En donde las cosas están tan candentes que salen chispas y fuego es en el Poder Judicial del Estado de Veracruz, y no precisamente por el tema de los jueces que encarcelaron a José Manuel del Río Virgen o a cualquier otro político encarcelado o ciudadano procesado por el delito de ultrajes a la autoridad, sino porque hay muchas cuentas que se resisten a bajar. 

Resulta que hace unos días, mientras todo era felicidad por los 500 años de la fundación de Coatzacoalcos, en un salón el gobernador Cuitláhuac García Jiménez sostenía una reunión con la magistrada presidenta Isabel Inés Romero Cruz y los integrantes del Consejo de la Judicatura. 

Ahí, paciente, el mandatario los escuchó sobre la realización de un proyecto para hacer una ciudad judicial en Zongolica, para lo cual movieron mar y tierra a fin de cambiar todo un proyecto ya aprobado para la construcción de una ciudad judicial en Naolinco. 

Aunque la intención pareciera ser buena y justificada, la realidad  es que iba a costar más dinero a los veracruzanos, y hay quienes afirman que detrás de esa maroma hay intereses oscuros y ni siquiera había un terreno para construir esa obra. 

Tal situación causó la incomodidad y el malestar del gobernador, y algunos de los presentes narran que, cuidando la autonomía del Poder Judicial, les pidió cortésmente reconsiderar el proyecto que le acababan de informar. 

Así, manifestando su respeto a la autonomía de poderes, comentó que sería bueno sostener una reunión la próxima semana para saber con precisión por qué razón fueron hasta la Ciudad de México a modificar un proyecto ya aprobado con fondos federales, por otro más costoso, en otro lugar y sin contar al menos con terreno propio. 

Sin embargo, más allá de lo anterior, lo que en verdad está pasando al interior del Poder Judicial es mucho más delicado, pues no todos quieren ajustarse el cinturón para sacar a ese Poder del hoyo financiero en que lo dejaron las anteriores administraciones. 

Allí, hay vacas sagradas que -ellos sí- ganan más que el gobernador, pues sus sueldos superan los 150 mil pesos mensuales y se dispersan bonos trimestrales de casi la misma cantidad. Esto es inaudito y no puede seguir en una administración austera. Y quienes realmente se oponen a que haya cambios y ajustes, resulta que son los propios Consejeros del Poder Judicial y la propia Magistrada Presidenta. 

Y es que cuanta propuesta para apretarse el cinturón se propone, propuesta que es negada por los Consejeros que pretenden seguir gozando la buena vida. 

Los Consejeros del Poder Judicial son Humberto Oliverio Hernández Reducindo, Antonio Sobrevilla Castillo, Claudia Marlene Galán Espinoza y Esteban Martínez Vázquez. 

Ellos, sin ser magistrados, ganan casi igual que los magistrados. 

Así que pronto habremos de ver en qué termina la novela en el Poder Judicial, pero se nos comenta que, como diría Zhenli Ye Gon, les van a aplicar la de “o coopelan, o cuello”. 

Las cosas, aseguran, van a cambiar en el Poder Judicial, sobre todo ahora que las trabas para aplicar la austeridad han sido exhibidas. 

Es cierto que a la Magistrada Presidenta se le dio una dispensa en el Congreso Local para que termine su periodo (ya solo le quedan unos meses), pero ella también debería aplicarse porque si no, no estaría justificando su dispensa. 

El mejor legado que puede dejar la Magistrada Presidenta Isabel Inés Romero Cruz, es dejar finanzas sanas y saneadas para enfrentar el 2023. ¿O no?

@AtticussLicona