La mejor muestra son dos casos que se acaban de dar, en dos vías distintas y ambos avalados directamente por el gobernador Cuitláhuac García.
El más sonado fue la apropiación que hizo el gobierno de Cuitláhuac García del acuario de Veracruz, mediante un decreto con muy pobre sustento.
El otro caso fue la detención de Antonio de Jesús, un joven motociclista de una aplicación de reparto de comida, acusado por el doble asesinato de las periodistas Yessenia Mollinedo Falconi, directora del portal El Veraz, y la reportera Sheila Johana García Olivera.
Antonio de Jesús estaba en Xalapa, cuando ocurrió el crimen, pero como su nombre es una “hominimia” con el del supuesto asesino, por eso se desplegaron y lo detuvieron, aunque después lo soltaron porque era más que evidente que no lo podían culpar.
El verdadero asesino, si realmente se llama así, no tuvo la gentileza de dejarle su dirección a la Fiscalía de Veracruz, por si acaso lo requerían.
Este caso es una evidencia plena de que la Fiscalía de Veracruz fabrica culpables para resolver casos.
Y aún así, no pasa nada, pues todo es con la autorización y el conocimiento del gobernador.
La Fiscalía de Veracruz, cuyo titular, Verónica Hernández Giadans, es ampliamente protegida de Eric Cisneros, es una de las dependencias en las que más se ejerce el abuso de poder, tanto que una de las dos recomendaciones que la Comisión Nacional de Derecho Humanos emitió este año hacia el gobierno de Veracruz, esta por violación sexual y tortura contra July Raquel, a quien las apariencias indican que la inculparon como autora del homicidio de la rectora de la Universidad Valladolid, Guadalupe Martínez Aguilar.
Pero la misma recomendación de la CNDH fue rechazada con total arrogancia por parte de Cuitláhuac García y de la Fiscalía, siguiendo las instrucciones de quien realmente lleva las riendas en esa dependencia, el secretario de Gobierno, Eric Cisneros, que fue el que a su vez le “recomendó” al gobernador rechazar la recomendación.
El otro acusado en este caso, Alberto N, igualmente acusó tortura por parte de elementos de la Fiscalía de Veracruz, con descargas eléctricas en los genitales y golpes en varias partes del cuerpo, durante su traslado de la Ciudad de México a Xalapa.
Después de que el abogado de Alberto N hizo público esto, un grupo de agentes ministeriales circuló una carta dirigida al gobernador en donde asienta que el jefe de la Policía Ministerial, Samuel López Leza, es quien ordena que se torture a los detenidos.
Pero ni así ocurrió algo con la Fiscalía de Veracruz y la costumbre de la titular de fabricar culpables.
Cuitláhuac García sabe esto, pero mantiene y sostiene a la fiscal Verónica Hernández, porque la misma tiene tratos directos con Eric Cisneros.
El abuso de autoridad y la fabricación de culpables en la Fiscalía igualmente se hizo evidente con el caso de seis jóvenes detenidos y acusados de ultrajes a la autoridad, por una relación con el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del senado Ricardo Monreal Ávila.
Los seis jóvenes finalmente fueron liberados después de que se demostró su inocencia de manera reiterada y que jueces federales ordenaron su liberación.
La fiscalía también fue el brazo ejecutor en varios casos de abuso de autoridad del gobierno de Cuitláhuac contra diversos políticos a los que ya hizo sus enemigos:
José Manuel del Río Virgen, Tito Delfin Cano, Rogelio Franco Castan.
A estos se suma el subrrealista caso de Pasiano Rueda Canseco, a quien tienen encarcelado, pero pudo competir por la presidencia municipal de Jesús Carranza y ganar la alcaldía, porque no lo han encontrado culpable de nada y por lo mismo no pueden suspenderle sus derechos políticos electorales.
Un caso más de abuso de poder y fabricación de culpables, está en el asesinato de Juan Carlos Molina, siendo diputado local de Vercacruz.
A Itiel Palacios, a quien también llaman ‘el compa playa’, lo acusaron del homicidio, pero al no poder comprobarle nada lo tuvieron que dejar libre, pero entonces lo volvieron a detener acusado de otros dos homicidios.
El caso del asesinato de Juan Carlos Molina, sigue sin resolverse y por tanto su homicidio continúa impune.
En este camino de abuso de poder, la policía estatal también ha participado de manera amplia y reiterada.
Varias veces se ha acusado a los elementos de Hugo Gutiérrez Maldonado de esto y nunca, pero nunca han castigado a un sólo elemento y en cambio sí han sido protegidos por el gobernador de Veracruz.
Un caso, de los más sonados: El 2 de julio de 2021 la policía estatal entró al poblado de Guadalupe Patronas y asesinó a dos jóvenes. Jamás se informó que se hubiera hecho una investigación sobre el caso y mucho menos que se haya encontrado o castigado a los culpables o que por lo menos se le haya pedido una disculpa a las familias de los menores de edad.
En el caso del delito de ultrajes a la autoridad, hubo por lo menos 1330 víctimas reconocidas por la Fiscalía de Veracruz. Aunque hay quien eleva el número a 3 mil.
Tampoco les resarcieron el daño. Simplemente dejaron que las cosas se fueran diluyendo y en las situaciones que pudieron fueron armando otros delitos, para mantener a los detenidos en la cárcel y prolongar el abuso de poder.
Cuitláhuac García varias veces dijo que muchos acusados de ultrajes a la autoridad eran reales delincuentes. Pero nunca les probaron esto.
El Congreso de Veracruz, es otra de las fuentes de abuso de poder constante.
Ahí desde que está Juan Javier Gómez Cazarín como presidente de la Jucopo la Suprema Corte de Justicia de la Nación le ha corregido por lo menos 30 pifias legislativas, algunas tan graves como intento de modificaciones constitucionales, que resultaban -paradójicamente- inconstitucionales.
Los casos de abuso del poder por parte del gobierno de Cuitláhuac García son muchos más, incluyendo las compras directas o con licitaciones dirigidas, a sobreprecios y a empresas con irregularidades, sin que nadie pueda impedirlo.
O los nombramientos de funcionarios que no cumplen los requisitos y para los cuales se pidieron dispensas de ley.
AHUED SÍ AUTORIZÓ LA CONSTRUCCIÓN DE POLÉMICA PLAZA COMERCIAL, ASEGURA HIPÓLITO
El exalcalde de Xalapa, Hipólito Rodríguez se deslindó de haber otorgado permiso alguno para la construcción de la polémica plaza comercial Imperial Ánimas, mediante una carta enviada a César Jiménez Martínez, quien la publicó en sus redes sociales (https://www.facebook.com/109516974899356/posts/153016727216047/?d=n¡Error! Referencia de hipervínculo no válida.
Ahí apunta que «El 14 de diciembre de 2021 la empresa solicitó al Ayuntamiento 2018-2021, se le indicara “el procedimiento y los requisitos para obtener la autorización municipal para el retiro de arbolado en el predio” en mención».
En el “oficio donde la autoridad municipal responde a la empresa indica con toda claridad, en cumplimiento de la ley, que solo satisfechos estos procedimientos, podrá otorgar los permisos correspondientes, en caso de justificarse técnicamente”, lo que significa, que su cabildo no dio la autorización para construir la plaza comercial.
Pero también abre la puerta para la excepción de que la misma pueda construirse anotando que “un año antes de que se emitiera ese Decreto de Áreas Naturales Protegidas, la empresa obtuvo permisos de fraccionamiento y uso comercial, consiguiendo de esa manera que su propiedad quedara exenta de ese lineamiento ambiental, situación que quedó documentada en la sentencia número 08595 del Juicio Contencioso Administrativo Número 49/2015/I del Expediente con N° MIA-151/2014”.
Así, ahora Ricardo Ahued debe aclarar en que momento y bajo que condiciones dio la autorización para que se construya ésta plaza comercial. |
