El periódico Milenio dio a conocer que la periodista Azucena Uresti (de Milenio Televisión) recibió una carta del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, en la que niega haber ordenado o participado de alguna manera en la desaparición de personas durante su mandato.
“Jamás en toda mi vida he participado, ni ordenado privar ilegalmente de su libertad, asesinar, o desaparecer a persona alguna”, habría plasmado en su misiva.
Como principal argumento en su defensa, Duarte de Ochoa plantea: “¿qué ganaba yo con la desaparición de sus familiares? Al contrario, cada vez que durante mi gobierno alguien era desaparecido me llovían los ataques y las críticas, las cuales siempre respeté y encaré con responsabilidad”.
Apunta también –aunque advierte que no se trata de una excusa- que el delito de desaparición (forzada de personas) en el estado “no es privativo sólo al tiempo en que me desempeñé como gobernador del estado, éste ha continuado y si se analizan fríamente los números, inclusive, ha ido en ascenso”.
El artículo menciona que exgobernador de Veracruz –que se encuentra detenido en el reclusorio Norte de la Ciudad de México- “escribió de su propio puño en hojas de cuaderno cuadriculadas la misiva en donde enfatizó que no existe señalamiento en su contra de ninguna autoridad de que haya participado en este aberrante delito”.
En algunos puntos Javier Duarte tiene la razón, pero está claro que la denuncia que pesa en su contra –fabricada o no- tiene una explicación.
La denuncia tiene su origen en el descubrimiento de cuerpos sin vida inhumados de manera clandestina en la barranca “La Aurora”, muy cerca de la comunidad Ojuelos, del municipio de Emiliano Zapata, y a unos cuantos kilómetros (no llega a 10) de la academia de la policía estatal en El Lencero.
En total, según las carpetas de investigación, en ese sitio fueron encontrados 19 cuerpos, pero “por indicaciones de la superioridad” sólo fue reportado el hallazgo de seis.
Por esas inconsistencias fue detenido quien en aquel tiempo fungía como director de los Servicios Periciales, mientras que elementos de la policía estatal fueron aprehendidos por su probable participación directa en la tortura, el homicidio y la desaparición de esas 19 víctimas.
Es ahí donde se empieza a torcer la ruta de la investigación. Los detenidos fueron torturados para obligarlos a señalar a sus superiores como los que les dieron la instrucción de asesinar y desaparecer a esas personas.
Hay testimonios de los colectivos de búsqueda en el sentido de que la Fiscalía General del Estado (FGE) en ese entonces a cargo de Jorge Winckler, les ofreció a los detenidos “criterios de oportunidad” (esto es, convertirlos en testigos protegidos lo que, cabe aclarar, está prohibido para este tipo de delitos) a cambio de que asentaran en su declaración que recibieron órdenes directas de quien fungió como secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez, y del anterior fiscal, Luis Ángel Bravo y que les habrían escuchado decir que la instrucción había surgido del gobernador Javier Duarte.
En virtud de que por esa ruta la acusación era muy endeble, la Fiscalía acusó al exgobernador de haber sido quien ordenó que se ocultara la aparición de los otros 13 cuerpos, lo que en automático lo involucraba como partícipe del delito.
El artículo 27 de la “Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas”, señala que “comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público o el particular que, con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público, prive de la libertad en cualquier forma a una persona, seguida de la abstención o negativa a reconocer dicha privación de la libertad o a proporcionar la información sobre la misma o su suerte, destino o paradero”.
Esa “negativa a proporcionar información” es la acción ilícita que se le atribuye al gobernador. No se habla de que él haya ordenado dichas desapariciones o que él estuviera enterado de ellas, sino que, al momento de ser informado del hallazgo –que habría sido en dos momentos: primero seis cadáveres y más tarde los otros 13- habría ordenado que se limitaran a admitir sólo la existencia de los primeros seis cuerpos.
Demostrar la responsabilidad de Javier Duarte en esos hechos es casi imposible, más aún cuando los servidores públicos que fueron detenidos por ese proceso han obtenido su libertad, cuando demostraron que fueron sometidos a tortura.
Pero al actual gobierno -cada día más parecido al del bienio yunista- lo que realmente le importa es el golpe mediático: presumir que ellos sí castigan a los criminales, “no como los gobiernos neoliberales” y ya si más adelante –después del 2024- el exgobernador es dejado en libertad, jurarán que su salida obedece a “pactos oscuros”.
Lo que los policías y servidores sostienen, aunque no está asentado en ninguna declaración ministerial, es que los cuerpos encontrados corresponden a sujetos que formaban parte de bandas del crimen organizado. Por supuesto esa versión es totalmente opuesta a la que poseen los colectivos de búsqueda.
La posibilidad de procesar a Javier Duarte por este delito todavía está en suspenso, pues aunque el gobierno de Guatemala autorizó al de México para hacerlo, se presentó en aquel país un recurso jurídico que aún no ha sido resuelto.
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Epílogo.
La resolución del Tribunal Electoral del estado (TEV) de anular la elección municipal en el municipio de Veracruz, se dio con una votación dividida: de los tres magistrados que integran dicho Tribunal, dos (Tania Celina Vázquez Muñoz y Eduardo Sigala Aguilar) estuvieron a favor de la anulación, en tanto que la magistrada presidenta Claudia Díaz Tablada votó en contra de dicha determinación. *** Son sólo tres magistrados y el período de Claudia Díaz Tablada en la Presidencia ya concluyó, por lo que entre los tres tenían que definir a quien la sustituyera. O era Tania Vázquez o era Eduardo Sigala, no existía ninguna otra opción. Finalmente los tres magistrados estuvieron de acuerdo en que ocupara dicho cargo Eduardo Sigala. No hay, pues, forma de inventar un “pago de factura” por la anulación de la elección en el puerto jarocho. *** Quienes así lo ven, buscan fantasmas donde no los hay. *** Orondo, pagado de sí mismo, el secretario de Finanzas José Luis Lima Franco anuncia que ya se están “dispersando” los 6 mil millones de pesos que corresponden a las prestaciones de fin de año en el gobierno estatal. *** El funcionario presume que esto es resultado de su política de saneamiento de las finanzas estatales. Lo que no dice es que, para cumplir con esta obligación ha tenido que recurrir, una vez más, a la contratación de deuda. *** México acumuló 296 mil 983 muertes confirmadas por Covid-19, que son 262 más que el día anterior. *** Sobre la tendencia de la epidemia hasta la semana 48, hoy se observa una disminución de contagios de solo 2 por ciento en comparación con la semana anterior. *** Respecto a la vacunación, se reportó la aplicación el lunes de 548 mil 220 dosis contra Covid-19. Hasta el momento, 80 millones 966 mil 414 personas han sido vacunadas con al menos una dosis. *** De estas personas, el 82 por ciento ya cuenta con esquema completo (66.3 millones) y el 18 por ciento restante (14.6 millones) tiene medio esquema, por lo que está pendiente de su segunda aplicación. *** El gobierno federal ha recibido 191 millones 197 mil 585 vacunas, de las cuales ha reportado la aplicación de 137 millones 919 mil 624.
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