Pero a nadie debería de sorprender esta insensatez del munícipe morenista, ya que en 2017, cuando contendió por primera vez por la alcaldía cordobesa, fue apoyado por Jesús Aíza Kaluf, (a) “El Sirio”, mismo que en el gobierno de Fidel Herrera Beltrán fue delegado de la Secretaría de Seguridad Pública en Fortín y luego, en la administración del exgobernador Javier Duarte, subdirector de Operaciones de la SSP. De Veracruz, Aíza se fue al municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, donde hasta 2014 se desempeñó como secretario de Seguridad Pública.
En febrero de 2021, el diario Milenio publicó que el gabinete de seguridad del gobierno federal había detectado una red de políticos de PVEM, PRI, PRD, PT y Morena –así como funcionarios de la Fiscalía quintanarroense– que presuntamente protegían y colaboraban con la mafia rumana liderada por Florian Tudor, (a) “El Tiburón” o “Rechinu”, dedicada a clonar tarjetas bancarias de turistas, al tráfico de personas para explotación sexual y a la extorsión a comerciantes.
Conforme a este documento presentado desde octubre de 2020 en el gabinete de seguridad, el nombre de Aíza Kaluf figuraba en las investigaciones como accionista de tres empresas y por haber abogado ante la FGR a favor de Tudor y Adrián Cosmin, su principal socio, a los que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda les había congelado 79 cuentas bancarias.
La información de inteligencia obtenida por el diario capitalino apuntaba que en esta red de protección estaban no sólo los exgobernadores priistas Félix Arturo González Canto y Roberto Borge –muy amigo de Duarte y su vocero Alberto Silva–, además de diputados del Partido Verde y exalcaldes priistas y perredistas de esa entidad del Caribe mexicano, sino también operadores y militantes del Partido del Trabajo y de Morena, señalando específicamente a René Bejarano como uno de los principales vínculos del rumano Tudor, quien desde Cancún logró tejer en 14 estados una red de funcionarios y empresas fantasma que, según información del FBI y la DEA, le permitieron operar en al menos 15 países.
De acuerdo con dicho documento confidencial, a través de varios de sus colaboradores Bejarano utilizó a Morena e, incluso, habría usado el nombre del presidente López Obrador para estafar a ciudadanos y empresarios de Cancún.
Ahora, los detractores del doctor Martínez Flores refieren que a su clínica particular “Santa Elena” recurrían durante el fidelato Los Zetas para curar a sus jefes y sicarios que resultaban heridos.
CISNEROS NIEGA PARENTESCOS
El que por fin salió a dar la cara por los graves señalamientos que le han hecho a raíz de los nueve cadáveres arrojados el viernes pasado en el municipio de Isla por una célula criminal vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación fue el secretario de Gobierno, Erick Cisneros Burgos, quien negó rotundamente el supuesto parentesco con uno de los rehenes que aparece arrodillado en un video siendo interrogado por el jefe de sicarios, al cual le confiesa que su “tío” lo trajo de Quintana Roo y que le dio armas y 5 millones de pesos para reclutar gatilleros para disputarle la plaza de la Cuenca del Papaloapan al Cártel de Sinaloa, rival del CJNG.
El titular de la Segob declaró al portal digital alcalorpolitico.com que “quieren manchar nuestro nombre utilizando pseudofamiliares”, en alusión a Alejandro Roca Andrade, hijo de Dámaso Luis Roca Burgos, que según versiones periodísticas es primo segundo de Cisneros.
Categórico, don Erick dijo que el no tiene familiares “ni en el crimen organizado ni en el gobierno”.
¡Pácatelas! ¿Y entonces Víctor Hugo Cisneros Hernández, el director de Radiotelevisión de Veracruz (RTV), tampoco es su pariente como en la televisora del Cerro de la Galaxia todo mundo lo dice?
Además, el ingeniero agrónomo originario de Otatitlán declaró que está dispuesto a colaborar con las autoridades para aclarar cualquier situación, refiriéndose obviamente a la Fiscalía General del Estado (FGE), a cargo de Verónica Hernández Giadáns, y a la Delegación estatal de la Fiscalía General de la República (FGR), que encabeza Gonzalo Medina Palacios, dos incondicionales que hasta 2019 eran sus subordinados en la Secretaría de Gobierno, una como directora de Asuntos Jurídicos y el otro como director general del Instituto Veracruzano de la Defensoría Pública. |
