Así, después de proporcionar sus documentos, firmas y demás requisitos solicitados, se le llamó para la firma de lo que sería el contrato oficial y entonces leyó que el descuento que le haría la SEV de su nómina se aplicaría de manera quincenal y no mensual como se le prometió. Haciendo cuentas, con dicho pago Abundio y su familia se quedarían prácticamente sin comer pues su pago mensual lo iba a cobrar la financiera.
Arrepentido y cierto del error, no pudo dar marcha atrás pues la financiera le dijo que el dinero estaba depositado y que de todos modos se le iba a descontar. Hoy el profesor hace cuentas, y lleva pagados mas de trescientos veinte mil pesos por un préstamo de apenas cien mil, lo peor es que aún le faltan dos años para terminar.
Recorrió instancias legales, sin respuesta, y sin la posibilidad de acudir a un tribunal que oyera su asunto por falta de recursos no solo para pagar a un abogado, sino para salir de su comunidad en busca de justicia.
Privados del acceso a la justicia, marginados, y sin poder salir de las garras de las financieras, así, al día de hoy viven miles de trabajadores en Veracruz, gracias a la falta de legislación al respecto, y a la indiferencia de quienes tienen en sus manos la solución, pero prefieren lucrar con esos descuentos.
Ello despierta nuevamente la indignación y enciende las alarmas sobre quién es el verdadero beneficiado de este crimen que se comete contra la clase trabajadora y peor aún con los adultos mayores. Pues otra de las dependencias consultadas por la periodista fue el Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz (IPE) quien recibe el 5% de los pagos que mensualmente se le descuentan a los jubilados y pensionados para hacerlos llegar a las financieras.
La actual titular del organismo Daniela Griego Ceballos responde que al año se recaudan 13 millones de pesos con motivo de esos descuentos, sin que nadie de cuenta exacta de cual es el destino de ese dinero, es decir tal ganancia es utilizada a discreción. Lo mismo que las financieras son elegidas a discreción, porque se sabe por vía de acceso a la información pública, que son unas cuantas las financieras seleccionadas para operar ese negocio.
Es decir, si opera la discrecionalidad, la falta de transparencia, la dispensa de cuentas y no hay respuestas claras respecto a qué acciones se toman en contra de esas financieras abusivas que tienen de rodillas a los pensionados, a nuestros adultos mayores, a quienes el Instituto tiene la obligación de proteger, y por qué no se ha puesto interés en atender el problema a pesar de los constantes gritos de auxilio de los derechohabientes que peregrinan en busca de ayuda, entonces podemos concluir que la corrupción sigue siendo la que manda en Veracruz a pesar de lo que digan.
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