Salomón Molina, como se recordará, sustituyó de última hora como candidato a presidente del CDE a Tito Delfín, ex alcalde de Tierra Blanca que desde finales de noviembre se encuentra bajo prisión preventiva por un proceso penal iniciado en 2017 por los presuntos delitos de fraude y abuso de autoridad cometidos durante su administración municipal.
Presuntamente, la detención del exmunícipe terrablanquense, la disputa en tribunales de la alcaldía porteña y el encarcelamiento de otros excandidatos panistas, como Nicolás Ruiz Roset, de Minatitlán, habrían sido expuestos en la reunión que la cúpula nacional del PAN, encabezada por el dirigente Marko Cortés Mendoza, sostuvo el antepasado lunes 13 con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández.
Seguramente el empoderamiento de la familia Yunes Márquez debió caer como balde de agua helada a los morenistas y expriistas, ahora aliados de la 4T, que aseguraban desde 2018 que el jefe del clan, el exgobernador Yunes Linares, terminaría tras las rejas una vez que López Obrador y Cuitláhuac García asumieran el poder.
Sin embargo, pese a las denuncias acumuladas en la FGE y FGR en contra de los Yunes, hasta ahora ninguno ha sido obligado a comparecer.
La última denuncia penal fue presentada en mayo pasado en contra de Miguel Ángel Yunes Márquez. El entonces diputado federal de Morena, Julio Carranza, lo acusó ante la FGR de traficar contratos con empresas fantasma por alrededor de 350 millones de pesos en el sector salud durante la administración estatal de su padre (2016-2018).
Carranza aseguró que poseía la documentación que acreditaba el presunto delito.
“La Secretaría de Salud de Yunes Linares entregaba contratos millonarios a dichas empresas que sobrepasan el costo de los servicios que ellos generaban, de ese dinero que recibían pagaban un soborno a funcionarios de la Secretaría de Salud y el dinero que llegaba a las empresas que supuestamente prestaban el servicio, lo movían a través de una sofisticada red”, señaló el entonces secretario de la Comisión de Marina en la Cámara de Diputados.
El legislador mencionó a dos personajes en la presunta triangulación de recursos, mismos que terminaban por entregarle los recursos a otras personas y de ahí al hijo del gobernador.
“El dinero iba a cuentas de Ricardo Medina Hernández y Román Corrón Chávez quienes lo entregaban a unos personajes y ellos a Miguel Ángel Yunes Márquez”, rescató el diario Milenio de una de sus declaraciones a medios de comunicación.
Finalmente, reiteró su compromiso al enterarse de los presuntos desvíos y aseguró que se vio “obligado” a actuar de dicha manera.
“Como ciudadano y diputado federal estaba obligado a denunciar el mal manejo de los recursos del pueblo, que se han ido a las bolsas de una sola familia, los Yunes. Lo que nos corresponde como ciudadano y como funcionario público, es denunciar estos hechos para que la Fiscalía se encargue de hacer su trabajo”, declaró en aquella ocasión.
Esta no era la única investigación en torno a la familia Yunes, pues pasado 18 de abril de este año la FGR de Alejandro Gertz Manero informó también que había abierto una investigación contra el ex gobernador.
A través de un comunicado oficial, la FGR explicó que derivado de un par de denuncias contra el militante del PAN se procedería con la investigación “ya sólo se está en espera de la información requerida al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), para con ello avanzar en el procedimiento y en su caso, establecer las presuntas responsabilidades que puedan derivarse de dicha investigación”.
En 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a cargo entonces de Santiago Nieto, había presentado también dos denuncias por enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita que tuvieron lugar, presuntamente, durante la gestión de Yunes Linares en el ISSSTE (2006-2010).
Aunado a esto, en 2019, Lorenzo Antonio Portilla, a la sazón auditor general del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) del Estado de Veracruz, señaló presuntas irregularidades ante la FGR. Una de ellas fue en la contratación del sistema de video vigilancia de la entidad.
De acuerdo con lo pactado, el sistema de vigilancia comprendió la instalación de 6 mil 476 videocámaras en distintos puntos de la entidad. Para materializar el servicio, se celebró un contrato por 1 mil 100 millones de pesos, recursos de origen federal; no obstante, se señalaron incumplimientos de calidad en el equipo puesto en operación.
Al respecto, el ex gobernador aseguró que se trataba de “una estrategia para lastimar a mis hijos”, porque dizque se encontraban en campaña.
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