Así, de acuerdo con la página oficial del ORFIS, del 2017 están en proceso de investigación 67 casos (2 estatales, 64 municipales y 1 paramunicipal); de los cuales 32 de ellos ya fueron objeto de denuncias penales por un presunto daño patrimonial de 786.8 millones de pesos.
Del 2018 están aún en proceso de investigación 149 entes fisclizables, de los cuales apenas se han interpuesto 3 denuncias penales por 33.3 millones de pesos, pero no se descarta quemuy pronto haya más.
Para poner un ejemplo, la denuncia relativa al Sistema Estatal de Videovigilancia, realizada ante la Fiscalía Nacional Anticorrupción de la FGR y radicada con número de expediente FED/FECC-VER/0000114/2019 por un monto de mil 44.5 millones de pesos, no se incluye en la relación anteriormente descrita, ya que ésta es resultado de la revisión en atención al exhorto publicado en la Gaceta Oficial del Estado Número Extraordinario 518 de fecha 27 de diciembre de 2018.
Así, detrás de todas esas denuncias penales -y las que surjan de los procesos de investigación pendientes- hay en capilla un enorme número de exfuncionarios estatales y municipales a los que les espera un largo tiempo para reflexionar y prepararse para pasar un buen tiempo en el hotel de 5 estrellas de Pacho Viejo, de prosperar las denuncias en las Fiscalías.
El problema es que a pesar de todo, a pesar de que existen denuncias y se procede con rigor, a los funcionarios parece no impártales pues en los ejercicios del 2019 y 2020 hubo otra gran cantidad de ex y actuales funcionarios estatales y municipales que continuaron con las malas prácticas administrativas y de corrupción.
Ojalá haya castigos ejemplares para todos aquellos que pensaron que jamás les iban a caer en sus turbias maromas.
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