Aun cuando, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Capítulo IV De los Ciudadanos Mexicanos en su articulado Artículo 35 señala cuales son los derechos de la ciudadanía, en ningún lado se contempla, el factor que implica el participar en las elecciones con el componente de ser beneficiario de programas sociales.
Así, aun cuando la Constitución señala, “Son derechos de la ciudadanía”:
- Votar en las elecciones populares;
- Poder ser votada en condiciones de paridad para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos y candidatas ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos, así como a los ciudadanos y las ciudadanas que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación;
- Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país.
La realidad es que el factor incidental de los programas de bienestar en los resultados electorales es la condición de hacer o no fuerte a determinado proyecto político.
Sería buen momento de ver, cuántos de nuestros representantes populares estarían dispuestos a impulsar una gran reforma política-electoral, que considere la renuncia voluntaria del beneficio al acceso al Programa del Bienestar para participar en la jornada comicial como ciudadano con plenos derechos políticos.
Y sí, sería interesante cuestionarnos, cuantos de los ciudadanos que en al menos las 6 entidades que el pasado 5 de junio votaron para renovar a sus gobernadores habrían votado como lo hicieron, si hubieran renunciado un año antes al acceso al beneficio de un Programa benefactor, para estar ahora sí en condiciones de votar en igualdad y equilibrio en favor de quienes sea los candidatos para el proceso electoral que se desarrolló.
Y es que simplemente piénselo, ¿usted cree que todos esos adultos mayores, o estudiantes, o presuntos emprendedores, o primeros trabajadores lo habrían hecho como lo hicieron si de por medio, no hubiera recurso público de por medio?
No lo sabremos a menos que lo implementemos, porque es una realidad, así como el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador promovió elevar los Programas de Bienestar a rango constitucional, para que no sean eliminados por ninguna otra administración, la realidad, es que el factor oferta vs beneficio que le brinda ser el Estado Protector, se termina reflejando operacionalmente en las campañas electorales.
Y sino, que le pregunten a las diputadas federales veracruzanas, Paola Tenorio Adame y Martha Rosa Morales quienes en plena campaña en Durango acudieron a una organización llamada Mujeres Emprendedoras, que tiene a su cargo a chicos del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” a amenazar a la beneficiaria para que votaran por Morena. https://www.reporteindigo.com/reporte/diputadas-de-morena-amenazan-con-quitar-apoyos-en-durango-por-no-apoyar-al-partido-audio/
En Veracruz al menos, un legislador tiene claro ya este posible ejercicio y lo tiene bien documentado, la iniciativa será propuesta por el también presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Marlon Ramírez Marín, quien afirma, si damos un paso hacia la eliminación de este tipo de vicios democráticos veremos un verdadero equilibrio de las fuerzas políticas.
Porque lo que hoy vemos como hegemonía de Morena, es simplemente producto del uso de una especie de alcaloide –traducido en esos Programas de Bienestar- que potencia su aparente poderío en las urnas.
Al tiempo.
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