Buena parte de la polémica se centra en las reformas a la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR). El dictamen crea un denominado “Régimen Simplificado de Confianza” que abarca a todos los pequeños contribuyentes, como las personas físicas con actividad empresarial, los emprendedores y dueños de pequeños negocios cuyos ingresos no rebasen los 3.5 millones de pesos anuales, y que pagarán una tasa de entre 1 y 2.5 por ciento, sin derecho a deducciones. Los que rebasen el tope de ingresos, pagarán una tasa de ISR que podría llegar hasta 30 o 35 por ciento.
Esta reforma elimina el Régimen de Actividades Agrícolas, Ganaderas, Silvícolas y Pesqueras para las personas físicas del sector primario, los productores agrícolas, lo que para organismos como la Confederación Nacional Campesina (CNC) representa un “golpe fiscal” que “ignora las adversidades por las que tiene que pasar el productor”, ya que aumentarán sus obligaciones y prácticamente se anulan los incentivos fiscales.
“Actualmente, un productor por ingresos exenta impuestos hasta por un millón 300 mil pesos. Y para los medianos productores hay una reducción de la tasa de hasta 40 por ciento. Por ese millón 300 mil, con el nuevo régimen el productor pagaría 26 mil pesos; sin embargo lo más grave es que si el productor forma parte de una persona moral, sea productiva o incluso asociación civil, pagaría impuestos como una persona física con ingresos por actividades empresariales y profesionales, es decir, pagaría más de 300 mil pesos. De ese tamaño es el golpe al sector”, enfatizó la CNC en un comunicado.
Pero uno de los rubros más delicados es el que concierne al tope a las donaciones. Bajo el pretexto de “frenar” los donativos “sospechosos”, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público limita las deducciones personales en materia de donativos, restringe la diversificación de las fuentes de ingresos de las organizaciones de la sociedad civil y las obliga a subsistir de donativos. O en pocas palabras, las coloca al borde de la desaparición, pues desincentiva por completo la cultura de la donación.
Organismos civiles de defensa de derechos humanos, filantrópicos y de variada índole criticaron esta medida desde que se conoció de su inclusión en el paquete fiscal para 2022, pues atenta contra la viabilidad financiera de asociaciones que juegan un papel protagónico en diferentes causas sociales que el gobierno -los anteriores y el actual- no atiende.
Y todavía peor –y lo que se percibe como el verdadero fondo- es que se debilitan las redes de solidaridad de la sociedad civil y se cancela cualquier alternativa para que sea ésta la que determine una agenda de los problemas a atender de manera urgente. Porque el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no quiere competencia desde y con la sociedad civil organizada, sino su desarticulación y control absoluto.
El camino está trazado: el régimen se enfila a aplastar la iniciativa social y personal en nombre de la estatización de la vida del país. Y por supuesto, sacarle al “pueblo” todo el dinero que pueda, aunque luego se niegue a invertirlo en lo que en realidad se necesita.
Eso aprobaron los diputados “cuatreros”.
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