Sin embargo, las promociones de los inconformes habían quedado en el olvido, al menos mediáticamente, pero el tema recobró actualidad cuando policías de la Secretaría de Seguridad Pública detuvieron en forma injustificada y arbitraria a seis jóvenes con el pretexto del mencionado delito, a quienes tuvieron encarcelados desde el 8 de septiembre hasta el 19 de diciembre pasados, hasta que la intervención del senador Monreal logró su libertad al comprobar plenamente con un video que eran inocentes.
En su defensa, el 29 de noviembre solicitó la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y expresó su deseo de que el Congreso local derogara el delito. “No hay que tener miedo, no hay que callar frente a las injusticias ni los excesos, no hay que tener temor frente a los poderosos que violan los derechos humanos de manera frecuente y sin ningún pudor, por eso creo que el juez de la causa no ha actuado con prudencia, ni justicia y hay ciudadanos detenidos por una injusta, maquinada causa, seguiremos luchando”, expresó entonces.
En represalia, el Gobierno del Estado, a través de su brazo ejecutor la Fiscalía General del Estado, ejerció venganza en su contra aprehendiendo a su mano derecha en el Senado, el secretario técnico de la Junta de Coordinación Política, José Manuel del Río Virgen, veracruzano integrante de Movimiento Ciudadano, al que tienen en la cárcel desde el 22 de diciembre pasado. Lo acusan de presunto homicidio doloso, pero no han podido probarlo.
La CNDH probó violaciones al Derecho
El 21 de diciembre anterior, la CNDH, en un extenso documento de 48 hojas, pormenorizó, con abundancia de evidencias, las violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica y a la libertad personal de los seis jóvenes y la violación al derecho de acceso a la justicia por parte de la Fiscalía General del Estado y concluyó que el delito por el que se les acusó tenía “indicios de inconstitucionalidad”.
Les recordó tanto al gobernador como a la fiscal que la SCJN, en resolución de 7 de marzo de 2016, dentro del Juicio de Amparo 3 en revisión, indicó que el vocablo “ultraje” era un término con una referencia imprecisa o indeterminada a un amplio espectro de conductas, por lo que resultaba complejo el grado de afectación que debía producir determinada acción para actualizar el delito y recomendó al gobernador que propusiera al Congreso local la derogación del artículo 331 del Código Penal, que fundamenta el citado delito de ultrajes a la autoridad.
La Fiscalía, quiso que no, acató de inmediato las recomendaciones que le hizo la CNDH y procedió en consecuencia, y en principio el gobernador también, por lo que el 25 de enero envió al Congreso la iniciativa que se le pedía pero antes se justificó con una insólita declaración. Dijo que su propuesta, la del 11 de febrero del año pasado, había sido enviada al Congreso local con otro sentido, pero que “ahí sufrió alteraciones previo a ser aprobada”. “Yo no hago la ley, yo mandé la ley en otro sentido. Que se aclare, pues. La instancia, que es el Congreso, ahí que se haga el debate y que determinen”, dijo, tirándole la bolita al presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Javier Gómez Cazarín.
Finalmente desacata recomendación de la CNDH
Sin embargo, ayer por la tarde, con dos ligeras modificaciones insustanciales, la diputación de Morena descartó la derogación del delito incumpliendo con la recomendación de la CNDH. Al respecto, la diputada presidenta de la Comisión Permanente de Derechos Humanos en la LXVI Legislatura Local, Anilú Ingram Vallines, señaló que la reforma que se hizo y aprobó al delito de ultrajes a la autoridad es violatoria a los Derechos Humanos; “una farsa”.
Con toda razón cuestionó: “El dictamen que votaron a ciegas y sin el más mínimo remordimiento no deroga el artículo, sino solo dos fracciones; es decir, fue a medias. Uno de sus principales argumentos es que el ultraje ya existía, y claro que existía, no con esta redacción y amplitud de acción como ellos lo reformaron, pero aquí es donde pregunto: ¿no le prometieron al pueblo acabar con todo lo que se hizo mal en el pasado? Y ahora resulta que uno de sus principales argumentos para no derogar por completo el artículo violatorio de Derechos Humano, es que ya existía. Háganme el favor”.
Por su parte, el diputado Enrique Cambranis Torres publicó en su cuenta de Twitter: “El delito de Ultrajes a la Autoridad no cabe en una sociedad justa. No podemos prolongar esta medida ambigua, autoritaria y represora en #Veracruz”.
En la edición de este domingo de la revista Proceso, su corresponsal en Veracruz Noé Zavaleta publicó que en la entidad hay más de 4 mil personas imputadas por el delito de ultrajes a la autoridad, los que quedarían absueltos si la Corte resuelve que se derogue el delito.
Ahora, este lunes habrá de decidir la SCJN, aunque hay una gran diferencia entre una recomendación de Derechos Humanos y una resolución de la Corte, que tiene carácter de obligatoriedad.
Sobre los efectos de la declaración de inconstitucionalidad de una norma o ley, si la SCJN declara que una norma es contraria a la Ley Suprema, no podrá volver a tener vigencia ni aplicársele a persona alguna, lo que significa que las sentencias dictadas en las acciones de inconstitucionalidad tienen efectos generales, siempre que la resolución se apruebe por el voto de ocho o más de sus ministros. Por eso, lo que se resuelva este lunes pondrá fin a la polémica generada.
El Gobernador pide a ministros dejar su ley
Seguramente consciente de que lo aprobado ayer por los diputados que le sirven solo fue una medida provisional hasta en tanto no resuelva la Corte, el viernes el gobernador Cuitláhuac García advirtió al máximo tribunal que si declara inconstitucional el delito será “gravísimo”, ya que quedarán en libertad presuntos delincuentes. El sábado publicó una carta abierta dirigida a los ministros de la SCJN en el mismo sentido, aunque mostró desconocimiento (o sus asesores jurídicos o quienes le redactaron el texto) de la formalidad legal del caso al referir que “existe una solicitud” para que se derogue el delito, cuando en realidad son dos Acciones de Inconstitucionalidad.
Tal vez por su falta de experiencia no tuvo la diplomacia ni la delicadeza de ir a cabildear en privado y en corto con los ministros a la Ciudad de México, como se aconseja en casos delicados como el que se ventila, y tal vez porque se siente muy seguro apoyado por el presidente ventiló su petición en los medios, como un asunto más, como si los togados fueran los diputados locales a su servicio en el Congreso local.
Monreal espera que la echen abajo
Por su parte, el sábado, de visita al centro de reclusión de Pacho Viejo, el senador Ricardo Monreal dijo que confiaba en que la SCJN declarará inconstitucional el multicitado delito. A través de un video, expresó: “Confío en que este alto tribunal declare la inconstitucionalidad de los actos del Poder Legislativo local para que con ello, y aplicando el principio de retroactividad, puedan recobrar su libertad las personas que fueron acusadas de cometer este ilícito”.
Puntualizó: “Seguiremos luchando para que ellas y ellos, detenidos injustamente, puedan recobrar su libertad, no vamos a abandonar la causa, nunca nos pondremos del lado del autoritarismo, estaremos siempre con quien sufre, al lado de las personas desvalidas, de las personas perseguidas políticamente, por eso estamos aquí, para darles aliento a estas mujeres y hombres así como a sus familias”.
Ayer domingo, a temprana hora, subió en su cuenta de Instagram un video donde se observa que le están sirviendo un “lechero”. La imagen tiene, a manera de título, una leyenda: “Lechero con leche bronca” (el subrayado es mío). Espera a que se lo sirvan y expresa entonces: “Normalmente no tomo café solo té, pero aquí en Xalapa es imprescindible tomar un buen café de Veracruz de aquí de La Parroquia. Buen provecho”, le da un sorbo, dirige hacia arriba el dedo índice de su mano derecha como en señal de triunfo, saborea el sorbo, se frota las manos con ganas y esboza una sonrisa de oreja a oreja. Todo enfrente del palacio de gobierno, a solo unos cuantos pasos. ¿Por qué? |
