La aplicación del tipo penal de ultrajes a la autoridad, que tiene en la cárcel a más de mil personas en la entidad, ha representado una afrenta del gobierno estatal contra sus propios gobernados como solamente había sucedido en el pasado reciente durante el infame sexenio de Javier Duarte, cuando éste también utilizó el Código Penal como arma al tipificar el delito de perturbación del orden público, con lo cual intentó en su momento acallar las críticas a su administración en redes sociales.
En aquel entonces, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo que entrar a “enmendarle la plana” a Duarte y declaró inconstitucional aquella reforma al artículo 373 del Código Penal del Estado, la cual el Congreso de Veracruz derogó en la víspera del resolutivo como una manera de intentar aminorar el ridículo de quedar exhibidos por el máximo tribunal del país.
Ya hemos señalado antes cuántas similitudes existen entre el régimen duartista y el de Cuitláhuac García –incluidos varios impresentables que han medrado del erario en ambos gobiernos-, y el autoritarismo legaloide es una de éstas. Al grado que está por suceder lo mismo con el delito de ultrajes a la autoridad.
Este lunes, la Corte sesionará para someter al Pleno el análisis y deliberación de las acciones de inconstitucionalidad 59/2021 y su acumulada 66/2021, promovidas por diputados de oposición de la LXVI Legislatura del Estado de Veracruz, en contra de las reformas al Código Penal estatal en materia de ultrajes a la autoridad.
Por las reacciones del morenato veracruzano durante todo el fin de semana, es previsible que el proyecto que presentará este lunes el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo sea en el sentido de decretar la inconstitucionalidad del tipo penal de ultrajes a la autoridad por resultar violatorio de los derechos humanos, como lo han señalado desde el principio gran cantidad de especialistas en derecho penal. Pero además, como ha quedado más que claro que así ha sucedido en Veracruz durante su aplicación en el último año.
La desesperación es palpable. Todo el régimen se lanzó a intentar presionar a la Corte este domingo: desde el mismo gobernador hasta sus palafreneros en los poderes Legislativo y Judicial –el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso Juan Javier Gómez Cazarín, y la presidenta del Tribunal Superior de Justicia Isabel Romero de la Cruz-, con argumentos baladís y sin sustento jurídico, más bien intentando asustar con el “petate del muerto” de que con la anulación del delito se dejaría en libertad a peligrosos criminales… que debieran estar siendo procesados por los ilícitos que los hacen ser considerados de esa manera.
Como ha hecho durante toda su gestión, García Jiménez decidió llevar la situación al límite. Ignoró y desacató la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que el delito fuese derogado, y sus serviles diputados de la mayoría morenista en la LXVI Legislatura eliminaron únicamente dos fracciones del artículo que lo sustenta, manteniendo el tipo penal y sus desproporcionadas penas. Lo dejaron igual, pues, en un acto de vulgar simulación.
Quizás Cuitláhuac García crea que con que el presidente Andrés Manuel López Obrador y algunos senadores sin quehacer de Morena vengan a levantarle la mano cada tanto, es suficiente para hacer lo que le venga en gana y abusar del poder impunemente.
La verdad es que su gobierno se desmorona en una espiral de pérdida de legitimidad, que lo coloca como un transgresor sistemático de la ley que juró cumplir y hacer cumplir, y que en cambio ha usado en contra de los ciudadanos veracruzanos, cuyas voces y reclamos prefiere desacreditar antes que intentar escuchar.
Como a tantos otros, el destino lo va a alcanzar. Y probablemente también la ley.
Le vale todo
Y para que no quede duda de todo lo anteriormente expuesto, García Jiménez anunció el viernes que no aceptará la recomendación de la CNDH por la violación de los derechos y las agresiones sexuales que la policía ministerial de Veracruz infringió a July Raquel Flores Garfias para que aceptase inculparse en el asesinato de la ex rectora de una universidad xalapeña.
Lo dicho: las instituciones y ley le valen madres al que cobra como gobernador en Veracruz.
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