A nadie conviene un Senado violatorio -por acción o por omisión- de su propósito esencial: el cumplimiento de la ley.
A nadie conviene un choque como el protagonizado los días que corren por el gobierno veracruzano y la Cámara de Senadores porque sea cual sea el resultado final habremos de perder todos…
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A nadie nos conviene un gobierno de ningún nivel confrontado consigo mismo a partir de la ausencia del diálogo y la imposición de la pugna por intereses particulares que marginan el respeto a la ley o -peor aún- desde el mayoriteo antidemocrático modifican el estado de Derecho, lo vuelven en contra de su propio espíritu jurídico y aquella estructura llamada Contrato Social por Rousseau (1) asoma rodeada por riesgos de autoritarismo.
LIBRO PRIMERO
“Quiero averiguar si puede haber en el orden civil alguna regla de administración legítima y segura tomando a los hombres tal como son y las leyes tales como pueden ser. Procuraré aliar siempre, en esta indagación, lo que la ley permite con lo que el interés prescribe, a fin de que la justicia y la utilidad no se hallen separadas. Entro en materia sin demostrar la importancia de mi asunto. Se me preguntará si soy príncipe o legislador para escribir sobre política. Yo contesto que no, y que por eso mismo es por lo que escribo sobre política. Si fuese príncipe o legislador, no perdería el tiempo en decir lo que es preciso hacer, sino que lo haría o me callaría. Nacido ciudadano en un Estado libre, y miembro del soberano, por muy débil influencia que pueda ejercer mi voz en los asuntos públicos, me basta el derecho de votar sobre ellos para imponerme el deber de instruirme: ¡dichoso cuantas veces medito acerca de los gobiernos, por encontrar en mis investigaciones razones para amar al de mi país!”. JEAN-JACQUES ROUSSEAU CONTRATO SOCIAL.
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A nadie nos conviene un Estado incapaz de ejercer el monopolio de la violencia descrito por Max Weber:
«El Estado [moderno] sólo se puede definir sociológicamente por referencia a un medio específico que él, como toda asociación política, posee: la violencia física. «Todo Estado está fundado en la violencia», dijo Trotsky en Brest-Litowsk. Objetivamente esto es cierto. Si solamente existieran configuraciones sociales que ignorasen el medio de la violencia, habría desaparecido el concepto de Estado y se habría instaurado lo que, en este sentido específico, llamaríamos anarquía. La violencia no es, naturalmente, ni el medio normal ni el ?único medio de que el Estado se vale, pero sí es su medio específico. Hoy, precisamente, la relación del Estado con la violencia es especialmente íntima. En el pasado las más diversas asociaciones, comenzando por la asociación familiar (Sippe), han utilizado la violencia como un medio enteramente normal. Hoy, por el contrario, tendremos que decir que Estado es aquella comunidad humana que, dentro de un determinado territorio (el territorio es un elemento distintivo), reclama (con éxito) para sí el monopolio de la violencia física legítima. Lo distintivo de nuestro tiempo es que a todas las demás asociaciones e individuos sólo se les concede el derecho a la violencia física en la medida en que el Estado lo permite. El Estado es la única fuente del derecho a la violencia.” (2)
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Para ser específicos, un Estado como el mexicano ejerce su violencia sociológicamente válida a través de las fuerzas armadas; también la ejecuta vía sus instrumentos civiles -policías- dotados de capacidad de fuerza física, entrenamiento, marco jurídico, armamento y aplicación cotidiana contra grupos confrontados al Estado.
Veracruz es una entidad federativa incluida en un Pacto Federal; con un gobierno, un territorio, una constitución y una población propias y en consecuencia forma parte del Estado mexicano.
Dicho lo anterior el inicio particularmente violento del ejercicio de poder 2022, asomado vía masacres en el camino de Santiago Tuxla a Ciudad Isla y en la población de Rinconada -municipio de Emiliano Zapata- amén de asesinatos de parejas en Xalapa, Sayula de Alemán e individuos en Córdoba, Coatzacoalcos, San Rafael, Nautla…constituye una muestra más -hay muchas masacres previas durante lo que va del siglo XXI en Veracruz- del reto al concepto de Weber: “El Estado es la única fuente del derecho a la violencia.”
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Visto tal estado de cosas en contexto, tenemos varios frentes de cara al gobierno veracruzano:
- El incremento en la penalidad del delito de Ultraje a la Autoridad, cuya intención original (Cuitláhuac García Jiménez dixit) era dotar a la fuerza pública del gobierno de una mayor protección frente a los ataques por parte de fuerzas armadas ajenas, ilegales y por tanto enemigas del Estado; acción implementada por la Legislatura traducida en confrontación con el Senado de la República por su aplicación contra civiles inocentes y contra rivales políticos…
- Además del choque mediático e institucional del Gobierno de Veracruz vs El Senado -con mediación a guisa de arbitraje de la Presidencia de la República y la Secretaría de Gobernación- el asunto generó una recomendación oficial de peso: “La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 146/2021 al gobernador del estado de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, por violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica y a la libertad personal, derivadas de la detención arbitraria y la imputación indebida de hechos por parte elementos policiacos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado (SSP) y de personal adscrito a la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGEV).(3)
- Las personas referidas son seis jóvenes detenidos durante el último cuatrimestre del 2021 en una plaza comercial de Xalapa, acusados de ultraje a la autoridad y defendidos por el Senador Ricardo Monreal vía una serie de mensajes cuya escalada tomó visos de crisis política con el jefe del ejecutivo veracruzano como coprotagonista.
- Este tema se vinculó por afanes o por errores de cálculo político con el encarcelamiento de Juan Manuel Del Río Virgen, Secretario Adjunto de la JUCOPO en la Cámara Alta del Congreso, gente muy cercana al Senador Ricardo Monreal y acusado de la autoría intelectual de un asesinato ocurrido seis meses atrás -el cuatro de junio- durante la elección de alcalde en Cazones de Herrera.
- La detención de Juan Manuel Del Río Virgen responde a una práctica común en la Fiscalía veracruzana: la resurrección de expedientes extrañamente resguardados por años o por meses, en contra de personajes políticos rivales del grupo de MORENA en el poder estatal.
- Así ocurrió con Rogelio Franco, Ramón Ortiz, Gregorio Gómez y con Tito Delfín, entre otras personas…
- Tamaña causalidad generó la creación de una Comisión Senatorial para revisar potenciales abusos de autoridad violatorios del estado de Derecho por parte del gobierno veracruzano.
- Dicha Comisión Senatorial requiere de la aprobación del Pleno para contar con el aval jurídico respectivo.
- Mientras tanto opera en recabar datos y quejas sustentadas; ya veremos si el pleno del Senado la respalda o Dante Delgado y Ricardo Monreal, sus impulsores, no llegan más allá.
- De recibir el aval por sus compañeros Senadores habría un logro muy importante no tomado en cuenta hasta el momento: la reivindicación de la dignidad político institucional del Senado, estropeada por el señalamiento de asesino de su Secretario Adjunto en la JUCOPO.
- Desde luego, la reivindicación absoluta al respecto depende de que Juan Manuel Del Río Virgen sea hallado inocente pues de ratificarse su culpabilidad nuestros Senadores protagonizarán un grave ridículo histórico.
- A ese nivel están las cosas en este choque Gobierno de Veracruz vs Senado de la República; al margen del aval político -una y otra vez- a favor de Cuitláhuac García Jiménez por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador.
- De hecho, si Del Río Virgen resulta inocente ni los abrazos de AMLO salvarán a García Jiménez de un papelazo político tan patético como grave…
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No es posible visualizar las matanzas del camino entre Santiago Tuxtla y Ciudad Isla, así como la de Rinconada, municipio de Emiliano Zapata (conurbado con la capital, Xalapa) y los casos de parejas ultimadas en Xalapa y Sayula de Alemán, al margen del contexto postelectoral 2020-2021.
Tal proceso aún late, vive nuevas etapas y desde su nacimiento, su desarrollo así como la búsqueda de su conclusión ha estado ligado indefectiblemente a la violencia dentro del estado de Derecho -candidato presos- y fuera del estado de Derecho -precandidatos y candidatos asesinados o atacados, urnas quemadas, elecciones canceladas, aspirantes alejados de la boleta por su encarcelamiento justo o injusto, alcaldes electos presos, ediles muertos por efectos de la pandemia cuya influencia en tanto fenómeno social es innegable-Los alcaldes que han tomado posesión de su encargo -apenas diez días atrás- reciben mensajes directos o indirectos de la delincuencia organizada; padecen un peso cargado -de unos lustros a la fecha pero cada vez más poderoso- al ejercicio del poder municipal: el Ayuntamiento es una institución cada día más indefensa.
Entre el jueves y domingo pasados grupos de facinerosos han dejado claro a los nuevos cuerpos edilicios la inutilidad de los múltiples cuerpos policiacos oficiales alrededor suyo.
Si el crimen organizado quiere matar: mata.
Si el crimen organizado decide armar masacres: las arma.
Si los criminales ven como una estrategia viable grabar videos de sus víctimas antes de hacerlos pasar por el infierno dantesco de su ejecución y exhibición en espacios públicos: lo harán sin que nada ni nadie los frene…
Aquí, en este punto, interviene el concepto de Estado de Max Weber: Estado y monopolio de la violenciafrente a un caso -el nuestro- contradictorio: un Estado donde grupos de poder rompen dicho monopolio y generan un control paralelo de la violencia.
Circunstancia: asesinatos impunes en abundancia…
Coyuntura: disminución en la capacidad operativa de la prevención del delito, la procuración de justicia y la aplicación justa de la ley…
Falla estructural: rompimiento del tejido social, elementos de Estado fallido, conformación de un Estado paralelo en regiones cada vez más amplias del territorio estatal y nacional; decremento en la certeza del ap
arato burocrático, institucional de la justicia democrática.
Contrato Social: urge su revisión y determinar su viabilidad…
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Aparece una larga lista de acontecimientos, por tomar un punto de referencia concreto, a partir del año 2020 y hasta la fecha.
Citemos dos: el asesinato de Jorge Baruch Custodio en febrero del 2020, en Soconusco y un doble asesinato: de Gladys Merlín Castro y su hija Karla Enríquez Merlín en febrero del 2021 en Cosoleacaque.
Se trata de casos particulares en municipios específicos pero ambos casos marcaron el proceso electoral 2020-2021 en su totalidad y a profundidad.
No hay alcalde electo y ya en funciones en el Veracruz del 2022, cuyo devenir no esté marcado por estos crímenes cuyo sacudimiento en la estructura de partidos políticos, cuerpos de seguridad y mando político de la entidad desde el gobernador, la legislatura y el poder judicial, fue evidente.
Aquellos sucesos por sí mismos marcaron un antes y un después en el andamiaje político veracruzano, pero añadamos más muertes, ataques violentos a candidatos, encarcelamientos de candidatos, papel de fuerzas desde el crimen organizado en la definición de candidaturas luego de invadir las estructuras legítimas del Estado y, por ende, volverlas ilegítimas en un ejercicio preelectoral, electoral y poselectoral que, no obstante el cáncer ilegítimo que les ha invadido, han debido seguir operando y operan. No podemos prescindir del OPLE ni del INE pese a sus síntomas de invasión cancerígena por parte grupos marginales a la ley.
Van aquí dos referencias periodísticas para sustentar este argumento:
“Veracruz: El foco de la violencia política en elecciones 2021
Etellekt registra 132 agresiones en el estado, de un total de 774 en todo el país; aumentan ataques contra políticos 17.5%, respecto a 2017-2018
Christian Chacón
Veracruz es el epicentro de la violencia política en el actual proceso electoral, de acuerdo con la consultora de riesgos Etellekt, que registró un aumento de 17.5 por ciento de las agresiones a políticos a nivel nacional, respecto a 2017-2018.
El sexto informe de Etellekt indica que del 7 de septiembre hasta ayer, se registraron 910 agresiones contra políticos y candidatos, con un saldo de 860 víctimas de diversos delitos como amenazas, homicidios dolosos, infracciones contra la dignidad, ataques contra colaboradores y daño a la propiedad, entre otros.
Esta cifra representa un incremento de 17.5 por ciento, respecto a las 774 agresiones registradas durante todo el proceso electoral de 2017-2018.
Veracruz es la entidad que lidera en agresiones a políticos contabilizadas desde el 7 de septiembre de 2020. Según Etellekt, 132 agresiones se dieron contra políticos veracruzanos, seguido de 78 casos de Oaxaca; 76 de Puebla; 69 del Estado de México; 53 de Guerrero y 47, de San Luis Potosí.
Los ataques ocurrieron en las 32 entidades del país, a lo largo de 525 municipios. Hasta antes de la jornada electoral de este domingo, fueron asesinados 91 políticos, de los cuales 22 eran aspirantes y 14 candidatos con registro.
De los homicidios registrados, 17 víctimas desarrollaban su actividad política en Veracruz; 11 en Oaxaca; seguido de Guerrero y Guanajuato, con 8 casos cada uno. De los 36 candidatos y aspirantes asesinados, 9 eran veracruzanos, 4 guanajuatenses y 4 guerrerenses.
En el actual proceso electoral se registró el homicidio de 107 servidores públicos sin militancia o sin aspiraciones políticas, principalmente de Guerrero, con 10 casos, seguido de Michoacán y Zacatecas, con 8 cada uno, y Veracruz, Guanajuato y Sinaloa, con 7 por entidad.
“Los actos de intimidación o maltrato físico y/o verbal en contra de candidatos, sus colaboradores y simpatizantes (...) acumularon un total de 88 casos”, indica el informe.”. Tomado de El Heraldo México (4).
Uno más:
“ACUSAN PERSECUCIÓN DE CUITLÁHUAC GARCÍA
En tres años, gobierno de Veracruz encarcela a una decena de políticos de oposición
Las detenciones son por cargos que van desde desvíos de recursos, homicidio doloso, secuestro y hasta desaparición forzada
La detención en Veracruz del secretario técnico del Senado de la República, José Manuel del Río Virgen, es la última de una decena de casos que involucran a personajes del ámbito político, que han sido aprehendidos durante el gobierno de Cuitláhuac García.
En tres años, la Fiscalía General de Estado (FGE) ha ejecutado órdenes de aprehensión contra diversos políticos, en su mayoría de partidos opositores a Morena, por delitos como homicidio, ultrajes a la autoridad, violencia familiar, fraude, extorsión y portación de armas.
El pasado miércoles, a menos de 12 horas de su detención, se dictó un año de prisión preventiva oficiosa a Del Río Virgen, acusado de ser el presunto autor intelectual del homicidio del candidato a la presidencia municipal de Cazones de Herrera, René Tovar Tovar.
Ante este escenario, el senador Ricardo Monreal denunció que se trataba de una muestra del "abuso de poder" que prevalece en la entidad; incluso el Senado creó una comisión especial para investigar los excesos de autoridad en Veracruz.
Por el asesinato de Tovar Tovar, el 23 de junio fue detenido Omar Ramírez Fuentes, alcalde electo del partido Movimiento Ciudadano, en Cazones de Herrera. La noticia fue anunciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en su conferencia mañanera dijo que el autor fue el jefe de campaña del excandidato.
Otro caso es el de Rogelio Franco Castán, excandidato a diputado federal y exsecretario del Gobierno de Veracruz, detenido el 13 de marzo pasado, cuando aún era dirigente estatal del PRD.
El personaje fue aprehendido por violencia intrafamiliar, pero se le dictó prisión preventiva por ultraje a la autoridad; posteriormente recibió otra vinculación a proceso por extorsión y abuso de autoridad, así como por peculado durante el periodo 2016-2018.
Por la mencionada detención, el PRD acusó persecución del gobierno veracruzano en contra de actores políticos.
Después del proceso electoral del pasado junio también se registraron aprehensiones de candidatos opositores a Morena. Gregorio Gómez Martínez, excandidato del PRD a la alcaldía de Tihuatlán, fue detenido el 7 de abril, por robo de vehículo, daños, ultrajes a la autoridad y narcomenudeo.
Nicolás Ruiz Rosete, candidato de la alianza Va por Veracruz para la alcaldía de Minatitlán, fue aprehendido el 23 de abril, acusado de delitos de coacción, amenazas, tentativa de privación física de la libertad, secuestro y daños.
Elías González Villaseca, candidato del partido Todos por Veracruz a la alcaldía de Santiago Tuxtla, fue detenido el 4 de mayo de 2021 por posesión de un millón de pesos en efectivo y portación ilegal de armas de fuego.
Asimismo, Jaime Rosales Vázquez, quien competía por Atlahuilco por el PRI, fue capturado el 14 de mayo de 2021, acusado por portación ilegal de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército.
Otro caso denunciado como persecución política es el de Bernardo Segura Molina, exsubsecretario de Finanzas y Planeación durante la administración del exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares, quien fue detenido el 11 de octubre de 2019 por el delito de ejercicio indebido del servicio público y abuso de autoridad.
Hay también mujeres políticas detenidas; Yolli García Álvarez, excomisionada del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), fue acusada de abuso de autoridad e incumplimiento de un deber legal en agravio del patrimonio del IVAI; esto el 26 de marzo de 2020.
Lucero Jazmín Palmeros Barradas, síndica de Actopan y militante del PAN, fue detenida el 4 de marzo de 2020 por los delitos de ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad y malversación de recursos públicos.
Otro político detenido por ultrajes a la autoridad es Ramón Ortiz Cisneros, dirigente de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (Catem), y delegado de Fuerza por México en Coatzacoalcos; éste fue capturado el 23 de marzo de este año, también acusado de portación de armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas, extorsión y cobro de piso.” Tomado heraldodemexico.com.mx (5).
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