última hora sustituyó a su esposo Miguel Ángel Yunes Jr. en la candidatura de la coalición PAN-PRI-PRD a la alcaldía del puerto de Veracruz–, bien podría llevarse tremenda sorpresa, ya que MORENA formuló un procedimiento presentado ante la Unidad Técnica de Fiscalización del INE sobre el presunto rebase del tope de gastos de campaña de los dos candidatos postulados por la alianza opositora, la cual será sancionada con 220 millones de pesos, alrededor de 20 por ciento del total nacional y estatal, por las multas acumuladas a nivel estatal y nacional de los tres partidos.


En el caso del puerto de Veracruz, el Organismo Público Local Electoral (OPLE) había establecido poco más de 2.8 millones de pesos como tope de gastos para la elección municipal porteña, integrando el financiamiento público y privado.


MORENA cuestionó que la coalición PAN-PRI-PRD contó con dos candidatos –pues Miguen Ángel Yunes Márquez fue sustituido por su esposa al ser anulada su candidatura por la falsedad en declaraciones ante la autoridad electoral sobre el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad– pero sólo reportaron un gasto total superior a 950 mil pesos, no obstante que debieron cambiar toda su propaganda.


Ante tal discrepancia en su ostensible gasto desmedido y la injerencia del Ayuntamiento porteño en la mencionada campaña, el equipo jurídico y electoral del candidato de MORENA, Ricardo Exsome, procedieron a tomar la matriz de precios de los proveedores registrados ante el INE, así como diversas cotizaciones sobre estos parámetros para poner a la vista del  órgano fiscalizador una cifra total de 9 millones 100 mil pesos de erogaciones reales del PAN y sus dos candidatos, Yunes Márquez y Patricia Lobeira.


Para el candidato morenista hay una diferencia sustantiva puesto que lo reportado por la coalición PAN-PRI-PRD representa poco más del 10 por ciento de la cuantificación realizada sobre publicaciones y videos expuestos en medios de comunicación y distintas redes sociales.


Ante estas acciones, la autoridad fiscalizadora procedió a integrar, radicar e instruir la queja interpuesta por la representación de MORENA y en forma paralela a realizar una investigación de carácter oficioso por el exceso en los gastos y el posible origen ilícito de estos recursos, al ser manifiesta la participación de servidores públicos del actual Ayuntamiento de Veracruz que preside Fernando Yunes Márquez, emparentado con ambos candidatos de Acción Nacional.


El objetivo de la queja es evitar que defraudadores profesionales dejen de reportar al INE lo que gastaron en sus campañas. Y es que algo ridículo es que sólo uno de cada cuatro eventos que realizaron fue reportado, calificando los tres restantes como “no onerosos”. Uno de estos es la publicitada marcha del 23 de mayo que fue promocionada en medios de comunicación y redes sociales como un evento multitudinario, cuando en forma tramposa y fraudulenta se reportó la cancelación del citado evento a la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF). Se trata del evento del que ellos alardearon con imágenes captadas por un dron del la mega marcha sobre la avenida Independencia, en la que varios de los asistentes portaban caretas y playeras con la leyenda “Todos somos Miguel”, en alusión a Yunes Márquez.


De aquí la relevancia de este procedimiento que por un lado será resuelto en dos tiempos, primero a partir de la sesión del Consejo General del INE de este jueves 22 de julio, en la que se dictaminará sobre todas las campañas en el estado de Veracruz, y luego hacia la conclusión de las mencionadas investigaciones que deberán quedar resueltas a más tardar el 19 de agosto del año en curso.


En conclusión, la cuantificación objetiva de todos estos gastos detectados por los denunciantes y ocultados por el PAN, podrían llevar a la nulidad de la elección municipal del puerto de Veracruz, dejando inelegible a las y los candidatos que hayan rebasado el tope de gastos de campaña. En cambio, el partido blanquiazul no interpuso denuncia alguna contra MORENA.


Este miércoles, además, el diputado federal Ricardo Exsome difundió en su cuenta de Twitter: “Esto aún no termina!!! Por eso nuestro abogado Pedro Chirinos estuvo en la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, dando seguimiento a las denuncias por la intervención del alcalde en la elección del Ayuntamiento de Veracruz. Las investigaciones van caminando y confiamos en que las autoridades le harán justicia a los veracruzanos”.

 
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