La Administración Portuaria Integral de Veracruz había donado un terreno de 17 hectáreas para instalar el tiradero de basura, por parte de Veolia, pero el mismo fue regresado porque no se usó.
Así, después de estar con un pago de 20 millones de pesos por el uso del basurero cercano a Veracruz, en 2021 el ayuntamiento erogó 38 millones de pesos a la empresa “Procesadora de Residuos Veracruzanos”, según el contrato abierto AD-MVER-008-21-PS-01.
Este año se presume que el pago por el uso de ese tiradero puede llegar a los 45 millones de pesos.
Fernando Yunes, en marzo de 2021, siendo alcalde de Veracruz, dijo que cada mes se debían pagar 800 mil pesos por la distancia que debían recorrer los camiones para tirar la basura del primero puerto de América.
Ahora, con el pretexto del aumento de los precios de la gasolina, de los insumos de los vehículos, de la inflación y demás, Patricia Lobeira emprendió una campaña de cobro de cuotas a todos los comercios y establecimientos empresariales de Veracruz, incluso aplicándoles un retroactivo de 4 años, y con un aumento en los montos.
Eso de tratar de recuperar el terreno proporcionado por Apiver, buscar una empresa que haga una disposición hasta de limpieza de los residuos sólidos, o alguna otra solución que realmente sea benéfica para el municipio de Veracruz, no entró en sus expectativas
El “tema” del cobro por la recolección de los Residuos Sólidos Urbanos (o “RSU” como le llaman muy pomposamente a la basura) ha causado gran enojo entre los comerciantes, no por negativa a pagar, si no por los montos que se les imponen.
Hay establecimientos que nada pagaban y ahora les quieren forzar a cubrir una cuota de 200 pesos mensuales, o 250 o 450, o 600, o lo que se le ocurra a quien haga la implantación del cobro.
El 18 de mayo, después de múltiples quejas por la arbitrariedad con la que se aplican las cuotas y la presión para que se pague hasta el rectroactivo, el director de Comercio del Ayuntamiento de Veracruz, Daniel Galindo, dijo que esto era “una invitación" para pagar el servicio de recolección de basura.
Nada más que esa “invitación” es bastante coercitiva, porque en el documento que le entregaron a los establecimiento les dan un plazo de 6 días hábiles para “comparecer” ante la Dirección de Ingresos del ayuntamiento de Veracruz para que les informen de su “irregularidad fiscal” (¿deverás es una “irregularidad fiscal” no pagar esa cuota?).
Y para que el acto coercitivo quede bien claro, les piden que lleven una serie de documentos.
El ayuntamiento de Veracruz aplica ese cobro de manera arbitraria, anotando un montón de artículos de varios reglamentos, pero dejando fuera un enunciado que es sustancial para este caso:
El artículo 232 del Código Hacendario para el Municipio de Veracruz, el cual en su fracción II asienta que “La base gravable se determinará de la siguiente manera:
- En los casos de establecimientos comerciales, industriales, prestadores de servicios y empresas de espectáculos públicos, se fijará una cuota por kilogramo o por metro cúbico, en razón del pesodel volumen de los desechos”.
¿Cuándo hizo el ayuntamiento de Veracruz el pesaje o la medición de la basura de los establecimientos empresariales asentados en el municipio?.
Nunca.
Pero además no está establecida la tasa por kilo o por metro cúbico de basura, mucho menos la diferenciación por tipo de basura.
¿Dónde está el parámetro del cobro por kilogramo o metro cúbico de basura?, ¿dónde está la diferenciación del cobro por tipo de basura?.
El director de Comercio dice que los propietarios de los negocios que no generan tantos residuos podrán acudir a la Dirección de Ingresos para precisar la cantidad de desechos que generan y de acuerdo a ello determinar el monto a pagar.
Ahora resulta que el causante es quien debe justificar el cobro que le pretende hacer la autoridad municipal.
En cambio con los vendedores ambulantes son más displicentes, pues a estos se les cobran 50 pesos mensuales, sin importar la cantidad de basura que generen.
Y lo peor, es que la Cámara de Comercio de Veracruz para nada ha defendido a los empresarios, lo único que ha hecho el presidente de la misma, Edi Alberto Martínez Tejeda, son declaraciones tibias y hasta justificatorias del cobro arbitrario.
Por parte de los representantes de Morena en el municipio, tampoco ha habido una defensa hacia los afectados, aún cuando tienen todo para poderlo hacer.
Los diputados, si algo hicieron, fueron también declaraciones insustanciales, que en nada ayudaron a los afectados.
Vaya, ni siquiera pudieron, uno u otros, poner a un abogado a revisar la justificación legal del cobro, lo cual es muestra de su ineficacia para llevar el cargo o de su complacencia con la irregularidad.
¿Cuál de las dos será?, ¿o será combinación de ambas?.
Lo peor es que nadie la pone atención a lo que es un simple tiradero de basura, pues tanto la Secretaría de Medio Ambiente, como la Procuraduría de Medio Ambiente, de Veracruz, así lo han permitido, El tiradero de El Guayabo (porque nada más es eso, un tiradero de basura) para nada cumple con las disposiciones que la Norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003 marca para la operación de una instalación de este tipo.
Y el ayuntamiento de Veracruz tampoco se ha preocupado por condicionar el contrato a que lo hagan, a que operen como debería de ser.
Y el ayuntamiento de Medellín, en cuya demarcación está el basurero, también hay complacencia hacia el mismo. Marco Isleño la tuvo desde la vez anterior que fue alcalde.
Ya sabe como operar con los dueños del tiradero.
Tal vez, en todo esto, tenga algo que ver que el permiso que le dieron a la empresa Procesadora de Residuos Veracruzanos S.A. de C.V. (Prever), propiedad de los hermanos Julio, Juan Carlos y Alejandro, Marquinez Fernandez, se emitió en la época de Javier Duarte de Ochoa.
En el 2016, la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales, dependiente de la Fiscalía General del Estado, inició una denuncia por presunto daño ambiental.
Incluso en 2017 la entonces diputada panista Mariana Dunyaska García Rojas, presentó un anteproyecto para exhortar a diversas autoridades a investigar y sancionar los daños ambientales ocasionados por el relleno sanitario de "El Guayabo".
Pero después de eso, nada pasó.
O tal vez sí, pero fue un acuerdo en lo obscurito, donde nadie -más allá de los interesados en el arreglo subrepticio- se enteró de ello.
Eso puede ser una explicación del porqué del actuar de la presidenta Patricia Lobeira, del porque en lugar de presionar a la empresa que maneja el tiradero o de buscar una alternativa menos cara y menos dañina al ambiente, prefirió imponerle cuotas arbitrarias a los establecimientos empresariales de ese municipio, para incrementar la recaudación.
O sea, decidió portarse como toda una mística con poder autoritario, sin importar la afectación a los terrenales. |
