La Fiscal General del Estado, Verónica Hernández Giadáns, compareció ayer ante la Comisión de Justicia del Congreso local y aprovechó para arremeter en contra de “chantajistas profesionales, políticos con antecedentes penales, personajes rechazados en las urnas por el pueblo veracruzano” que “hoy se inscriben en la defensa mediática”, que descalifican y “buscan interferir em los procesos, autonombrándose figuras supraestatales”.

Si Hernández Giadáns encabezara una de las Fiscalías más eficaces del país tendría toda la razón para reclamar que nadie se entrometiera en su labor de procurar justicia pronta y expedita, pero lamentablemente para los veracruzanos no es así.

En la edición del Índice Estatal de Desempeño de Procuradurías y Fiscalías 2021 –creado hace cuatro años por la organización civil Impunidad Cero– la de Veracruz figura en el antepenúltimo lugar con 36.2 puntos, sólo por encima de las de Puebla (36) y Morelos (36.1). En cambio, las Fiscalías de Nuevo León (68.6), Yucatán (68.4), Chihuahua (65.6), Guanajuato (63.6) y Sonora (61.5), son las mejor evaluadas.

Aparte de analizar la autonomía existente en los procesos de selección de las y los fiscales y procuradores del país, para calcular los indicadores que componen este Índice la organización no gubernamental utilizó fuentes de información públicas, como la que genera el INEGI a través de los Censos Nacionales de Procuración e Impartición de Justicia Estatales y la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, así como el Modelo de Evaluación y Seguimiento del Sistema de Justicia Penal, publicado por la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia de la Secretaría de Gobernación y los reportes de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. También envió 128 solicitudes de información a las 32 fiscalías y procuradurías del país y a los poderes judiciales estatales.

En lo que sí le asiste la razón a Hernández Giadáns es cuando afirma que “es inevitable hablar del pasado porque esa oscura etapa nos precedió y heredamos ese drenaje judicial”, pero precisamente por ello es que no debe desoír ni condenar los reclamos que en ocasiones se hacen para exigir justicia o para evitar injusticias.

Ahí está el caso, por ejemplo, de los seis jóvenes xalapeños detenidos en septiembre pasado por policías estatales que los acusaron falsamente de “ultrajes a la autoridad”, por el cual la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación al gobernador Cuitláhuac García y a la fiscal. Pero de no haber sido por la presión política y mediática del senador zacatecano Ricardo Monreal, seguramente todavía seguirían presos en el reclusorio regional de Pacho Viejo, municipio de Coatepec.

Ahora, la bancada de Morena en el Senado se ha dividido por el caso de José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), por cuya sorpresiva y cuestionada detención Monreal, el ex gobernador veracruzano Dante Delgado y otros senadores crearon una comisión especial investigadora porque aseguran que el expediente armado por la Fiscalía de Hernández Giadáns no tiene sustento jurídico para imputarle la autoría intelectual del asesinato de Remigio Tovar, candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cazones de Herrera ejecutado el 4 de junio de 2021, dos días antes de la elección municipal.

REVIVEN EL CASO FERRAL

Por cierto, este lunes, el diario EL UNIVERSAL publicó un amplio reportaje titulado “La red política y criminal que asesinó a María Elena Ferral en Veracruz”, firmado por los reporteros Miguel Ángel León Carmona, Ignacio Alzaga y Marcos Muedano, los cuales forman parte de la ALIANZA DE MEDIOS MX, una asociación civil integrada por directivos y periodistas de diversos medios de comunicación mexicanos.

Entre tantos datos y detalles que aportan sobre este trágico caso, destaca la referencia documentada acerca de la estrecha relación política y personal entre la ex militante de la UGOCP y ex diputada de la CNC, Marcela Aguilera Landeta, actual fiscal de investigaciones ministeriales de la FGE, y el ex alcalde priista de Coyutla y ex diputado local por Papantla, Camerino Basilio Picazo Pérez, una de las principales cabezas caciquiles del llamado Grupo Totonacapan, quien desde 2019 anda prófugo precisamente porque se le imputa la autoría intelectual del asesinato de la aguerrida periodista oriunda del municipio de Gutiérrez Zamora, con la cual siempre tuvo fuertes diferencias personales.