A pesar de que el actual gobierno mexicano promovió una reforma legal para que la “corrupción” a secas fuera considerada un delito grave y, en consecuencia, merecedor de cárcel en automático, Lozoya no puso un pie en prisión alguna a su retorno a México.
Este delincuente –como él mismo admitió serlo al aceptar los cargos que le imputaron- recibió un trato privilegiado por parte de la Fiscalía General de la República, que lo mandó para su casa con la única restricción de firmar cada 15 días y no salir de la Ciudad de México. Ni siquiera le impuso prisión ni arraigo domiciliario, como ha quedado claro con la “escapada” de este fin de semana que lo que en realidad evidencia es la brutal impunidad con la que este sujeto -personificación de todo lo que llevó a una mayoría a quebrar el sistema en las elecciones de 2018- se burla de todos los mexicanos.
Impunidad ganada a cambio de acusar –sin presentar más pruebas que sus dichos- a opositores del actual gobierno de haber recibido sobornos entregados ¡por él mismo! para aprobar las reformas estructurales del primer tramo del sexenio de Peña Nieto. Lo “premiaron” por ser un delator –un “sapo”, en el argot del crimen organizado- y ahora anda como si nada, feliz de la vida, gozando del dinero malhabido sin que, además, el gobierno de la “honestidad valiente” le toque un centavo.
Muy diferente al trato que desde el poder se le da a quien no acepta “colaborar” ni ser un títere de la “4t”, como la comunidad académica y científica perseguida demencialmente por el lopezobradorismo que lo mismo es capaz de imputarle cargos de “delincuencia organizada” por manejar fondos de acuerdo con lo que la ley establecía en su momento, que de instrumentar y alentar campañas de linchamiento en contra de las instituciones de educación superior que no se ciñen a los caprichos oficiales, a riesgo de provocar condiciones de desestabilización de enorme riesgo.
Ni qué decir de cómo se procesan los rencores en la “cuarta transformación”. A pesar de que legalmente podría enfrentar sus cargos fuera de la cárcel –como Lozoya-, Rosario Robles lleva dos años en el reclusorio de Santa Martha Acatitla, producto de una venganza personal del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Para eso se manipulan las instituciones y se aplica justicia selectiva en el reino de la simulación.
¿Para cuándo Benítez, Deantes, Aguirre y Del Castillo?
Lo mismo puede decirse en el caso de la detención este fin de semana en Xalapa del ex secretario de Finanzas y Planeación del gobierno de Veracruz, Antonio Gómez Pelegrín, el último de la administración de Javier Duarte y quien estuvo unos cuantos meses en el cargo.
Resulta que a él le están cargando todas las raterías del duartismo. ¿Y para cuándo van a la cárcel los que verdaderamente se “fueron al agua” con el erario veracruzano, como Vicente Benítez, Gabriel Deantes, Carlos Aguirre o Juan Manuel del Castillo?
¡Ah! Es que ellos sí se pusieron “a mano”.
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