Antes de ocupar ese cargo -al que llegó todavía durante la corta y malograda gestión de Sofía Martínez Huerta y desde donde maneja las finanzas de todo el Poder Judicial-, Bautista Flores se desempeñaba como secretaria particular del subsecretario de Administración y Finanzas de la Secretaría de Finanzas y Planeación, Eleazar Guerrero Pérez, primo hermano del gobernador Cuitláhuac García Jiménez. Así que representa los intereses de ese grupo, que ha convertido al TSJEV en un espantajo que abdicó de su autonomía constitucional para postrarse a las órdenes y servir sin disimulo a los intereses del Ejecutivo estatal.
Y vaya que se han servido. En su justificación para la desaparición de 29 juzgados -entre los que se encuentran los especializados en materia familiar y microrregionales- por el “déficit” de 500 millones de pesos que arrastra el TSJEV, Isabel Inés Romero Cruz argumentó que el dinero se destinaría para la creación de juzgados laborales.
Sin embargo, en el presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2021 por el pleno del Consejo de la Judicatura el 6 de octubre del año pasado, consta que se previeron recursos para el Tribunal Superior de Justicia del Estado por 22 millones de pesos correspondientes al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), mientras que otros 120 millones de pesos fueron dispuestos para la construcción de los 16 juzgados laborales, cuya fuente de financiamiento son también recursos federales. Ello consta en el acta aprobada por el Consejo de la Judicatura, de la cual quien esto escribe cuenta con una copia. Específicamente ese recurso ya se encontraba presupuestado por la Federación.
¿Acaso la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dejó de ministrar los recursos aprobados por el Congreso? O bien, quizás la pregunta adecuada sea ¿a dónde fue a parar ese dinero, en pleno año electoral, que se les acabó a la mitad del ejercicio fiscal, lo cual tendría que generar responsabilidades penales cuando se fiscalice, pues evidentemente constituye daño patrimonial?
Y eso es apenas una “probadita” del rosario de irregularidades y manejos turbios e ilegales que envuelven al Poder Judicial del Estado donde, como ya se ha analizado en la Rúbrica, las Ciudades Judiciales juegan un rol determinante en un desfalco monumental en el que están implicadas las anteriores administraciones del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial estatales, así como empresarios de la élite veracruzana y hasta importantes consorcios aduaneros, que se “fueron al agua” con las obras que les entregaron a través de la figura de las Asociaciones Público Privadas (APP).
Por supuesto que quienes están hoy al frente de los tres poderes en el estado no se salvan de la “quema”, pues como lo denunció en su momento la defenestrada Sofía Martínez, desde el Ejecutivo decidieron no tocarle un “pelo” a esos contratos, y como ella se negó a avalar el “cochinero”, entre el Legislativo y el Judicial maquinaron su destitución.
El asunto ya creció y llegó al presidente de la República, que al menos discursivamente les puso el dedo en la llaga de la corrupción. Y de la cual todavía va a salir mucha pus.
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