Pese a ser egresado de las mejores universidades del país y del extranjero –estudió Economía en el ITAM, Derecho en la UNAM y cursó un posgrado en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard–, Emilio Lozoya Austin parece no haber entendido que su caso no era para llevar ante los tribunales al ex presidente  Enrique Peña Nieto y ni siquiera a su cómplice Luis Videgaray, ex secretario de Hacienda y ex canciller –con los que supuestamente se habrían hecho acuerdos para pactar la tersa entrega del poder en 2018 al candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador–, sino para desacreditar y perseguir penalmente a los principales opositores a las reformas obradoristas, especialmente a los del PAN, entre ellos a Ricardo Anaya, quien aspira a contender nuevamente por la Presidencia de la República en 2024.

El ex director de Pemex, quien desde julio de 2020, cuando fue extraditado de España, jamás había pisado un juzgado en México, sólo tenía que mantener un bajo perfil y seguir acusando y aportar supuestas pruebas contra los ex diputados federales y ex senadores de Acción Nacional que en 2013 aprobaron la reforma energética de Peña. Pero el show político-mediático, del que era el actor principal, se vino abajo cuando el pasado 9 de octubre cometió la imprudencia de abandonar su mansión para salir a cenar con un par de amigas –una de ellas heredera de la más antigua casa productora de tequila– a un lujoso restaurante de Lomas de Chapultepec, famoso por su platillo de Pato a la Pekín, donde tuvo la mala fortuna de toparse con la periodista Lourdes Mendoza, que lo demandó penalmente por difamación, ya que la había implicado también en su lista de sobornados. La columnista de El Financiero y colaboradora de otros medios más subió fotografías y un video a las redes sociales, lo que detonó un escándalo que causó gran enojo en Palacio Nacional y provocó una fuerte reprimenda al fiscal Alejandro Gertz Manero, motivando que casi un mes después la Fiscalía General de la República (FGR) solicitara al juez federal que le modificara la medida cautelar por la de prisión preventiva justificada.

Desde hace un año, Lozoya debió percatarse que el interés del presidente López Obrador no es proceder penalmente contra su antecesor, pues si eso realmente pretendiera ya lo hubiera hecho desde hace un buen rato el mandatario de Morena.

Y es que muy pocos lo recuerdan, pero casualmente desde el 6 de noviembre de 2020 el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, ahora compañero Lozoya en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, afirmó a través de su cuenta de Twitter que estaba dispuesto a declarar ante la FGR todo lo que sabe del caso Odebrecht y el ex presidente Peña Nieto.

“Lo hago simplemente con la intención de aclarar y apoyar en la investigación de este caso y, sobre todo, que se sepa la verdad. @FGRMéxico”, tuiteó Duarte de Ochoa.

“Para prueba un botón: en 2012 siendo ya @EPN presidente electo de México, realizó una gira por Sudamérica y uno de los puntos que visitó fue Sao Paulo, en Brasil. Estando en esa ciudad estuvo en casa de Marcelo Odebrecht.

“Ahí me llamó vía telefónica para solicitarme (instruirme) que acelerara todos los trámites y obras que el gobierno del estado de Veracruz tuviera pendientes para que Etileno XXI pudiera arrancar lo antes posible, ya que él tenía un compromiso muy grande con estas personas. Por el apoyo que había recibido para su campaña presidencial. Tengo la disposición de declarar todo lo que me consta en este caso ante la autoridad correspondiente, sin necesidad de solicitar ningún criterio de oportunidad o beneficio”, ofreció Duarte de Ochoa, pero inexplicablemente la FGR no le tomó la palabra. ¿Lo hará ahora el fiscal Gertz Manero? Ya veremos si hay pacto o no de impunidad con Peña Nieto.

DOMINGO BAHENA EN REBELDÍA

Dicen vecinos del fraccionamiento Cumbres donde el ex panista Domingo Bahena Corbalá tiene su domicilio particular, que el secretario general de la saliente LXV Legislatura local ya se empieza a despedir, por lo que puede darse a la fuga sin hacer frente a la deuda de más de 800 mil pesos contraída de forma maliciosa y fraudulenta por el arrendamiento de una bodega que desde hace tres años ocupa en la colonia Rafael Lucio, de esta ciudad de Xalapa.

Tan es así que este jueves 4 de noviembre, los representantes legales de la arrendadora acusaron formalmente de rebeldía al ex diputado y ex alcalde de Jáltipan ante el Juez del Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Xalapa, que lleva el expediente del juicio civil 681/2018/III, ya que señalan que el funcionario del Poder Legislativo no ha realizado la contestación de la demanda, misma que fue emplazado desde el día 2 de octubre pasado, solicitando no se le admitan las pruebas que ofrezcan, toda vez que al no contestar ni controvertir los hechos, ni el capítulo de derecho, no tiene nada que probar, al haber sido omiso.

Y es que como ya se publicó en este mismo espacio, en días pasados quisieron hacer creer a dicho Juzgado que la persona que recibió la notificación de emplazamiento no conocía al demandado, y que por su voluntad hacía la devolución de la citada notificación, cuando lo cierto es que sí se le entregó el emplazamiento y desconoce el escrito presentado por los abogados de Bahena Corbalá, quienes pretenden hacer uso de las influencias políticas para defraudar a la arrendadora.