LeBaron y Veracruz: una carta -por lo menos- archivada en la FGR y el FBI
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El titular de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de la LXVI Legislatura veracruzana, Juan Javier Gómez Cazarín, se mantiene aislado tras confirmar su contagio de COVID.
Fuentes cercanas al legislador lo reportan no sólo estable sino francamente a salvo de mayores consecuencias por el coronavirus. Sí, nos confirman, ocurre el padecimiento pero la única consecuencia delicada es el aislamiento por instrucciones médicas y prevención de contagio a otras personas.
El punto tiene otras implicaciones dadas las responsabilidades en manos del político nativo de Hueyapan de Ocampo: entre ellas, por ejemplo, el posicionamiento del Congreso Local respecto a la recomendación 146/2021 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos al gobierno veracruzano para modificar el código penal en lo relativo al delito de Ultraje a la Autoridad.
En lo operativo dicho delito pasa por la Fiscalía a cargo de Verónica Giadans quien anunció de inmediato el acatamiento a la recomendación de la CNDH…
El gobernador Cuitláhuac García Jiménez también tomó nota del mensaje del organismo a cargo de María del Rosario Piedra Ibarra y su gobierno no aplicaría más acusaciones fundamentadas en el Ultraje a la Autoridad…
Por lo que toca al Poder Judicial éste se basa en la ley y la misma es avalada o modificada por el Legislativo…
Se requiere, entonces, el anuncio de tal modificación por parte de la LXVI Legislatura porque mientras ello no ocurra, jurídicamente la penalidad elevada del Ultraje a la Autoridad sigue vigente: tanto para quienes se encuentran presos acusados de haber delinquido al respecto, como para quienes -al margen del posicionamiento del Ejecutivo y la Fiscalía- pudieran ser acusados con base en el referido delito…
Hay aspectos pendientes de concretarse para cerrar este tema multifactorial: legislativo, jurídico, de prevención en materia de seguridad, de procuración de justicia, de aplicación de justicia, pero también de abuso, violación de derechos humanos y de pugnas políticas.
No por nada, desde su modificación en marzo del 2021, la penalidad del delito de Ultraje a la Autoridad en Veracruz generó una vorágine política cuya escalada arribó en diciembre pasado a la Presidencia de la República y -como se advirtió en una entrega de Claroscuros- a la obligada intervención de la Secretaría de Gobernación Adán Augusto López Hernández…
Dichas instancias intervinieron luego de un asunto si bien distinto -la detención Juan Manuel Del Río Virgen, secretario técnico de la JUCOPO senatorial- finalmente ligado a un personaje protagónico en la lucha contra el delito de ultraje en Veracruz: Ricardo Monreal Ávila, titular de la Junta de Coordinación Política en el Senado y detractor -con fundamento- de la ley modificada en marzo pasado…
Por todo lo anterior es importante insistir: el tema del ultraje a la autoridad no está cerrado del todo…
Es obligado esperar la recuperación del titular de la JUCOPO en la LXVI Legislatura de Veracruz para destrabar ese punto o, en su caso, aguardar por una eventual determinación de que el referido delito siga como está hasta una fecha sin fijar…
Veremos cuál instrucción recibe Juan Javier Gómez Cazarín.
Por lo pronto este segundo viernes de enero el gobernador Cuitláhuac García Jiménez remarcó uno de los elementos políticos de la vorágine desatada por el ultraje a la autoridad al declarar: “nuestra labor de dar con los responsables que cometan delitos continuará apegada a derecho y de manera contundente con todo el rigor de la ley” (a pesar de que) “algunas voces vengan a defender delincuentes y presuntos delincuentes”.
La Fiscalía General del Estado detuvo a dos responsables de la agresión de una pareja de adultos mayores registrada en el fraccionamiento El Porvenir en Xalapa, hechos en los cuales perdió la vida una mujer.
“Queda esclarecido que el móvil fue el robo llevado a cabo por una empleada del matrimonio, que tenía 15 años de apoyarlos en trámites legales y en sus asuntos de negocios, en complicidad con su expareja sentimental”, manifestó al respecto Cuitláhuac García Jiménez.
“A algunos les molesta que ya no haya impunidad, pero nosotros seguiremos trabajando por tu seguridad”, añadió el jefe del ejecutivo.
Sin mencionar nombres, la alusión política evidente fue a los senadores Ricardo Monreal Ávila y Dante Delgado Rannauro, con respecto a quienes está pendiente el tema más delicado y candente de la confrontación política y legal entre los senadores, el gobierno y la fiscalía veracruzana por el referido encarcelamiento de Juan Manuel Del Río Virgen acusado de complicidad en la autoría intelectual del asesinato de René Tovar Tovar el cuatro de junio del 2021 en Cazones de Herrera.
Es decir, luego de iniciar una semana candente por la recomendación de la CNDH y con secuelas severas en el ámbito noticioso tras la masacre con nueve víctimas en Ciudad Isla, el gobernador cerró con la noticia sobre la captura de dos presuntos responsables del ataque a una pareja vecina de Xalapa pero aludió, de soslayo, al accionar de sus rivales políticos desde el Senado…
Por cierto, la llamada comisión especial del Senado -aun no avalada por el pleno de la Cámara Alta- para investigar posibles casos de violación de los derechos humanos en suelo veracruzano, contabilizó cincuenta casos sujetos al sustento vía pruebas. Veremos dos posibles consecuencias al respecto: a) Que haya o no pruebas suficientes para avalar las quejas y b) Que el pleno del Senado avale la comisión especial encabezada por Dante Delgado Rannauro.
Una vez más nos topamos con un asunto sin posible final feliz: si la Comisión encabezada por Dante Delgado es avalada, el gobierno de Veracruz podría enfrentar señalamientos que, de basarse en pruebas firmes, evidenciarían violaciones graves a los derechos humanos en la entidad…
Por lo contrario de no darse el aval de la Comisión, los senadores Dante Delgado Rannauro y Ricardo Monreal Ávila habrían sumido al Poder Legislativo de más alto nivel en el país a una lucha con afanes de interés político por sobre la búsqueda de justicia social, sin duda necesaria…
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En este recuento de capítulos en la referida confrontación político/legal cuya conclusión aún llevará días y meses, diputados locales de MORENA salieron a la palestra en respaldo del gobernador.
Margarita Corro, Rosalinda Galindo, Gisela López, Lourdes Juárez, Magaly Armenta, Marco Antonio Martínez, Rosendo Francisco San Román, entre otros legisladores, se confrontaron con lo dicho por el senador suplente Alejandro Díaz Durán durante su reciente “visita” a Veracruz.
Frente a los señalamientos de Díaz Durán sobre presuntos actos de abuso por parte del gobierno de Veracruz, los diputados avalaron la lucha contra la corrupción por parte del ejecutivo y los logros que ellos aprecian en el trabajo de la Fiscalía…
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Pero hubo más en un viernes sumamente intenso: el empresario Bryan LeBarón pidió mediante una carta al gobierno de Estados Unidos investigar al gobernador de Morelos y al secretario de gobierno en Veracruz por posibles nexos con cárteles.
“En la misiva de tres páginas, LeBaron Jones expuso al mandatario del partido Demócrata el caso de la fotografía difundida hace unos días en la que aparece (Cuauhtémoc) Blanco Bravo con tres cabecillas de la delincuencia organizada que operan en Morelos, así como la aparición de narcomantas que lo ligan con cárteles de la droga.
"El segundo caso se trata de 9 cuerpos sin vida que aparecieron desnudos y empapados de sangre a un costado de una carretera en el estado de Veracruz junto con un mensaje dirigido al secretario de estado de la misma entidad, señor Erick Cisneros Burgos, político cercano al gobernador del estado de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, acusándolo de ser traidor al CJNG a favor de trabajar y apoyar a sus rivales, el Cártel de Sinaloa.” (1)
Bryan LeBaron pertenece a una familia donde algunos miembros tienen nacionalidad doble: son mexicanos y norteamericanos; su historia está llena de polémica entre otros factores por la poligamia que han llegado a practicar en violación de la ley (ver: La familia LeBarón en México: una historia de fe, poligamia y violencia de los carteles de la droga) (2)
De fe mormona, los LeBaron viven sumidos en un profundo dolor por el asesinato -bajo particular sevicia- de nueve familiares suyos -todos mujeres y niños- a manos del crimen organizado, ocurrido el 4 de noviembre de 2019 en la intrincada zona de la Sierra Madre Occidental sobre las inmediaciones de la comunidad de La Mora -municipio de Bavispe- al extremo noreste del estado de Sonora, muy cerca de sus límites con Chihuahua.
El origen de la carta de Bryan LeBaron al presidente de Estados Unidos Joe Biden luego de afectaciones sumamente profundas a su condición humana tras una masacre contra su familia ocurrida en México, resulta entendible desde varias perspectivas: la moral, emocional y la de su derecho absoluto a manifestarse.
El gobernador Cuitláhuac García Jiménez ha salido a la palestra mediática para defender la honorabilidad de su brazo político derecho.
El video donde se apunta contra Cisneros Burgos es de contenido falso, declaró García Jiménez.
Por su parte, Erick Patrocinio Cisneros afirmó no contar con familiares ni en el gobierno y menos en el crimen organizado.
No hay, que se sepa, apertura de expediente alguno a partir del señalamiento contra el segundo de a bordo en el gobierno estatal.
La carta de Bryan LeBaron, eso sí, se suma a la ya referida vorágine política veracruzana poseedora de múltiples aristas.
Al menos como referencia informativa, la carta del señor LeBaron así como el video del autodenominado cártel de la cuatro letras e identificado como el Cártel de Jalisco Nueva Generación, estarán guardadas en los anales de la Fiscalía General de la República del lado mexicano y en el FBI al otro lado de la frontera.
Por el lado del gobernador morelense, Cuauhtémoc Blanco Bravo, la carta de Bryan LeBaron se suma a señalamientos graves, obvios, delicados y nada nuevos entre los cuales aparece la susodicha fotografía del gobernador morelense junto a jefes de plaza de cárteles, alguno de los cuales fue apresado posteriormente y muerto en una cárcel.
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El intenso inicio de fin de semana no terminó allí: dos mil elementos del ejército y de la guardia nacional fueron desplegados hacia el sur veracruzano, concretamente a partir de la cuenca del Papaloapan con el objetivo de reforzar la seguridad luego de la masacre de Ciudad Isla.
Entre la cuenca del Papaloapan -Tres Valles, donde detuvieron a cuatro presuntos corresponsables de la matanza- y la región piñera de Isla -en cuyo camino hacia Santiago Tuxtla aparecieron nueve víctimas con huellas de tortura- sus conexiones son por dos vías: la carretera antigua de Sayula de Alemán y La Tinaja pasando por Tierra Blanca -68 kilómetros de distancia- y la autopista Sayula de Alemán-Acayucan a Cosamaloapan -distancia de unos 70 kilómetros vía rápida-.
En Sayula de Alemán, por cierto, se ha construido un cuartel de la Guardia Nacional sobre la carretera transístmica, a unos cinco kilómetros de Acayucan y a un kilómetro aproximado de la autopista Cosoleacaque-La Tinaja.
Esta zona forma parte del corredor multimodal interoceánico del istmo de Tehuantepec, una de las cuatro mega obras de la 4T impulsada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Ciudad Isla tiene vínculos geográficos, culturales y económicos con la zona de Playa Vicente, Veracruz, frontera con Oaxaca, cercana a Palomares y Matías Romero -municipios oaxaqueños- por donde también atraviesa el corredor interoceánico.
Los dos mil efectivos militares y de seguridad nacional se envían a una amplia zona del sur veracruzano clave en los planes de desarrollo del sureste mexicano.
Lo que ocurre en el universo de varias microrregiones relacionadas entre sí de forma cotidiana, afecta para bien o para mal planes del orden nacional e internacional.
No extraña, por ello, el despliegue de dos mil elementos de las fuerzas de seguridad para sumarse a miles de policías estatales y federales, a soldados y marinos ya presentes desde meses y años previos en el istmo de Tehuantepec y regiones aledañas tanto del lado veracruzano como del oaxaqueño.
Veremos los resultados porque a nadie le convienen actos o acciones generadores de violencia y causa de alejamiento de inversiones multimillonarias detonantes de empleo y desarrollo; algunas ya anunciadas hacia Veracruz como la cervecera de Constellation Brands y la ampliación de Braskem-Idesa para la importación de etanol, amén de otros arribos de capitales por las cuales se aguarda con la esperanza de un abatimiento de la pobreza y el subdesarrollo de todas la entidades en el sureste mexicano: Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Campeche, Quintana Roo, Yucatán, Guerrero y Puebla…
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Hemos dedicado una serie de artículos a una temática específica: el proceso electoral 2020-2021 en la parte veracruzana del istmo de Tehuantepec.
No hay duda, hoy, sobre la incursión del crimen organizado en el proceso previo, el desarrollo y los hechos posteriores a la elección del seis de junio del 2021 en esta zona.
Los caminos de la parte veracruzana del istmo de Tehuantepec se bifurcan pero también viven concatenados a otros distritos, municipios, zonas, regiones del sur y del llamado sur profundo de Veracruz.
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Observemos un caso: la elección de Ayuntamiento en Jesús Carranza, Veracruz, se repetirá en marzo del 2022.
Los dos principales contendientes ya no participarían más: Pasiano Rueda Canseco -PT- está preso acusado de Ultraje a la Autoridad y otros delitos mientras que Alfredo Pacheco Peralta -MORENA- habría salido de territorio veracruzano...
El recuento descrito en esta entrega de Claroscuros tiene vínculos con los sucesos político-electorales de Jesús Carranza donde el propio gobernador Cuitláhuac García Jiménez ha reconocido la injerencia de criminales generadores de violencia electoral.
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El proceso electoral 2020-2021 también continúa abierto, mucho más allá de repetir la elección carranceña…
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